Fuente: La Jornada de Zacatecas
Redacción
Rodolfo Huerta González
–Primera de dos partes–
Opacada por las noticias acerca del impacto que ocasionaba la influenza en gran parte del país, se llevó a cabo un juicio los días 28 y 29 de abril en contra del Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) promovido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Corte Interamericana, cuya sede permanente está en San José de Costa Rica, pero para este juicio sesionó en Santiago de Chile, tuvo el privilegio de ser el primer tribunal internacional en juzgar los casos de tres feminicidios que ocurrieron en Ciudad Juárez a finales de 2001, sucesos que lamentablemente acontecen en forma creciente no sólo en esa ciudad fronteriza, sino en un buen número de estados de la República.
En efecto, las madres de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos –cuyos cadáveres aparecieron en un campo algodonero en noviembre de 2001– levantaron una queja ante la CIDH (cuya sede permanente se encuentra en Washington DC, Estados Unidos) contra el Estado mexicano por no proveer las garantías para salvaguardar las vidas de sus respectivas hijas.
La CIDH determinó que había los suficientes elementos para juzgar a México, y en función de sus atribuciones legales, demandó ante la Coidh a nuestro país. El argumento principal fue que el Estado mexicano incumplió su obligación de garantizar el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos en perjuicio de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura Berenice.
Por tal motivo, demandó a México alegando que había incurrido en responsabilidad intencional por la presente falta de medidas de protección a las víctimas, debido a que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez han acontecido desde 1996, y que los gobiernos municipal, estatal y federal no han tomado las medidas adecuadas para asegurar y proteger la vida de miles de mujeres en esa ciudad.
Aunque en este caso se encontraron más cuerpos, la CIDH sólo aceptó la queja de las madres de las tres jóvenes mencionadas. Ese hecho viene a colación porque el que esto suscribe también demandó al Estado mexicano por la violación a los derechos de mi menor hija en un juicio familiar llevado a cabo en la ciudad de México.
Mi queja, que fue aceptada por la CIDH el 15 de junio de 2004, lleva ya cinco años en estudio por la Comisión. En mi caso argumenté que se violaron los derechos establecidos en la Convención sobre los derechos del niño, concretamente en el artículo 3 (en todas las instancias se atenderá el interés superior del niño) y en el artículo 12 (el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten y de ser debidamente tomada en cuenta).
Obviamente los asesinatos son más graves que la decisión de una juez que no respeta la opinión de una menor en un juicio, pero al tratarse de derechos, todos son iguales. Sin embargo, así como millones de mujeres mexicanas se hayan expuestas a la violencia cotidiana (acoso sexual en el trabajo y la casa, violaciones, discriminación, agresiones sicológicas y físicas), millones de niños mexicanos también ven violados sus derechos más esenciales.
¿Qué esperamos después de tantos años de solicitar que se haga justicia?, ¿se puede hacer justicia todavía? Los daños a nuestras hijas e hijos ya no pueden ser reparados de forma alguna. Sin embargo, las demandas ante los organismos internacionales de derechos humanos ponen en el banquillo de los acusados al Estado mexicano.
Este ha renunciado voluntariamente desde hace ya varios años a garantizar y respetar los derechos de la mayoría de los mexicanos, ya sea mujeres, niños, campesinos o trabajadores. Ya es hora de que ante la opinión internacional asuma las consecuencias de esta actitud tan pueril.
El pasado ya no puede ser modificado, pero estas denuncias tienen un sentido profundo para que en el presente y el futuro se cumpla lo que dice un conocido poema de Mario Benedetti: “te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país, la gente viva feliz”.
Por el enorme valor, tenacidad y esperanza mostrados durante estos largos años, a pesar del dolor sufrido, vaya un saludo solidario a todas las madres de las jóvenes asesinadas en todo el país, a los profesionales –abogados, peritos, trabajadoras sociales, defensores de derechos humanos– y ONGs que trabajan para erradicar tales sucesos tan vergonzosos para los mexicanos, y que además pugnan por hacer un México más justo para todos.
En la siguiente entrega veremos algunos de los argumentos esgrimidos en dicho juicio. (Continuará)
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