Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
La constructora e inmobiliaria FRAFER ha iniciado las gestiones para edificar 98 viviendas en la barranca de Tlapacoyan, una zona que no sólo está catalogada como Parque Urbano en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla, si no que es considerada una zona de riesgo por la Dirección de la Unidad Operativa Municipal de Protección Civil, entre otras cosas, porque la superficie es inestable por estar sobre barrancas que fueron rellenadas con desechos.
Coincidentemente, el área de 10 mil 51 metros cuadrados en la que FRAFER pretende construir su complejo habitacional es colindante al terreno en el que la Dirección de Patrimonio de la propia Comuna intenta edificar una clínica para rehabilitación de drogadictos, proyecto en el que también participa el Instituto Municipal de la Juventud, lo cual hace sospechar que esta obra, de ser aprobada, podría ser un pretexto para cambiar el uso del suelo en Tlapacoyan, a fin de que progrese la solicitud de cambio de uso de suelo tramitada por la inmobiliaria.
Una suspicacia más: uno de los representantes de FRAFER ante la administración que encabeza la priista Blanca Alcalá Ruiz es Miguel Ferrari López, hermano de Alejandro Ferrari, quien fue director de Ecología en la presidencia municipal que encabezó el panista Luis Eduardo del Sagrado Corazón de Jesús Paredes Moctezuma en el trienio 2002–2005.
El expediente del proyecto inmobiliario “GS residencial”, promovido por FRAFER, ya está siendo analizado por las comisiones de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de Ecología y Medio Ambiente del cabildo angelopolitano. También ha sido estudiado por la Agencia de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Puebla, la Unidad de Protección Civil de la Comuna y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno estatal, instancias todas que en su mayoría se oponen a la construcción del complejo habitacional.
“Sí se puede”
La Jornada de Oriente tiene en su poder copias simples del expediente y los documentos oficiales mediante los cuales FRAFER ha pugnado por edificar en el predio con domicilio oficial en la 117 Poniente 641 y que oficialmente pertenece a José Ángel Mario Dávila Torres, según el documento que lo acredita bajo el folio B No 61178, expedido por la Secretaría de Administración Urbana, Obras Públicas y Ecología, la Dirección de Administración Urbana, el Departamento de Gestión Territorial y la Tesorería Municipal.
El legajo incluye fotografías in situ, aéreas, mapas, croquis y hasta un “estudio urbano territorial” elaborado por el despacho Arquitectura y Urbanismo, a cargo del arquitecto Héctor Carrillo Martínez, el único favorable en todo el expediente para FRAFER y el cual, empero, corrobora los dictámenes de las diversas instancias de la Comuna acerca de los impactos negativos para el medio ambiente que acarrearía el residencial “GS”.
Dice el “estudio” en el apartado VIII.2 de sus conclusiones:
“La construcción del fraccionamiento GS será de gran importancia para (la) zona metropolitana de la ciudad de Puebla, ya que permitirá una opción más de calidad de vida, al proporcionar espacio para la construcción de viviendas, así como áreas de esparcimiento y recreación. En cuanto a costos/beneficios se refiere, los beneficios que se generen serán superiores a los costos ocasionados con motivo de la construcción del fraccionamiento; los primeros serán de orden social y económico contra costos de elementos naturales, principalmente suelo. Sin embargo, como ya se mencionó, estos costos serán mínimos debido a que el fraccionamiento se desarrollará sobre un área en proceso de urbanización” (sic).
Sigue: “durante las etapas del proyecto –preparación del sitio, construcción y operación– sólo en la primera se causan impactos a los recursos naturales, sin embargo éstos son mínimos, por lo tanto son más los beneficios que por este proyecto se generan que los daños, además los impactos pueden ser prevenidos, remediados o bien rehabilitados” (sic).
Razón de peso
Otro es el punto de vista de las autoridades y expertos en la preservación del medio ambiente. Por ejemplo, en el dictamen número 055/09 DARE rubricado el 2 de marzo del presente año por el director de la Unidad Operativa Municipal de Protección Civil, Alberto Vivas Arroyo, en respuesta a la solicitud hecha por Miguel Ángel Ferrari López y registrada en el folio 589/09, el funcionario deha claro que “el área restringida no es apta para ningún tipo de construcción”.
Más aún: en el oficio SGUOPDS/DGDUS/SP/DPT/4767/2009, el director de Gestión y Desarrollo Urbano Sustentable, José Rafael Herrera Vélez, el servidor público “no encuentra inconveniente en que la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Cabildo analice la petición de cambio de uso de suelo”, empero, advierte que el predio en cuestión “ se encuentra dentro del polígono denominado Tercera Zona de Densidad Selectiva” y resalta con tipografía negra que está clasificado como “Parque Urbano, en el que su tabla de compatibilidad derivada del programa no están permitidos los usos de suelo habitacional”
En los antecedentes, Herrera Vélez menciona que “de los predios notariados de este predio, así como de IVI del Cobre (uno de los complejo habitacionales colindantes con el terreno) se puede apreciar cómo de una superficie inicial de 49, 593 metros cuadrados, resultado de la fusión del lote 296, rodeado por barrancas y 297, también rodeado por barrancas del fraccionamiento de la ex Hacienda de Chapulco, se convirtieron en 85, 851.92 metros cuadrados, se podría suponer que la superficie se incrementó porque tomaron las barrancas existentes a los alrededores de ambos lotes iniciales” (sic).
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