martes, 8 de septiembre de 2009

Michoacán, en una de sus peores crisis de derechos humanos

En la lucha contra el narco se ha vulnerado la seguridad de la población: CEDH

Fuente: La Jornada de Michoacán


Las figuras jurídicas que implementa la PGR violan las garantías de los ciudadanos: Serrato

MELINA GIL

Michoacán se encuentra en una de sus peores crisis en cuanto a derechos humanos, y principalmente “el derecho a seguridad pública de la población, es el que está vulnerado”, subrayó el ombudsman estatal, Víctor Serrato Lozano en Tercer Foro en Defensa de las Garantías Individuales y los Derecho Humanos en el Contexto de Militarización del País.

Tan sólo –como ha dado seguimiento este diario-en lo que va del año, se han registrado en Michoacán más de 400 quejas contra fuerzas federales, relacionadas con la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada.

Serrato Lozano destacó que particularmente las figuras jurídicas que acompañan la lucha contra el narcotráfico son las quebrantan las garantías de la población de la entidad y el país.

“En su urgencia por demostrar resultados, según los propios datos públicos de la Procuraduría General de la República, se gastan por lo menos 20 mil pesos mensuales en cada herramienta de ‘testigo protegido’, además de la erogación, lo preocupante es que se está impartiendo justicia con base en rumores”, destacó Serrato Lozano.

En el evento, más de 20 organizaciones civiles del estado y académicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) repudiaron la militarización del territorio nacional y en particular de Michoacán.

Sobre estas figuras que se han integrado a la Ley de Seguridad Pública -la intervención telefónica, la denuncia anónima y los testigos protegidos- destacó que son herramientas importadas del extranjero, pero la adopción en México ha sido desatinada. Ejemplificó cómo en el caso del michoacanazo precisamente “un testigo protegido es quien tiene metida a la mitad de la población del penal de Nayarit”.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), señaló que actualmente se registran más de 80 mil procesados resultados de la estrategia federal de seguridad, “sin embargo, son inculpados que están a discusión”.

Respecto a la incursión del Ejército en la estrategia federal, el ombudsman destacó que su participación se ha equiparado a “una visa para atropellar los derechos humanos. Esto es por el fuero militar. Es una figura anacrónica y retirarla para juzgar actos contra civiles, reduciría la opacidad en la impartición de justicia militar”.

En ese sentido, durante su participación el ex académico del IPN, Luis Miranda, afirmó que dadas las funciones y la actuación del Ejército, las fuerzas militares se han desvinculado de su esencia.

“El Ejército tuvo su origen en la chusma que siguió el movimiento de Independencia. Fue columna en la formación de la República y se identificó ante el pueblo con los valores de honor y disciplina, que hoy son tirados a la basura por quienes han traicionado a la Patria de Hidalgo, Morelos y Juárez”, refirió.

Como antecedentes de la tergiversación de las fuerzas militares, el académico citó el 2 de octubre de 1968 y ahora en la administración calderonista, se pretende resolver la debilidad de su figura con la anuencia castrense.

En la misma visión, Eduardo Medina, de la Unión de Juristas y Martín Rodríguez, de la UNAM, afirmaron que la intervención cotidiana militar es preventiva a una crisis sistémica, previsible debido a las condiciones de desigualdad.. Incluso, esta previsión llevó a que la asignación que se le dio globalmente a la seguridad en el Presupuesto de Egresos de 2009, sea equivalente a la otorgada para el rubro de educación.

“Anteriormente el aparato priísta era capaz de contener el descontento social con las instituciones que contaba. Pero actualmente los niveles de descontento no alcanzan la cohesión social que antes nos imponían”, destacó Martín Rodríguez.

Interés extranjero

Dentro de la salida del Ejército de sus cuarteles, el académico de la UNAM destacó que también existe el interés norteamericano por la estabilidad social, particularmente en Michoacán por el movimiento comercial que genera el Puerto de Lázaro Cárdenas.

“Hace 4 años, estalló la huelga más grande de estibadores de la costa oeste de Norteamérica, y fue cuando las mercancías comenzaron a entrar por Manzanillo y Lázaro. Así que tienen que garantizar estas alternativas, previendo otra huelga, que generaría pérdidas millonarias”, explicó Martín Rodríguez como complemento al interés de la militarización.

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