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La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, por 365 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones la Ley de Salarios Máximos. Esta reforma constitucional pone fin a los excesos salariales de servidores públicos de alto nivel, quienes no podrán ganar más que el Presidente de la República.
José Gildardo Guerrero, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara baja, explicó que con dicha reforma para efectos de este 2009 el sueldo máximo será de 162 mil pesos sin considerar todo lo que trae anexo.
“En esta reforma constitucional hay que considerar como salario todos sus sinónimos, compensaciones, dietas, porque lo que queremos evitar es cualquier acto simulado y que nadie le llame a otro nombre a otra percepción que pueda recibir extra, es decir, el tope es el del Presidente de la República y de ahí para abajo”, expuso el legislador panista en entrevista con Ricardo Rocha.
Asimismo, comentó que la ley se aplicará a todas las instancias no solamente en federales, ya que por dicha razón se modificó el Artículo 115 Constitucional que obliga a todos los municipios a poner un tabulador ante las instancias que lo aprueban, generalmente los Congresos de los estados.
“La norma la aplicamos para todos, nada más hay que recordar que es una garantía constitucional de todos los mexicanos que retroactivamente en perjuicio de cualquier ciudadano no aplica en ningún ordenamiento… todos los puestos públicos son renovables y el nuevo que entre deberá de ajustarse a esta nueva disposición”.
Aseguró que hasta el momento no hay ninguna estimación del ahorro con esta ley puesto que instancias estatales y municipales tienen sus propios salarios y hay una discrecionalidad.
“En el PAN seguiremos insistiendo con que falta crear los comités ciudadanos donde miembros de la sociedad civil estén integrando el comité y estos tabuladores no únicamente sean puestos por el Legislativo porque se va a politizar… hay que entrar a ese debate pero esperemos no nos perdamos en ese debate eterno”, subrayó.
Cabe mencionar que quienes conservarán su remuneración ordinaria hasta el final de su gestión, pero no en bonos, compensaciones y sobresueldos que excedan el ingreso presidencial, son los ministros y magistrados del Poder Judicial que actualmente se encuentren en funciones, además de los integrantes del Consejo General del IFE.
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