Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
ARTURO ALFARO GALÁN
Los habitantes de la comunidad de Tochmatzintla, perteneciente al municipio de Huatlatlauca, denunciaron que la Secretaría de Gobernación (Segob) incumplió con los acuerdos pactados el pasado jueves 26 de marzo, por medio de los cuales la gente de esa comunidad accedió a liberar a tres agentes de la Policía Judicial que estuvieron retenidos por 18 horas luego de que irrumpieron violentamente en el jaripeo que la comunidad realiza cada año con motivo de la fiesta patronal.
Ayer una comisión de los lugareños exigió una audiencia con la Segob con el fin de exigir el pago de 4 millones 500 mil pesos como concepto de las pérdidas que tuvo la comunidad luego de que los agentes de la PJ alteraron el orden durante la fiesta anual del pueblo. Los inconformes no fueron recibidos por el subsecretario de asuntos políticos de la Segob, Joé Hernández Corona, quien en su lugar encomendó la diligencia a un funcionario de menor rango.
Durante la reunión –que duró aproximadamente 20 minutos –el representante de la Segob, según los habitantes de Tochmatzintla, les dijo que “el gobierno estatal no pagará ni un solo peso a los agredidos”, porque el convenio de liberación de los policías judiciales no tiene efecto legal alguno, pese a que los agentes provocaron lesiones a tres personas de la comunidad.
Y es que el pasado jueves 26 de marzo, el agente del Ministerio Público Federal, Jacinto Molina Vélez; Felipe Morales Escamilla, director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la zona foránea sur de la Procuraduría General de Justicia; y Francisco Javier Papaqui Rodríguez, delegado de la Secretaría de Gobernación en la región de Tepexi de Rodríguez, se comprometieron a investigar a los policías detenidos a fin de fincar responsabilidades por el uso “incorrecto” de las armas de fuego y su “pésimo” actuar en la ejecución de una orden de aprehensión.
Además en ese acuerdo –sostienen los pobladores– los funcionarios se comprometieron a reembolsar 4 millones 500 mil pesos por los gastos que realizaron los campesinos durante la celebración la fiesta patronal, que fue suspendida después que los habitantes detuvieron a los policías judiciales y municipales que encabezaron un disturbio en la comunidad durante el jaripeo nocturno.
En su turno, el representante de los pobladores de Tochmatzintla, Roberto González, indicó que elementos de la Policía Judicial y Municipal comenzaron con una “campaña de intimidación y amenazas” en contra de las personas que estuvieron presentes en la detención de los agentes de la PJ el pasado 26 de marzo.
Incluso señaló que él personalmente ha dado recomendaciones para que deje de asesorar a los lugareños en los trámites: “No voy a dejar de defender a estas personas que están desprotegidas. Lo único que vemos es cómo el gobierno estatal incumple con los acuerdos que prometió”, acotó.
Por ello, los habitantes del municipio de Huatlatlauca promovieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) contra la Secretaría de Gobernación; el director de la PJ, Hugo Issac Arzola Muñoz, por considerar que se violaron sus garantías individuales durante los hechos que se registraron en esa comunidad el pasado jueves 26 de marzo.
Además, el documento se extendió contra el edil Baldomero Sanguino Herrera; los policías judiciales José Ángel Contreras Domínguez, José Carmen Rodríguez Corte y Antonio Torres Teutle, y los policías municipales de Huatlatlauca Martín Zacamixtl Coyactl, Salomón Zoancatl Herrera, Virginia Tecuantzin Báez, Leovigildo Báez Hernández e Isidro Cuautle Cuautle.
De acuerdo con los quejosos, los elementos de la PJ, incluido el director Arzola Muñoz, amenazaron, hostigaron y profirieron insultos en contra de sus personas, por lo que esperan que la CDH intervenga y se pronuncie con apego a derecho, pues sus garantías individuales fueron violentadas.
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