Hambre inducida

Fuente: La Jornada de Zacatecas

Redacción

Carlos A. Miguélez Monroy *

Cuando los grandes productores agrícolas de la Nueva España anticipaban una mala cosecha cerraban bajo llave sus almacenes para inducir a la escasez y así disparar los precios. Mientras se enriquecían, la población gastaba casi el total de sus ingresos en alimentos y medicinas por enfermedades relacionadas con el hambre. Como se frenaba el consumo de bienes manufacturados, los fabricantes y comerciantes despedían a sus trabajadores para sortear la crisis.

Han pasado casi 250 años, pero la especulación alimentaria sigue vigente. El hambre se ha globalizado no por falta de medios, sino de voluntad política. Así lo denuncian el director general de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y varios jefes de Gobierno, además de organizaciones de la sociedad civil (OSC).

El aumento de los precios de los alimentos el último año ha provocado el incremento del hambre en el mundo, que casi mil millones de personas padecen. En España la campaña Derecho a la alimentación, urgente, afirma que no se puede desvincular la crisis alimentaria de la coyuntura económica de crisis, de los desastres del clima y de la crisis energética causada por la actividad del hombre.

Todas tienen su origen en el actual modelo de desarrollo, fundamentado en el crecimiento económico salvaje y en la “liberalización” de la economía, en particular en los mercados y la agricultura que no tienen como prioridad el derecho de las personas y los pueblos a la alimentación, sino el comercio.

El hambre en el mundo no es provocada por falta de alimentos, sino por la supremacía que tienen los intereses comerciales de la economía neoliberal y proteccionista de los países del primer mundo sobre uno de los derechos más elementales del ser humano.

La imposible competencia

Se repiten frases como: “para que haya ricos tiene que haber pobres”, “es ley de la naturaleza”, “la ley del más fuerte”, entre otras; pero los hechos demuestran que el hambre no es un mal inevitable del destino ni un mal menor.

Se trata de enfocar la alimentación como un derecho humano y no sólo desde el también necesario aumento y mejora de la producción agrícola. Una mayor producción de arroz, maíz y trigo no garantiza por sí sola que los países empobrecidos del planeta puedan pagar los precios que dictan “las reglas del mercado” para esos alimentos de subsistencia que necesita su población.

En varios casos esos países abandonaron el campo para adaptarse a los ajustes estructurales dictados por el Banco Mundial para subsanar deudas externas. En los años 60 y 70 Estados Unidos y algunos países europeos dieron subsidios masivos a sus agricultores, lo que llenó el mercado de alimentos baratos que hundieron la agricultura de los países empobrecidos.

Más de treinta años después, los excedentes de producción agrícola aún se vuelcan en los países del Sur, ahogados por la deuda y la falta de alimentos que ya no pueden pagar. Las ayudas al desarrollo para fomentar la productividad del campo en los países del Sur tienen corto alcance.

Aunque pudieran volver a sus economías de subsistencia, tendrían pocas posibilidades de exportar sus productos por el proteccionismo y la imposibilidad de competir con productos subvencionados del primer mundo. Si la población asciende a 9 mil millones, para 2050 la producción de alimentos se tendrá que duplicar, como sostiene el director general de la FAO.

Por tanto, el enfoque de Jeffrey Sachs para la erradicación del hambre muestra una visión de conjunto al incorporar la salud y la educación en los programas de ayuda para evitar que se alcance esa población y el planteamiento de que “cuantos más hijos, mejor”. Por eso se habla de cooperación para un desarrollo endógeno –que nazca de los propios pueblos– sostenible, global y equilibrado.

El apoyo en materia agrícola, acompañado de programas de salud, de maternidad responsable y educación, aportaría ese equilibrio, sin olvidar que no se puede dar en caridad lo que se debe en justicia. Por dicha razón, las organizaciones internacionales deben denunciar los subsidios y dialogar para un sistema comercial más justo y humano.