Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
MÓNICA CAMACHO
El rechazo en contra de la “reforma antiaborto” que se aprobó en Puebla llegó a instancias internacionales. Las integrantes de la Red de Feministas de Latinoamérica y el Caribe se sumaron a la condena que realizó la organización Human Rights Watch contra esa modificación constitucional que protege la vida “desde la concepción”, al considerarla un retroceso para los derechos de las mujeres.
A la par, diputados pertenecientes de 11 Congresos estatales firmaron una declaratoria en Oaxaca durante el fin de semana pasado para poder defender el Estado laico y de esta manera denunciar la injerencia de los representantes de la iglesia católica en los asuntos legislativos.
Estos pronunciamientos forman parte de la estrategia que siguen los legisladores locales y federales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Socialdemócrata (PSD), Nueva Alianza (Panal) y Convergencia para revertir la reforma, la cual ya se aprobó en los Congresos de Puebla, Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Morelos.
La diputada local del PRI Rocío García Olmedo informó que el siguiente movimiento consistirá en exponer el caso ante la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) de Naciones Unidas, que se realizará del 30 de marzo al 3 de abril en Nueva York.
“Tenemos que echar abajo la reforma, y para eso será necesario el apoyo internacional”, afirmó la legisladora.
En Puebla, la reforma que criminaliza la interrupción legal del embarazo se votó a favor el 12 de marzo pasado con el apoyo de los legisladores del PRI y del PAN, pese a las protestas realizadas por integrantes de asociaciones civiles y de organizaciones no gubernamentales.
El viernes anterior activistas de diversos países se pronunciaron en contra de esa modificación constitucional durante el XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se realizó en la ciudad de México, debido a que altera la salud reproductiva de las mujeres.
Tal postura es compartida por la organización no gubernamental con sede en Nueva York Human Rights Watch, la cual advirtió la semana pasada que la reforma violenta los tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano.
Legisladores de Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Veracruz continuaron con las condenas el sábado pasado durante la V Reunión Nacional de Comisiones Especiales para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Democrática, donde concluyeron que es inadmisible permitir motivos doctrinales en la tarea legislativa.
“En México, como Estado laico y democrático, el papel de las instituciones religiosas debe ceñirse al respeto irrestricto a la leyes civiles que nos gobiernan, ya que ninguna ley natural puede estar por encima de las leyes civiles”, señalaron en la declaratoria.
En el caso de los gobernantes, los diputados coincidieron en que deben regirse a través del pensamiento juarista, el cual promueve la neutralidad religiosa, “renunciando en todo momento a cualquier intento de legitimizar sus decisiones políticas con base en principios religiosos”.
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