En sólo una semana aumentaron acoso y desapariciones
Fuente: La Jornada de Guerrero
CITLAL GILES SANCHEZ
La Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos exigió terminar con el hostigamiento y amenazas contra luchadores sociales, y en un comunicado condenó las amenazas al abogado de Monitor Civil, romel Chacan Pale, y demandó entablar los procesos judiciales para fincar responsabilidades por los asesinatos de los dirigentes na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
A su vez, el dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, Luis Olivares Enríquez, señaló que las agresiones, amenazas y hostigamientos hacia defensores de derechos humanos y organizaciones sociales son para causar terror en la población y van encaminadas a desarticular los movimientos sociales.
En menos de una semana se denunciaron hostigamientos y amenazas de muerte contra el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, el activista de Monitor Civil, Romel Chacan e incluso la desaparición de uno de los dirigentes de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, Espiridión Lemus, junto con uno de sus hijos.
Ante esto, Olivares Enríquez comentó que en los últimos años diversos movimientos sociales y organizaciones de defensores de derechos humanos han tomado mayor fuerza debido a las constantes denuncias que han hecho por agresiones de las autoridades o para exigir sus garantías, lo que ha causado que los gobiernos actúen contra los pueblos, “tratan de sembrar el terror, de intimidar a quienes están denunciando este tipo de cosas” a fin de que poco a poco se desarticulen o de disuelvan las agrupaciones.
En tanto, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos destacó que las amenazas recientes se suman a la larga lista de medidas de represión contra defensores, respaldadas por una política de estado que criminaliza las protestas sociales, y coincidieron en que la finalidad es la desarticulación de las organizaciones.
“La saña y violencia con que elementos del estado operan, evidencian la vulnerable situación en que las defensoras y los defensores de derechos humanos se ven obligados a realizar su labor”, dice el comunicado. A pesar de que organismos internacionales han ordenado medidas cautelares, “los tres niveles de gobierno continúan haciendo caso omiso, y por el contrario, se convierten en cómplices de estas ominosas prácticas”.
Por ello, exigieron el cese de todo hostigamiento, amenazas y violencia contra defensores de derechos, y que los gobiernos acaten las recomendaciones de la Corte Interamericana y garanticen su trabajo.
Además de que se abra el proceso jurídico para fincar responsabilidades y juzgar a los responsables de la ejecución de Lucas y Ponce así como al resto de los defensores asesinados.
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