Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
El Comité Ejecutivo Nacional del SNTE pidió al gobierno estatal la intervención de la fuerza pública para recuperar las instalaciones de las secciones 23 y 51 que estaban en poder del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), reveló ayer por la noche el delegado para Puebla de dicho órgano colegiado, Julio Peralta Esteban.
En una rueda de prensa efectuada la noche del miércoles en un lujoso hotel del Centro Histórico de la Angelópolis, Peralta Esteban también dijo que el magisterio oficial analiza la viabilidad de interponer una querella por la incineración de propaganda del Partido Nueva Alianza –una extensión electoral de la organización gremial– en los disturbios acontecidos al mediodía en el primer cuadro de la capital estatal.
El emisario del máximo órgano de gobierno en el SNTE estuvo flanqueado por los secretarios generales de las secciones 23 y 51, Eric Lara Martínez y Cirilo Salas Hernández, respectivamente. Todos aseguraron que la propaganda quemada ayer por los disidentes fue “sembrada” para dañar la imagen del sindicato.
Aunque Lara y Salas hicieron las primeras declaraciones en el encuentro con los medios, la voz cantante para responder los cuestionamientos más agudos de los periodistas la llevó el delegado, quien recalcó en al menos cuatro ocasiones la solicitud a los medios para que, ante sus públicos, no identificaran a los 70 mil militantes del SNTE Puebla “dedicados a trabajar y a atender los asuntos de la educación” con un “grupo minoritario” abocado a la violencia.
De hecho, sugirió que de no haberse resuelto el conflicto magisterial, éste se hubiera desarrollado hasta convertirse en una réplica del problema que se vive en Oaxaca, donde maestros de la sección 22 del SNTE, aliados a la APPO, se han confrontado con el gobierno de Ulises Ruiz.
Peralta Esteban consideró que el CDMP rebasó los límites de la paciencia, la tolerancia y lo permisible, por lo que exigió que los integrantes de esa organización que están detenidos sean sometidos al rigor de la ley por las autoridades competentes.
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