México D.F., 24 de septiembre de 2009 (Cencos).- "Ver a la salud, la vivienda, la educación, la comida y al medio ambiente como simples mercancías y no como derechos está generando una gran exclusión en este país". dijo Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." (CDHFV), durante la Mesa de análisis sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en un contexto de crisis económica y política mundial.
En este evento, en el cual también se presentaron el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y ambientales en México, 2007-2008 y otro informe con la misma temática pero en el Distrito Federal, los participantes coincidieron en que "es necesario que las políticas públicas tengas un enfoque de derechos humanos".
En el informe de los DESCA a nivel nacional elaborado por el CDHFV, que se realiza desde 2003 y es el único en su tipo en México, "se identifican, mediante la sistematización e investigación, avances y retrocesos en seis derechos humanos en materia social: derecho a la alimentación, a la salud, vivienda, medio ambiente sano (que incluye al derecho al agua), educación y derechos laborales". Este informe contiene la definición de cada derecho, su marco legal a nivel internacional y nacional, las problemáticas principales relacionadas con cada uno de estos, una revisión de las políticas públicas gubernamentales para hacerlos cumplir y finalmente una valoración de las fallas o aciertos en garantizar este conjunto de derechos humanos que reflejan el bienestar o nivel de vida de una sociedad.
Sobre "el derecho a la salud, este es constantemente violentado. Por ejemplo con las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Ley del ISSSTE) que ponen en riesgo el pleno goce de este derecho al librar de responsabilidad al Estado y abriendo el sistema de salud a la participación privada", dijo Catherine Marielle del Grupo de Estudios Ambientales (GEA).
Esto último se refleja en el artículo 31 de la Ley del ISSSTE donde indica que "los servicios médicos que tiene encomendados el Instituto [...] los prestará directamente o por medio de convenios que celebre con quienes presten dichos servicios -- y agrega --. Los convenios se celebrarán preferentemente con instituciones públicas del sector salud", donde en la última parte la palabra "preferente" da paso abierto a la privatización como detalló Catherine.
Además, México tiene una taza de protección social más baja que en Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, en Latinoamérica. Sólo un poco más del 3% de la población tiene acceso a la seguridad social en nuestro país y "esto empeorará con la Ley del ISSSTE".
Los derechos laborales son otros que han sido violentados y cuyo cumplimiento ha quedado lejos de concretarse. Programas sociales como los de Primer Empleo, impulsado por el gobierno Federal, "subsidian a los empleadores o empresas para que no paguen las cuotas obrero-patronales de seguridad social de los trabajadores de nuevo ingreso y sólo los comprometen a emplear trabajadores durante 12 meses tras lo cual muchos de ellos regresan a las filas del desempleo. Es una medida clientelista y con la cual las obligaciones de los patrones se flexibilizan", según explicó Alfonso García Castillo, miembro del equipo jurídico del Centro Vitoria.
En otras ramas laborales las condiciones también se encarecen. Sucesos trágicos como "la explosión de Pasta de Conchos [ocurrida el 19 de febrero de 2006 en San Juan de Sabinas Cohahuila, y donde murieron 65 mineros] no han servido para mejorar las condiciones de seguridad de las minas" recordó el Director del CDHFV, además de que "los conflictos sindicales han aumentado en este sexenio, reflejo de la violación constante de sus derechos".
En cuanto el derecho a la vivienda se destaca el Informe que "aunque hay una gran oferta inmobiliaria esta no es accesible al grueso de la población, los créditos son incosteables y además hay por lo menos 15 millones de mexicanos y mexicanas que no alcanzan ingresos suficientes como para poder tener una vivienda."
En educación los índices reflejan aún más carencias. Los niños y niñas mexicanas no tienen una educación de claridad cuando "la educación es un importante medio para lograr el desarrollo no sólo económico sino social y político del país", según concluye sobre este punto el Informe. Además Concha Malo comentó que los alumnos "realizan actividades mecánicas y repetitivas y en el mejor de los casos de memorización; los estudiantes no tienen la habilidad para sintetizar y evaluar la información" y ejemplificó que, según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación "63% de los estudiantes de sexto de primaria y 56% de los que cursan el último año de la secundaria no saben realizar tareas sencillas como copiar una palabra o un párrafo completo sin cometer algún error ortográfico".
En términos generales no hay una aplicación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como tal por qué aunque México firmó y ratificó el Protocolo Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas desde el 23 de junio de 1981 y el Protocolo de San Salvador, que es su equivalente en el sistema interamericano de derechos humanos, el 16 de noviembre de 1999, estos instrumentos internacionales no hay sido armonizados con las leyes en México. Derechos como el de un medio ambiente sano, derecho humano al agua o el derecho a la alimentación no están contemplados en la Constitución y sólo se garantiza el acceso de los mexicanos y mexicanas a estas condiciones básicas de vida de manera relativa y sin conceptualizarseles como derechos humanos.
Centro Nacional de Comunicación Social
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