Fuente: La Jornada de Oriente (Tlaxcala)
TERE RAMÍREZ OJEDA
Directivos de los medios de comunicación impresos y electrónicos exigieron a los diputados locales reformar con “prontitud” la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, al tiempo que coincidieron que Tlaxcala ocupa los últimos lugares en transparencia en el ámbito nacional porque no existe voluntad política de los entes obligados para cumplir con la normatividad.
En el marco de la Segunda Semana Estatal de Transparencia y Acceso a la Información 2009, representantes de El Sol de Tlaxcala,Síntesis, FM Centro, Radio Universidad y Coracyt Noticias participaron en la mesa de análisis ¿Cómo se vive el Periodismo actualmente en materia de transparencia y libertad de expresión?
Los participantes externaron que el Congreso local ha aplazado los cambios en la ley, lo que ha propiciado que en la entidad no se ponga en marcha el sistema Infomex, a pesar de que el gobierno estatal firmó un acuerdo en febrero de 2008 con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y con la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Caiptlax).
En su tarea como moderador, el subdirector de La Jornada de Oriente–Tlaxcala, Raúl Jiménez Guillén precisó que los exponentes concordaron en los avances y retrocesos de la ley de transparencia, la contradicción permanente de los diputados y entes obligados a cumplir con esa normatividad y la exigencia de realizar un periodismo de investigación, que se ve mermado por la falta de recursos económicos de las empresas.
En su intervención, el jefe de información de El Sol de Tlaxcala, Sergio Enrique Díaz Díaz lamentó que temas básicos de transparencia se sigan debatiendo cuando los legisladores locales debieron haber hecho cambios a la ley, entre ellos eliminar la solicitud de acreditación en las peticiones de información pública.
Aseveró que el derecho a la información es de todos los ciudadanos y no sólo de los periodistas o medios de comunicación, por ello sostuvo que las resoluciones de la Caiptlax deben tener el carácter de definitivo, a efecto de que los organismos públicos obligados no tengan la oportunidad de inconformarse y con ello se reduzca su impunidad.
Por su lado, la titular de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala (Coracyt), Elia Sánchez González consideró que no se ha avanzado en materia de transparencia en la entidad porque se empezó tarde –en 2005– y porque existen “viejas inercias que da el poder mismo”.
En el caso de libertad de expresión, aseguró que se han tenido más adelantos, ya que se hacen públicos temas de corrupción de la iglesia, del Ejército y del presidente del país; empero, “existe una censura sutil, ahora los intocables son los delincuentes y los narcotraficantes”.
El jefe de información de FM Centro de Apizaco, Fabián Robles Medrano reiteró que los diputados locales han hecho caso omiso en reformar la ley, aunado a que existe “falta de voluntad política” por temor de las autoridades de dar a conocer lo que tiene carácter público.
Ahondó que es necesario que los periodistas conozcan la ley y que bombardeen de solicitudes a los 137 entes obligados en la entidad tlaxcalteca.
El director de Radio Universidad, Víctor Tamayo alegó que se ha avanzado en el tema y que es la delincuencia organizada la que actualmente intenta “censurar y coartar el derecho de información en la mayor parte de la República mexicana”.
Citó datos de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (AMEP) que revelan que 50 trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados en los últimos años y se han cometido 718 violaciones a los derechos humanos de los comunicadores. Agregó que no sólo los entes obligados deben rendir cuentas, sino también los medios de información públicos.
En tanto, el director del periódico Síntesis, Alberto Méndez Aguilar coincidió que falta voluntad política de los poderes establecidos para cumplir la ley. Opinó que uno de los problemas que enfrentan los medios para deslindarse de los grupos del poder es dejar de depender económicamente de la publicidad que les compra el gobierno.
“El talón de Aquiles de las empresas de provincia es la dependencia económica con el poder, otro problema es la concentración de los medios en pocas manos”.
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