Denuncia Bruno Plácido golpiza de la PF por la toma de la CDI en el DF

Exigirá el retiro de órdenes de aprehensión por la protesta

Fuente: La Jornada de Guerrero

MARLEN CASTRO (
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CHILPANCINGO, 1° DE JULIO. Bruno Plácido Valerio, fundador de la policía comunitaria, conocida como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), denunció que el pasado jueves que fue detenido por la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) de la ciudad de México, fue torturado por la Policía Federal (PF).

Dijo que en la ciudad de México fue detenido por terrorismo, daños a propiedad pública y obstrucción a las vías federales de comunicación.

El jueves 25 de junio, a pesar de que había unos 300 integrantes de la Convención Estatal Indígena (CEI) y de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas de Guerrero (CPIG) participando en la toma de las instalaciones de la CDI, los policías federales sólo detuvieron a Plácido Valerio.

Consultado en el zócalo capitalino, donde se reunió con los integrantes de la Convención Estatal Indígena para afinar acuerdos que como organización plantearán la próxima semana en la reunión con la CDI y la Secretaría de Gobernación, Plácido dijo que desconocía las razones para que lo detuvieran sólo a él.

El indígena na savi señaló que durante aproximadamente dos horas fue golpeado en la cabeza y en los riñones por los agentes, quienes les reprochaban por qué habían trasladado el movimiento a la capital si era un asunto que debía resolverse en el estado del que procedían.

Luego de su liberación, hasta la tarde del día siguiente, Plácido se fue a su comunidad para reponerse de los golpes y este día bajó para encontrarse con los integrantes de la CEI y acordar qué van a plantear en la reunión que tendrá lugar la próxima semana donde se supone van a acordar los términos de la consulta para elegir al nuevo delegado de la CDI en la entidad.

Indicó que van a solicitar a la CDI y la Secretaría de Gobernación que se retiren todas las órdenes de aprehensión que pudiera haber contra quienes participaron en la toma de las instalaciones, aparte de determinar las cuestiones logísticas de la consulta.