El reparo de daños y la compra de una ambulancia, entre los acuerdos logrados
Fuente: La Jornada de Michoacán
MARTIN EQUIHUA (Corresponsal)
La Policía Federal Preventiva (PFP) tuvo que pedir disculpas públicas por escrito a la comunidad de An-gahuan, aceptar el pago de una ambulancia como multa por el daño causado, dejar en garantía una de sus unidades en tanto no se cubra la multa y firmar tres documentos con el acuerdo de solicitar permiso a las autoridades comunales cada vez que requiera entrar, debido a la violenta irrupción que algunos de sus elementos hicieran en días pasados.
En dicho documento, la PFP se comprometió a “siempre solicitar el permiso a las autoridades locales”, amén del reconocimiento constitucional de su autonomía.
“El problema es que no avisan y no es la primera vez –señaló el representante comunal, en los primeros minutos de ayer–. No queremos que ningún policía, ni federal, ni estatal, ni municipal, ingrese cuando quiera y no respete a la comunidad… tenemos el derecho de que nos informen… aquí los esperamos con los brazos abiertos, pero que avisen”.
Ese fue el resultado después de varias horas de negociación, luego de que la tarde del miércoles al menos 10 elementos fueran retenidos en la Jefatura de Tenencia, porque la gente, al verlos de negro y disparando, no sabía si eran de gobierno o de algún otro grupo criminal.
Y es que, desde hace algún tiempo, los pobladores se dicen nerviosos por causa de añejos problemas de tierras que sostienen con San Juan Nuevo
“Que no se olvide que a una comunidad se le tiene que respetar, no somos animales los que vivimos aquí, por eso la gente se levantó con palos y piedras”, dice David Benítez Amado, el representante de los comuneros.
En ese sentido, la asamblea extraordinaria exigió a la PFP el pago de una multa por la osadía de olvidar la prudencia, sobre todo en escenarios de viejos conflictos. La sanción fijada consta de la donación de una ambulancia para el beneficio de la comunidad.
En prenda quedó una de dos patrullas que igualmente fueron retenidas, en tanto esa multa sea pagada. La negociación se intensificó a partir de las 20 horas. El coronel José Juan Gómez Silva, iba al frente del operativo de cientos de elementos, junto al director de seguridad pública municipal, Alfredo Medina Olivos.
En la gasolinera comunitaria, ubicada a la entrada del pueblo, advertían a los líderes comunales que si no liberaban a los cautivos, entrarían por la fuerza.
“Pues la gente no se va a quedar quieta”, respondieron los representantes de la comunidad. Tuvieron que regresar una y otra vez a la plaza donde sesionaba la asamblea extraordinaria, hasta que se perfiló la petición central del colectivo: que pidan disculpas.
En ese momento todo lo demás era secundario: la liberación, la ambulancia, el añejo problema agrario. Importaba la disculpa expresa, que limpiara la humillación.
Los involucrados firmaron tres escritos. Por un lado, para futuras incursiones, el inspector de PFP, Manuel Antonio García del Río: “se compromete a solicitar siempre el permiso con las autoridades locales; esto por la falla que se cometió hoy al usar las armas contra la comunidad”.
Un segundo con la disculpa directa, inequívoca, por la irrupción y las armas disparadas, signada por el coronel Gómez Silva, donde se “ofrece una disculpa por los hechos que se presentaron en la comunidad, donde por accidente, un elemento a mi mando accionó su arma al aire en forma accidental”.
Y en conjunto, autoridades comunitarias y mandos, firmaron un convenio con la aceptación de la comunidad de la disculpa y el acuerdo comunal de imponer la multa de una ambulancia, pedida una y mil veces para el traslado de sus enfermos a los hospitales de Uruapan.
En acta levantada durante la sesión extraordinaria de la asamblea comunal se asentó: “Por la irrupción de la PFP sin dar aviso como debe ser y por haber percutido armas dentro de la comunidad y habiendo recibido dos escritos de la PFP, la comunidad acepta la disculpa por escrito y decide de manera unánime, fijar una multa como reparación del daño, será la donación de una ambulancia para trasladar a nuestros enfermos, toda vez que ha sido una petición de años no atendida por ninguna institución de gobierno. En tanto se cumpla esta pena, quedará como garantía una de las unidades que se adentró sin aviso a la comunidad”.
Pasada la medianoche se dio fin a la negociación que tuvo origen en un conflicto agrario añejo, por el que ahora mismo los comuneros de Angahuan mantienen en retención al ex gerente de la llamada Empresa Comunal de San Juan Nuevo, Ambrosio Saucedo, quien un día antes fue capturado, y por el que piden se cave una zanja que físicamente aleje más la concordia intercomunitaria, en tanto llega una solución justa y equilibrada.
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