Arrecian amenazas contra la OPIM y la OFPM, señala el director Abel Barrera
Fuente: La Jornada de Guerrero
Defensores de derechos humanos en la región Costa Chica corren peligro de muerte, alerta
La PGJE se resiste a investigar labor social de líderes na savi asesinados, recrimina Rosales
LUCIANO TAPIA (Corresponsal)
Ciudad de Mexico, 25 de marzo. Ante los actos de intimidación, persecución y amenazas de muerte que se han intensificado contra la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel y la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan anunció el cierre de sus oficinas en Ayutla.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y el abogado del centro, Vidulfo Rosales Sierra, en entrevistas por separado, luego de la conferencia de prensa que presidieron en la sede del Centro de Comunicación Social (Cencos) –en donde recibieron apoyo de organizaciones sociales y de derechos humanos–, dijeron que en Guerrero no hay condiciones para que los defensores y defensoras lleven a cabo su labor sin poner en riesgo su vida.
Ejemplificaron con el caso de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la OFPM, que fueron secuestrados el 13 de febrero durante un evento público en el que estaban el alcalde priísta Armando García Rendón y el entonces director de Seguridad Pública, el ex militar Luis José Sánchez Hernández. Siete días después aparecieron los cuerpos de los líderes indígenas, con rastros de haber sido torturados con brutalidad.
Rosales Sierra señaló que de las investigaciones de este doble crimen, Eduardo Murueta Urrutia, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sigue sin presentar resultados y se niega además a tomar como línea principal de investigación que el origen de la ejecuciónextrajudicial de Lucas y Ponce es que por su trabajo de defensores de los derechos indígenas afectaron intereses.
A la conferencia acudieron Edgar Cortéz, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT); Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Jorge Romero León, director de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia; Darío Ramírez, director de Artículo XIX; Dolores G. Sarabia, directora de Servicios para la Paz; Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Defensores de derechos humanos en la región Costa Chica corren peligro de muerte, alerta
La PGJE se resiste a investigar labor social de líderes na savi asesinados, recrimina Rosales
LUCIANO TAPIA (Corresponsal)
Ciudad de Mexico, 25 de marzo. Ante los actos de intimidación, persecución y amenazas de muerte que se han intensificado contra la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel y la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan anunció el cierre de sus oficinas en Ayutla.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y el abogado del centro, Vidulfo Rosales Sierra, en entrevistas por separado, luego de la conferencia de prensa que presidieron en la sede del Centro de Comunicación Social (Cencos) –en donde recibieron apoyo de organizaciones sociales y de derechos humanos–, dijeron que en Guerrero no hay condiciones para que los defensores y defensoras lleven a cabo su labor sin poner en riesgo su vida.
Ejemplificaron con el caso de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la OFPM, que fueron secuestrados el 13 de febrero durante un evento público en el que estaban el alcalde priísta Armando García Rendón y el entonces director de Seguridad Pública, el ex militar Luis José Sánchez Hernández. Siete días después aparecieron los cuerpos de los líderes indígenas, con rastros de haber sido torturados con brutalidad.
Rosales Sierra señaló que de las investigaciones de este doble crimen, Eduardo Murueta Urrutia, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sigue sin presentar resultados y se niega además a tomar como línea principal de investigación que el origen de la ejecuciónextrajudicial de Lucas y Ponce es que por su trabajo de defensores de los derechos indígenas afectaron intereses.
A la conferencia acudieron Edgar Cortéz, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT); Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Jorge Romero León, director de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia; Darío Ramírez, director de Artículo XIX; Dolores G. Sarabia, directora de Servicios para la Paz; Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria.
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