Fuente: La Jornada de Zacatecas
Redacción
Las quejas contra el Ejército Mexicano por violaciones de derechos humanos se sextuplicaron en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón, señaló un estudio presentado la semana pasada por seis organizaciones civiles mexicanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de un incremento drástico gubernamental del uso del Ejército para el combate al narcotráfico.
Según los datos obtenidos por esas organizaciones a través de solicitudes de acceso a la información, el número de quejas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha incrementado de 182 en 2006 a mil 230 en 2008.
Las quejas incluyen diversos cateos ilegales, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, torturas y en 28 casos, según notas periodísticas, las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por militares culminaron en muertes.
“Venimos a la Comisión para demostrar el daño colateral de implicar a las fuerzas armadas en lucha contra el narcotráfico”, indicó Juan Carlos Gutiérrez Contreras, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh).
“Parte del problema es que las quejas casi nunca son investigadas o son llevadas al fuero militar, donde el Ejército se convierte en juez y parte, lo que desde luego propicia la impunidad”, puntualizó.
Según el reporte, en los últimos dos años la Procuraduría Militar ha consignado menos de una de cada 10 averiguaciones previas abiertas en contra de soldados por delitos cometidos contra civiles. No se sabe de ninguna sentencia condenatoria en el sexenio actual para violaciones graves a los derechos humanos.
No hay sentencias
“Todos los días escuchamos alguna nueva queja contra el Ejército, muchas muy graves, como violaciones sexuales e incluso ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, nunca hemos escuchado que alguien del Ejército haya sido sentenciado por alguna de esas quejas”, precisó Luis Arriaga Valenzuela, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Las experiencias documentadas por las organizaciones mexicanas en las que la Procuraduría de Justicia Militar asume la competencia sobre una supuesta violación a los derechos humanos arrojan un saldo nulo en cuanto al acceso a la justicia de las víctimas.
La aplicación de la jurisdicción militar a los casos de derechos humanos se debe en particular a que el texto del Código de Justicia Militar mexicano trasgrede otros bienes jurídicos más allá de la disciplina militar, incluso las violaciones de derechos humanos.
Por tanto, esa legislación permite que cualquier delito cometido por militares, sin importar cuál sea el bien jurídico afectado, sea investigado por la procuraduría castrense y juzgado por los tribunales del mismo ámbito.
“El texto del Código de Justicia Militar debe ser modificado porque implica una ampliación indebida del alcance de la jurisdicción militar sobre violaciones de derechos humanos”, comentó Luis Miguel Cano, de Fundar.
“El sistema de justicia militar mexicano carece de independencia e imparcialidad por su estructura, al ser un sistema de justicia penal dependiente del Poder Ejecutivo, con jueces y otros funcionarios nombrados por y al mando de la Sedena, que puede decretar el desistimiento de la acción penal por razones discrecionales”, agregó.
En el pasado la CIDH ha emitido recomendaciones específicas al Estado mexicano con la orden de que las investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean llevadas a cabo en la jurisdicción penal ordinaria mexicana y no en la jurisdicción militar.
Sin embargo, el Estado mexicano no ha tomado las medidas correspondientes para asegurar que la jurisdicción castrense se abstenga de conocer de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por militares.
Las organizaciones que formaron parte de la audiencia y presentaron el documento a la CIDH son Cmdpdh, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Red Todos los Derechos para Todos y Todas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. (CIMAC)
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