Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
JAVIER PUGA MARTÍNEZ
Hasta ahora la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Puebla no ha podido establecer bajo qué cargos mantiene encarcelados a 20 habitantes de San Andrés Azumiatla, entre ellos un menor de edad, luego del enfrentamiento que campesinos de esta comunidad del sur de la capital del estado sostuvieron con cerca de 500 policías la madrugada de este sábado.
Mientras el menor fue enviado al Centro de Confinamiento del Juzgado de Justicia Adolescente, los 19 hombres restantes enfrentan un proceso de acuerdo con la averiguación previa 301/2009 de la Dirección Metropolitana Sur. En las próximas horas podría quedar definida su situación jurídica.
En tanto, pobladores de Azumiatla exigen la aparición de al menos una decena de vecinos y familiares que aseguran no se les ha vuelto a ver desde la trifulca; algunos de ellos son de apellidos Escalona y Flores. Rechazaron aportar más datos, pues en la demarcación el rencor en contra de las instituciones estatales y municipales se agudizó aun más tras el choque violento, e incluso alcanzó a la prensa.
Sin embargo, otros más alcanzaron a señalar que la lucha por la defensa de sus tierras y en contra de las vejaciones y engaños cometidos por particulares, el gobierno del estado, así como por el ayuntamiento de Puebla, apenas comienza; por lo pronto, anunciaron que habrá un “voto de castigo” en contra del PRI del gobernador Mario Marín Torres y de la edil Blanca Alcalá Ruiz, y del resto de los partidos políticos en las elecciones federales del próximo 5 de julio.
En tanto, los gobiernos estatal y municipal de Puebla se responsabilizaron mutuamente de los hechos ocurridos la madrugada del sábado, cuando medio millar de policias entró en San Andrés Azumiatla en rescate de cuatro topógrafos retenidos por la población y que iban a ser linchados.
La Secretaría de Gobernación de Puebla, a través de su titular Mario Montero Serrano, dijo que ya se está atendiendo el problema con los campesinos, pero sostuvo que el enfrentamiento ocurrió en una demarcación del municipio capitalino, por lo que corresponde al ayuntamiento mediar para la resolución del conflicto.
En respuesta, la alcalde Blanca Alcalá Ruiz afirmó que la carretera la está realizando la administración estatal, por lo que es a esa instancia a la que le corresponderá resolver los conflictos que se deriven por las obras. La edil rechazó que el edil de Azumiatla, Sabás Escalona Morales, haya sido apresado, “sólo fue a rendir su declaración de los hechos ante la procuraduría”.
Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Valentín Meneses Rojas, afirmó que el proyecto de la creación de una vialidad entre la capital del estado y el municipio de Ocoyucan continuará a pesar de la oposición de los labriegos.
A sangre y fuego
La madrugada del sábado, cerca de medio millar de agentes de las policías Municipal, Estatal, Metropolitana y Judicial del estado de Puebla se enfrentó a más de 500 campesinos de San Andrés Azumiatla en una operación de rescate de cuatro topógrafos –uno de ellos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes local–, que realizaban mediciones en terrenos de la localidad para la ampliación de una carretera y que iban a ser linchados.
Aunque agentes y pobladores intercambiaron disparos de armas de fuego no hubo heridos de bala; sin embargo, dos camionetas de la SCT fueron quemadas por jóvenes y decenas de lugareños fueron golpeados y heridos con macanas; algunos quedaron bañados, literalmente, en sangre. Originalmente se presumió la detención de 35 personas tras la revuelta, y aunque los pobladores aseguraron que fueron 50, la PGJ sólo reconoció a 20 apresados. Un jefe de grupo de la Policía Judicial, Rubén Ramírez Hernández, sufrió un infarto tras el enfrentamiento el cual terminó por causarle la muerte.
Cerca de las 4 de la tarde de este viernes, dos trabajadores de la empresas Gerlus y Proicot realizaron algunas mediciones como parte de las obras de ampliación de la avenida 11 Sur a la comunidad de Santa Clara Ocoyucan; llegaron hasta un predio y fueron retenidos por los integrantes del Comité de Vigilancia Ejidal de San Andrés Azumiatla, el cual realiza rondines para evitar nuevas invasiones. De inmediato fueron confinados a la cárcel del pueblo.
Francisco Javier Palacios, ingeniero a cargo de la obra por parte de la constructora, afirmó en entrevista que no tenía conocimiento de que el predio era parte de un conflicto, y que sus trabajadores cometieron un error en sus cálculos; pidió ayuda a la SCT del estado para que sus hombres fueran liberados y llegó el supervisor Gerson Delgado. Luego de unos minutos, Palacios Delgado fue encarcelado también junto con otros dos.
Al pueblo de San Andrés Azumiatla llegaron dos negociadores de la Secretaría de Gobernación de la Comuna de Puebla y algunos policías, quienes fueron retirados del pueblo como parte de las condiciones que impusieron los lugareños para liberar a los trabajadores.
Cuando fue cayendo la tarde, más gente se acercó a la presidencia para exigir que los hombres fueran sacados de la cárcel y rociados con gasolina en la plaza pública de este lugar. Varias decenas de mujeres campesinas estaban armadas con palos, varillas y garrotes afirmando que estaban dispuestas a defender sus tierras.
En ningún momento la muchedumbre dejó de gritar consignas contra el gobernador Mario Marín Torres, así como contra la edil de Puebla, a quienes les recordaron que cuando fueron a pedirles el voto a favor del PRI se los otorgaron, pero ninguno de los dos ha cumplido su promesa de regresar para dotarlos de servicios públicos, obras y programas de desarrollo.
A las 9 de la noche llegó personal del Ministerio Público de la Dirección de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur, el cual intentó tomar la declaración de Delgado Palacios, pero la turba exigía que fueran llevados a la plaza para ser juzgados frente a todos. Al no acceder, los ministeriales fueron sacados del pueblo en medio de una lluvia de golpes.
Otros pobladores pidieron a los representantes de la prensa que aún permanecían ahí que mejor se retiraran, pues no había ninguna garantía de seguridad para la realización de su trabajo, para entonces, más de 40 patrullas repletas de agentes estaban aguardando a las afueras de Azumiatla.
Cerca de la 1 de la mañana, a sangre y fuego, entraron los policías. Varios grupos de jóvenes lanzaron piedras, gasolina y fuego a unas camionetas de la SCT que estaban estacionadas en la plaza del pueblo. Desde las laderas cercanas se escucharon varios disparos de arma de fuego, pero ninguno hizo blanco en los agentes, autoridades o reportero. Algunos policías respondieron tirando balazos al aire.
Los campesinos que enfrentaron a la Policía fueron sometidos y colocados en posición boca abajo en el suelo; varios de ellos estaban sangrando por los golpes de tolete recibidos.
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