Denuncian que la PFP intenta apoderarse de un predio para construir nuevo cuartel
Fuente: La Jornada de Guerrero
Fuente: La Jornada de Guerrero
El terreno lo donó el gobierno de Torreblanca Galindo, dicen policías a apoderado legal
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 7 de abril. La Policía Federal Preventiva (PFP), con la aparente autorización del gobierno del estado, pretende apoderarse de un predio de 10 mil metros cuadrados denominado El Potrerito, para la construcción de un cuartel, denunció Laudencio Villanueva de la Luz, abogado de los ocupantes del terreno, donde construirán locales comerciales.
En conferencia de prensa, el jurista, quien acompañó a Juan Ramón Martínez Cano, apoderado legal de María Dolores Casarrubias Andraca, quien originalmente adquirió el predio, aseguró que el gobierno estatal no ha podido probar con documentos que el terreno le pertenece, y además hostiga a sus representados.
Detalló que el apoderado legal, quien cuenta con los documentos que lo acreditan como propietario, comenzó hace meses el estudio topográfico y la nivelación de los terrenos, pero el 5 de marzo pasado agentes federales y estatales llegaron al terreno y le exigieron que lo desocupara, porque ese espacio le pertenece a la PFP.
Uno de los policías aseguró que el predio lo donó el gobierno que encabeza Zeferino Torreblanca Galindo al gobierno federal para que la PFP construyera su cuartel, pero en el Registro Público de la Propiedad no hay ningún documento que les acredite el predio.
Comentó que acudieron a la Secretaría de Seguridad Pública para que les mostraran los documentos de propiedad y donación, pero nadie proporcionó la información.
Desde el 5 de marzo, en el predio, ubicado al sur de la ciudad, cerca del Servicio Médico Forense, colocaron unas cartulinas en las que se lee que el terreno pertenece a la PFP, y que está prohibida cualquier invasión.
Martínez Cano interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los atropellos que cometen los gobiernos federal y del estado contra ellos. En tanto, Villanueva de la Luz entabló un juicio de amparo.
Acusó al titular de la PFP en Guerrero, Héctor Ibarra Guillén, de no atenderlos para aclarar el caso, pues afirmó que las ocasiones que han acudido a dialogar con él se niega a recibirlos.
Pidió a los organismos defensores de derechos humanos a que brinden protección a los afectados, sobre todo porque la PFP hostiga al apoderado legal de la propietaria.
Villanueva de la Luz pidió al gobernador Torreblanca que presente las pruebas que acrediten que la administración estatal es propietaria del predio.
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 7 de abril. La Policía Federal Preventiva (PFP), con la aparente autorización del gobierno del estado, pretende apoderarse de un predio de 10 mil metros cuadrados denominado El Potrerito, para la construcción de un cuartel, denunció Laudencio Villanueva de la Luz, abogado de los ocupantes del terreno, donde construirán locales comerciales.
En conferencia de prensa, el jurista, quien acompañó a Juan Ramón Martínez Cano, apoderado legal de María Dolores Casarrubias Andraca, quien originalmente adquirió el predio, aseguró que el gobierno estatal no ha podido probar con documentos que el terreno le pertenece, y además hostiga a sus representados.
Detalló que el apoderado legal, quien cuenta con los documentos que lo acreditan como propietario, comenzó hace meses el estudio topográfico y la nivelación de los terrenos, pero el 5 de marzo pasado agentes federales y estatales llegaron al terreno y le exigieron que lo desocupara, porque ese espacio le pertenece a la PFP.
Uno de los policías aseguró que el predio lo donó el gobierno que encabeza Zeferino Torreblanca Galindo al gobierno federal para que la PFP construyera su cuartel, pero en el Registro Público de la Propiedad no hay ningún documento que les acredite el predio.
Comentó que acudieron a la Secretaría de Seguridad Pública para que les mostraran los documentos de propiedad y donación, pero nadie proporcionó la información.
Desde el 5 de marzo, en el predio, ubicado al sur de la ciudad, cerca del Servicio Médico Forense, colocaron unas cartulinas en las que se lee que el terreno pertenece a la PFP, y que está prohibida cualquier invasión.
Martínez Cano interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los atropellos que cometen los gobiernos federal y del estado contra ellos. En tanto, Villanueva de la Luz entabló un juicio de amparo.
Acusó al titular de la PFP en Guerrero, Héctor Ibarra Guillén, de no atenderlos para aclarar el caso, pues afirmó que las ocasiones que han acudido a dialogar con él se niega a recibirlos.
Pidió a los organismos defensores de derechos humanos a que brinden protección a los afectados, sobre todo porque la PFP hostiga al apoderado legal de la propietaria.
Villanueva de la Luz pidió al gobernador Torreblanca que presente las pruebas que acrediten que la administración estatal es propietaria del predio.
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