Una historia de lucha territorial

TUNUARY Y CRISTIÁN CHÁVEZ

Fuente: La Jornada de Jalisco

Para el pueblo wixárika, la defensa de su territorio inicia desde hace mucho tiempo, cuando los primeros dioses aún no nacían, y del mar emergieron los primeros seres vivientes, que fueron nuestros primeros antepasados. Su lucha territorial inicia desde que los primeros Kaka+yari, quienes caminaron naciendo el mundo, formando pueblos y dejando centros ceremoniales en las comunidades de Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán) y Tatei Kie (San Andrés Cohamiata).

En aquel entonces, el territorio abarcaba una zona muy grande, alcanzaba los valles de toda la zona norte del estado de Jalisco y una región que tenía sus límites hasta Mazatlán, en el estado de Sinaloa, pasando muchas localidades de los estados de Nayarit, Durango y Zacatecas.

La Corona española, en ese momento había otorgado al pueblo wixárika una superficie territorial que se llamó “Distrito Colotlán”, el cual cubría buena parte de la posesión, que de facto ejercía el pueblo de los wixaritari.

Con el paso del tiempo, las presiones de la cultura invasora fue despojando al pueblo de las tierras fértiles de los valles, por lo que el pueblo wixárika renunció a todo para proteger su cultura, por eso nunca abandonaron los centros ceremoniales, lo que da sentido a la vida cotidiana actual de las comunidades.

Después de una difícil lucha, en el siglo XVI, los wixaritari lograron obtener títulos virreinales para las tres principales comunidades, las cuales, sin espera, fueron invadidas por mestizos ganaderos y caciques regionales.

Desde entonces, en una superficie más grande que el estado de Colima, el pueblo huichol ha llevado una intensa lucha jurídica por la restitución integral de su antiguo territorio, el cual ha transitado de una invasión agraria a una compleja embestida, donde las invasiones tienen múltiples formas y rostros, todos encaminados a nuevos y más sofisticados saqueos.

En el caso de Tatei Kie (San Andrés Cohamiata), en la resolución presidencial les fueron segregadas importantes extensiones de tierra, mismas que se convirtieron en nuevos ejidos mestizos. En un extremo de ese territorio arrebatado agrariamente a Tatei Kie, quedó aislada la comunidad de Bancos de San Hipólito con una extensión de 10 mil 720 hectáreas, y ésta fue ilegalmente titulada a la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa, municipio de Mezquital, Durango.

Tras una larga historia de desprecio, discriminación y violencia por parte de los invasores de San Lucas, cuyo interés ha sido controlar los recursos naturales de los wixaritari de Bancos, por convicción de los ancianos, la comunidad decide nombrarse autónoma, desconocer a las autoridades de San Lucas y ejercer su autodeterminación en el territorio que por legítimo derecho les corresponde. Al mismo tiempo iniciaron un proceso legal que ha llevado a evidenciar la incapacidad del Estado mexicano para cumplir con sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos, particularmente las reconocidas en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

Hoy, la posibilidad de encontrar el reconocimiento del derecho de Bancos en instancias nacionales se encuentran en su etapa final, la comunidad tiene visto ya el camino internacional para lograr el reconocimiento, en tanto se verá la voluntad del Estado para hacer justicia.

La reivindicación territorial de Bancos es considerada hoy como uno de los casos más importantes del mundo en materia de derecho al territorio de los pueblos indígenas.

Para Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán, luego del intento de imposición del ilegal tramo carretero Amatatitán-Bolaños-Huejuquilla, con un largo expediente de actos delictivos perpetuados por instancias de gobierno, donde el acoso, persecución, presiones, falsificaciones y represión, ha sido la constante del conflicto, Santa Catarina está llevando juicios agrarios, civiles y penales en contra de los responsables, defendiendo su derecho a decidir su modelo de desarrollo propio, que los llevó a hacer planteamientos educativos y de manejo de recursos naturales acordes con el respeto ancestral a la madre tierra.

En el caso de Tuapurie, la pared de enfrente fue el modelo de desarrollo capitalista, basado en la explotación y el despojo. Por lo que de manera legítima, legal y pacífica, decide emprender un proceso muy otro, es decir, decididamente democrático y respetuoso de los ancestrales esquemas de gestión y participación comunitaria.

En el caso de Waut+a-San Sebastián Teponahuaxtlán, la lucha territorial ha evidenciado la integralidad de la embestida en contra de los pueblos, siendo un ejemplo claro la contaminación que ejerce el ejido invasor mestizo de Puente de Camotlán, que tiene una larga historia de invasiones de enormes superficies de tierra, que luego de décadas terminó en la restitución de más de 22 mil hectáreas a la comunidad, hecho que cambió la geografía del estado de Jalisco en su zona limítrofe con el estado de Nayarit.

Aunque se recuperó la tierra, el ejido de negó a regresar una zona de 617 hectáreas en las que mantiene su infraestructura estratégica, como son una laguna de oxidación que vierte todas las aguas residuales urbanas de Puente, que es el principal centro urbano del municipio de La Yesca, Nayarit, el basurero que al estar junto al río, lo contamina con lixiviados contaminantes, descargas de una granja porcícola, una granja acuícola y un baño garrapaticida. Todas estas formas de contaminación son vertidas en territorio comunal invadido y actualmente bajo litigios jurídicos.

Con la recuperación de tierras, no fueron revocadas las concesiones con las que cuenta el Ayuntamiento de La Yesca y particulares sobre los principales manantiales de la zona sur de San Sebastián, ejerciendo así lo que en las reformas de 1992 al artículo 27 constitucional se hacía evidente, es decir, la separación del derecho al agua y a la tierra.

La contaminación ha derivado en enfermedades de la piel en niños y la muerte masiva de peces, entre ellos la extinción en el río del muxí, especie de pez sagrado que ya no puede ser encontrado. El problema se agravó con la concesión de pozos profundos que han propiciado el desecamiento del río que pierde capacidad de limpiarse al correr menos agua, de dichos pozos se extrae el agua que después es vendida nuevamente a la comunidad en botellas y garrafones.

Así, el agua contaminada y concesionada después de la laguna de oxidación corre y es nuevamente concesionada a empresas multinacionales en el corredor de presas hidroeléctricas de Ahuamilpa, El Cajón y La Yesca, otorgando nuevamente concesiones a la empresa Constructora Internacional de Infraestructura SA de CV, filial de ICA, la principal constructora del país y ésta, a su vez, propiedad de Vivendi, la principal empresa de agua del planeta, que junto con Suez controla el 70 por ciento del agua potable del mundo.

Para este caso, se junta un destructivo modelo de desarrollo reflejado en el crecimiento urbano de Puente de Camotlán, una tendencia mundial de despojo y privatización y una compleja telaraña de leyes y programas aparentemente aislados que juntos configuran una realidad siniestra.