Agradeceremos suscribir la presente Carta al Procurador Medina Mora Solicitando reanudar las diligencias ministeriales que podrían conducir al hallazgo de fosas clandestinas en el Ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
Las Cartas deberán enviarse a:
Lic. Eduardo Medina Mora a la siguiente dirección, Fax 53460908 y por correo a Av. Paseo de
Confirmar el envío ó mandar copia al Correo de Comunicación.
Agradeciendo de antemano su apoyo brindado.
Dirección de Comunicación de
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.
Tehuantepec 142 Col. Roma Sur
Tel. 55 64 25 82
Fax. 55 84 27 31
Licenciado Eduardo Medina Mora Icaza
Procurador General de
Distinguido Procurador Medina Mora Icaza,
Por medio de la presente, expresamos nuestra inquietud con respecto a las diligencias ministeriales encaminadas a las posibles excavaciones en el ex Cuartel Militar ahora Ciudad de los Servicios en Atoyac de Álvarez, Guerrero, mismas que dieron inicio los días 2 y 3 de febrero del presente año con el objetivo de buscar irregularidades en el suelo que pudieran indicar la presencia de fosas clandestinas. Estas diligencias están motivadas por las averiguaciones previas radicadas actualmente en
Tenemos conocimiento de que la primera fase, de escaneo, realizada con un georadar, arrojó como resultado zonas con claras anomalías. No obstante, a tres meses de realizada esta primera fase no se ha procedido a la siguiente etapa, que sería de exploración, o bien, directamente a la excavación.
Esta dilación e indecisión en los trabajos periciales que aún restan ha mantenido a los familiares y demás víctimas en completa incertidumbre, lo que se ha traducido en angustia y malestar y, en algunos casos, manifestaciones psicosomáticas. Las exhumaciones tienen un potencial reparador para los familiares de desaparecidos, así como a nivel comunitario. Sin embargo existe el riesgo de retraumatización y de daño cuando se realizan acciones de mala praxis.
Hasta el momento existen serias dudas sobre la calidad del procedimiento a realizar, pues todavía se ignora si se seguirán las metodologías y protocolos de exhumación establecidos por distintos organismos internacionales como norma para garantizar la conservación y no alteración de la evidencia. A este respecto es necesario inquirir si
La incertidumbre sobre los métodos a emplear en esta diligencia, además de la secrecía y falta de transparencia con la que se han manejado las autoridades en este asunto mueven a todo tipo de suspicacias, en particular por la demora para desahogar las fases subsecuentes sin que se motive y fundamente tal dilación por parte de la autoridad competente.
Ante esta situación, cabe comparar experiencias en otros países de Latinoamérica que han vivido situaciones semejantes, en donde se asume de vital importancia el pleno goce del derecho a la verdad para los familiares y la sociedad en su conjunto, al grado de aparecer en los diarios nacionales, los pormenores de la exhumación de restos humanos pertenecientes a desaparecidos de la dictadura militar. En ella se da fe de la meticulosidad del procedimiento y se solicita la presencia de testigos de calidad y de familiares de los desaparecidos.
Resulta inconcebible que un procedimiento tan relevante para la reconstrucción de la memoria histórica y la reparación a las víctimas pretenda no concluirse o bien desarrollarse en secreto total y sin la información y participación de testigos de la sociedad civil con la autoridad moral suficiente para legitimarlo. Con ello se viola, además, el derecho de coadyuvancia de las víctimas y sus representantes.
Por todo lo anterior, exigimos:
1) Se dé paso a la etapa subsecuente en la diligencia hasta la exhumación de los lugares en donde, tras el primer análisis con la técnica del escaneo con georadar, se encontraron anomalías que indican la posibilidad de hallar restos humanos.
2) Notificar oportunamente a las víctimas y sus representantes legales sobre la metodología y las condiciones técnicas y de legitimidad necesarias para su desarrollo.
4) Abrir el procedimiento al escrutinio público, permitiendo el acceso de los familiares de las víctimas, sus representantes legales y testigos de calidad para certificar que éste se apega a las normas internacionales, respetando también el derecho de coadyuvancia.
5) Permitir la videograbación del procedimiento para contribuir al análisis de la evidencia y la preservación de la memoria histórica.
6) Asegurar las zonas delimitadas en la “Ciudad de los Servicios” (antes Cuartel Militar de Atoyac) en donde se llevó a cabo el escaneo a principios de febrero, para protegerlas de posibles actos vandálicos o intentos por alterar la evidencia.
7) De detectarse presencia de restos humanos, dar todas las facilidades para la inmediata recuperación de éstos apegándose a las más altas normas procedimentales del caso y ser sumamente precavidos para asegurar el estricto respeto a la cadena de custodia y los procedimientos de embalaje y conservación de la evidencia.
Sin otro particular, agradezco la atención que sirva prestar a la presente.
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Organización
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