Sin palabras

Fuente: La Jornada de Zacatecas

• Mujeres y política

Redacción

Soledad Jarquín Edgar

Sin palabras. Lo que sucede en este México lindo y querido como en “mi Oaxaca lindo” no tiene forma de explicarse. Busquemos por donde busquemos, es difícil hallar el punto de encuentro.

Por un lado, Felipe Calderón reconoce que 20 millones de mexicanos y mexicanas viven en pobreza extrema. Sobra decir que otros 40 millones sobreviven en las distintas formas de pobreza en que las y los estudiosos han dividido al fenómeno de la desigualdad económica.

En Oaxaca, los bolsillos de quienes laboran en el gobierno estatal empiezan a resentir 10 por ciento menos a su ingreso que en sus planes de austeridad realiza el Ejecutivo, como la desaparición de algunos de los muchos elefantes blancos que operan en la burocracia estatal.

El descuento representa mucho para algunos funcionarios, para otros no. Pero el cierre de oficinas representa el desempleo. En el gobierno municipal la clase política de oaxaquita linda tiembla.

Ha trascendido que el plan anticrisis iniciará con la reducción de 50 por ciento en los planes de telefonía celular y una sustantiva disminución en gasolina, servicios que se les pagan con nuestros impuestos, como si no fuera suficiente con sus salarios siempre privilegiados.

Por eso no se entiende cómo las y los diputados priístas y panistas (la mancuerna ideal) vuelven a cometer errores para no fallarle “al jefazo”, como aprobar un sueldo vitalicio para los magistrados; sin duda, eso se llama proteger la vida (financieramente) de los magistrados, como lo hicieron con quienes aún no nacen al reformar el artículo 12 Constitucional.

En un acto de obediencia total, aprobaron que los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) puedan ocupar el cargo durante 15 años y hasta relegirse por un periodo igual, pero además, amarrar su sueldo vitalicio ciento por ciento, incluso después de su jubilación.

El problema es que esos sabios señores no ganan dos o tres salarios mínimos. No, por supuesto que no. En Oaxaca un empleado gana 52 pesos por jornada de trabajo. Claro, dirán los empresarios, ningún empleado gana sólo un salario mínimo. Está bien, digamos que en Oaxaca el grueso de las y los trabajadores obtiene dos salarios mínimos. Es decir, 104 pesos al día.

En tanto que el magistrado presidente del TCA ganará al día 2 mil 609 pesos y algunos centavitos más, el empleado oaxaqueño obtiene poco más de 3 por ciento de lo que gana al día el magistrado presidente, quien con esa bonita reforma ganará en un mes 78 mil 283 pesos 88 centavos, sueldo que alcanzaría para pagar más de mil 500 salarios mínimos (52 pesos por jornada).

Pero nada es extraño en Oaxaca y en este país, que Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, debió tomar de modelo para escribir Patas arriba, escuela del mundo al revés, sólo por citar un ejemplo.

No es extraño entonces que las y los diputados dictaminen como decimos las y los comunes mortales sobre las rodillas, detrás de lo que la gente demanda, como corresponde a una persona que se dice representante popular.

No es extraña tampoco la postura asumida en la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, que simple y sencillamente se negó a interponer la acción de inconstitucionalidad.

Tal facultad se establece en el artículo 7 en sus fracciones V y XVII de la Ley de la Comisión Estatal como la vía idónea para echar abajo la reforma al artículo 12 de la Constitución local, que protege la vida desde el momento de la concepción.

Más claro, ni el agua; defender a la ciudadanía, jamás, menos los derechos de las mujeres. Ahí actúan por decreto y por mandato, exhibiendo toda clase de deficiencias.

Tampoco extraña que las y los diputados desecharan el término feminicidio de la Ley que aprobaron meses atrás, según ellos, para proteger la vida de las mujeres de la violencia de género. Que no extrañe que un fiscal y dos compinches suban a un vehículo a una joven en Tlaxiaco para abusar sexualmente de ella, mientras de otra víctima nada se sabe.

Nadie se ha preguntado si estamos ante una red de trata de personas. No es extraño que la madre de Edenia, la joven que denunció a Luis Miguel Urbina Calvo, funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), haya recibido como respuesta un “ni se preocupe por su hija, que seguro se fue con el novio”, cuando fue a denunciar que su hija estaba desaparecida.

No tendría entonces por qué causar tanta alarma la alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) en vísperas del próximo proceso electoral, ni tendría por qué existir tanto desgarramiento de vestiduras.

En el Congreso local existe una ya establecida entre Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), capaz de accionar ese tipo de “reformas” para proteger la vida antes de nacer o el porvenir de los magistrados de manera vitalicia. Ni modo, a mantener sabandijas.

Tampoco debe ser extraño que haya tanta inseguridad en Oaxaca, que echa por tierra toda clase de ocurrencias, como Mi Oaxaca Linda, que promueve el gobierno de esta capital. Ni es raro que el agua “potable” llegue cada ocho o 15 días, según el caso; o que en algunas colonias, como en el siglo 19, todavía no haya electrificación; o que tengamos la ciudad “patas arriba” por meses enteros.

Todo eso, sin contar el evidente pésimo servicio de transporte público de pasajeros, que ya vimos, sigue asesinando personas, ése sí es asesinato y no la interrupción legal del embarazo que han criminalizado.

Frente a la impunidad, la gente simple y sencillamente reclama, y si se puede llamar así, toma la justicia por su propia cuenta, como sucedió en San Martín Mexicapan, cuando tras el homicidio de la señora Margarita García Valencia, atropellada por un energúmeno chofer de transporte, incendió dos camiones o esas chatarras donde nos transportan con el permiso de la autoridad.

Durante mucho tiempo la voz de la gente se ha hecho escuchar en los medios de comunicación. Reportajes y notas periodísticas, así como varios cientos de artículos, han sido elaborados para plantear el pésimo servicio público, esa vergüenza para la ciudadanía oaxaqueña que una y otra vez se hizo escuchar a través de los medios.

Pero el dúo entre el poder político y el poder económico, atados por la corrupción, siempre hacen oídos sordos; por el contrario, planeaban hace poco tiempo aumentar el precio del transporte. Vaya ocurrencia.

El resultado es lo que vimos esta semana. La imagen de un pueblo cansado de esperar la actuación de las autoridades, y ante la nada, la masa actúa. La confirmación: la violencia institucional genera violencia ciudadana.

Otra cosa fuera si en Oaxaca, en lugar de funcionarios “a modo” y al servicio de intereses ajenos a la gente, tuviéramos servidores públicos con conciencia y una Legislatura menos agachada e ignorante, así como un órgano de derechos (in) humanos verdaderamente autónomo y con gente capaz. Pero eso es un sueño guajiro.

Lástima que en Oaxaca no haya una instancia que ayude a la ciudadanía contra los abusos del poder. Como sucede en Xoxocotlán, donde el alcalde Argeo Aquino es cómplice de los agentes de vialidad para golpear y sacar dinero amparados en el supuesto programa del alcoholímetro.

Una pena por las y los ciudadanos, pero en Oaxaca esos abusos de poder seguirán en tanto no exista una instancia defensora de los derechos humanos. Como también sucedió en el municipio de San Pedro Coatlán, donde otra vez elementos de Ejército fueron acusados por los vecinos de saquear dinero y pertenencias cuando entraron a las viviendas en la búsqueda de armas.

Eso sólo pasa cuando la ciudadanía está en total indefensión de sus autoridades. Ya sabemos que contra la influenza nada como la higiene, y no enfermarnos depende en mucho de nosotras y nosotros, quizá deberíamos saber que podemos aplicar la misma fórmula contra la arbitrariedad y el abuso.

Una amiga que visita Oaxaca me decía que siente mucha tristeza entre la población. Yo coincido con ella. Hay tristeza en Oaxaca.