Fuente: La Jornada de Oriente (Tlaxcala)
Coral Avila Casco
De palabras, nos llenan de palabras y de actos oficiales en los que dicen reconocer el trabajo de las mujeres y en los que informan sobre esfuerzos institucionales por garantizarnos una vida libre de violencia: atención jurídica, psicológica, capacitación en actividades “propias de nuestro sexo”.
Así, nuestros grandes legisladores y gobernantes, locales y federales por igual, están profundamente comprometidos en las causas de las mujeres en las palabras, pero en lo fundamental limitan y entorpecen el empoderamiento femenino, al tiempo que profundizan las desigualdades entre hombres y mujeres.
Ejemplo: hace algunos meses un legislador local propuso el cambio de nombre de la Comisión de Equidad y Género, agregándole Niñez y Familia y ahora por austeridad presupuestaria se pretende desaparecerla; sigue sin atenderse lo relacionado a la armonización en materia de género; cada día son más los diputados que promueven que todo el peso de la ley caiga sobre las mujeres que deciden abortar, sin hacer un análisis profundo sobre las causas que provocan que una mujer tome tal determinación.
La trata de mujeres para la explotación sexual es una realidad que subsiste y persiste, con la complicidad y el silencio de tantos, y el término feminicidio sigue sin figurar como delito en los códigos penales y continúan tolerándose los castigos por la defensa del honor.
Ayer lo supe, era ella, trabajaba y estudiaba para ser educadora. Alegre, llena de sueños, que buscaba para sí y los suyos una mejor calidad de vida. Hoy su familia y amigos la lloran, hoy las palabras, esas que no se cansan de decirnos las autoridades duelen y asquean. Ayer la sepultaron, su cuerpo fue encontrado en un basurero con la cara destrozada, otro homicidio más.
Pero, claro, es una mujer más, y esta historia como tantas que se repiten y repiten, matizadas con todas las formas e intensidades de violencia por género, sigue sin ser motivo suficiente para reglamentar a lo largo y ancho de nuestro país, las leyes locales que garantizan a las mujeres una vida libre de violencia.
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