Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
Enardecidos con su presidente municipal, habitantes de Tepeojuma se apoderaron ayer por la noche de la sede de la alcaldía, aunque al cierre de la presente edición ya habían iniciado las negociaciones para liberarla. Los vecinos exigen que el edil, José Benito Merino Palacios, defienda para uso del pueblo un terreno que es utilizado con fines deportivos, y que un particular les pretende arrebatar a través de un proceso en la justicia federal.
Los ciudadanos también demandaron que el secretario de Gobernación, Mario Alberto Montero Serrano, intervenga en el conflicto, pues desde enero del presente año fue enterado del mismo por un oficio que le enviaron integrantes del comité de defensa del predio y también el diputado local del Partido de la Revolución Democrática Melitón Lozano Pérez; sin embargo, “el funcionario ni siquiera ha enviado al delegado de la dependencia a su cargo para conocer el asunto”, se quejaron los vecinos de Tepeojuma.
El oficio que le envió el Comité a Montero Serrano, y que tiene el matasellos de la Secretaría de Gobernación con fecha del 30 de enero a las 10:12 de la mañana, contiene una relatoría de los hechos que se transcribe:
“En enero de 2005, el campo deportivo del municipio de Tepeojuma (que ha tenido este destino desde hace más de 20 años) inesperadamente tenía un dueño que no era propiamente la Comuna, sino que ahora pertenecía al particular Ángel Espinal Romero, por lo que el ayuntamiento 2005–2008, en diciembre de 2005, decretó la expropiación por causa de utilidad pública del inmueble utilizado como campo deportivo y situado en el terreno de temporal denominado el Huamuchil, llevándose a cabo los trámites de ley en materia de expropiación, interponiendo el afectado Ángel Espinal Romero su oportuno recurso de revisión, procedimiento en el cual el (titular) del Ejecutivo del estado resolvió a favor del ayuntamiento de Tepeojuma, en fecha 15 de mayo de 2007; sin embargo, Ángel Espinal Romero promovió un juicio de garantías, radicándose bajo el expediente número 637/2007 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado, juicio que culminó con sentencia a favor de Ángel Espinal Romero.
“Ante ese panorama, personal de la actual Comuna 2008–2011, el día 10 de octubre del año pasado, se constituyó en el campo deportivo con personal del Juzgado Mixto de Izúcar de Matamoros y el propio Ángel Espinal Romero, a efecto de hacer la entrega física del citado inmueble, de tal suerte que vecinos de la población nos dimos cita para impedir dicha entrega, ya que este terreno ha sido y es utilizado por nuestras familias, jóvenes y niños de la población para nuestro desarrollo físico y sano esparcimiento.
“Es el caso (...) que en aquella ocasión Ángel Espinal Romero se negó a recibir el inmueble, ante lo cual funcionarios del propio ayuntamiento, encabezados por José Benito Merino Palacios y José Sebastián Caballero Jiménez, presidente y síndico municipal, respectivamente, se comprometieron con la población a hacer todo lo posible por no entregar el citado campo deportivo, así como de informarnos del seguimiento a este asunto; no obstante, dicho compromiso no ha sido cumplido satisfactoriamente para los vecinos que representamos, en el sentido de que se ha visitado en múltiples ocasiones a los funcionarios precitados, quienes nos han dado evasivas.
“Inclusive, mediante un escrito de fecha 15 de octubre de 2008, solicitamos con las formalidades propias una copia debidamente certificada de todo lo actuado dentro del expediente formado en relación a la entrega del campo deportivo, sin que éste haya sido acordado en ningún sentido, por lo que con 16 de enero del año en curso, reiteradamente solicitamos dichas copias, pero no hemos obtenido una respuesta favorable.
“(...) hasta la fecha, los vecinos de Tepeojuma continuamos haciendo uso del inmueble y hasta el propio ayuntamiento municipal organiza actos deportivos para los diferentes sectores de la población. Incluso se están organizando actividades para conmemorar las fiestas patronales del mes de febrero, siendo la realidad incómoda en virtud de restringir nuestra libertad de información, pues como gobernados y usuarios del campo deportivo somos los verdaderos afectados, ya que nos encontramos con la zozobra de que en cualquier momento seamos impedidos de realizar nuestras actividades físicas en el multicitado campo deportivo”.
Defensa popular
En los meses subsecuentes, los problemas por el terreno siguieron sin que hubiera intervención de la Secretaría de Gobernación.
En su afán por proteger el patrimonio popular, porque el campo lo utilizan niños y jóvenes de Tepeojuma, los vecinos descubrieron la versión que de que la presidencia municipal que encabezó Magdaleno Contreras García –en el periodo 1981–1984– compró el terreno a favor del pueblo, pero que le faltó cubrir una parte mínima del precio convenido.
Ayer se realizó una asamblea popular en el campo deportivo y Magdalena Contreras García dio la cara. Aseguró que el predio fue pagado en su totalidad y retó a quien quisiera a que le probara las acusaciones que de manera velada le han hecho acerca de que él sería beneficiado con la venta del lote.
“Si hay algo que yo he cuidado mucho todos estos años es mi prestigio. Yo le quiero dejar a mis hijos un buen nombre. No quiero que después estén diciéndoles que tienen un terreno, una casa o una propiedad porque su padre se la robo, porque era un ladrón”, expresó.
Nadie en la asamblea refutó o contradijo al ex alcalde en el punto de los supuestos, quien, sin embargo, recomendó que se permitiera la entrega del terreno, arguyendo que el actual edil tiene que cumplir con un mandato judicial.
En seguida hubo voces que no estuvieron de acuerdo con Contreras García. Se argumentó entonces que José Benito Merino Palacios, emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional, tenía que defender al pueblo porque es su representante y que, sin desacatar la ley, tenía otros caminos para que el terreno quede en manos de la gente.
Las propuestas que se esgrimieron como ejemplo fueron, entre otras, que el edil decrete una expropiación del campo deportivo con fines de utilidad pública –razón que puede ser probada a simple vista– o que llegue a un acuerdo de compra–venta con la persona que está demandando su enajenación.
En cualquier caso, los vecinos consideraron imprescindible la intervención de la Secretaría de Gobernación para poder resolver el problema.
Mentiras
No es para menos. Las distorsiones sobre los tiempos y procedimientos judiciales han provocado zozobra y enojo entre la gente.
Este jueves, José Benito Me-rino Palacios tenía que haberse presentado en el campo deportivo para hacerle al particular de la querella la entrega que a esa ho-ra, en esa fecha y en ese lugar le había ordenado la justicia federal. El munícipe nunca apareció.
En el sitio lo esperaban decenas de personas que realizaron en su ausencia una asamblea en la que hubo todo tipo de planteamientos para defender el lote; in-cluso, se habló de la toma de vías de comunicación.
Merino Palacios difirió el en-cuentro para las 17 horas en el au-ditorio del Palacio Municipal. A esa hora unas 300 personas arribaron al recinto y el resto se quedaron en el campo deportivo, en donde han permanecido día y no-che desde hace varios días, ante el riesgo de que cualquier momento aparezcan extraños que quieran despojarlos del lugar que es de sus hijos.
El encuentro del alcalde con sus representados fue muy breve. Él terminó por admitir que ni si-quiera ha recibido la orden de la justicia federal para entregar el terreno, y tampoco dio visos de animarse a defender la propiedad para el pueblo. Ambas cosas provocaron la ira de la gente y por eso tomaron la alcaldía.
Los vecinos que fueron entrevistados ayer señalaron estar dispuestos a defender, como sea, el campo deportivo. “La gente se va mucho al otro lado y luego regresa con vicios. Si eso pasa ahora que hay un campo para hacer de-porte, imagínese usted en qué se va a convertir esto cuando no haya nada”, dijo una madre de familia.
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