Por Raimundo Lopez
Tegucigalpa, 30 jun (PL) Las tres centrales sindicales y organizaciones campesinas, juveniles y sociales de Honduras mantienen hoy por segundo día un paro total por tiempo indefinido contra el gobierno de facto en el país.
La protesta transcurre en medio del clima de tensión reinante tras la violenta represión ayer de las fuerzas armadas en esta capital a una manifestación popular en defensa de la institucionalidad democrática.
Ese ambiente de incertidumbre se acrecienta por la vigencia del toque de queda de las 21:00 horas a las 06:00 del día siguiente, una de las primeras decisiones de los golpistas.
En ese contexto, el Frente de Resistencia Popular, integrado por las organizaciones participantes en la protesta en defensa del presidente constitucional, Manuel Zelaya, convocaron la huelga hasta la derrota del golpe.
Rechazaron cualquier diálogo con los militares y el gobierno de facto, al cual calificaron de fascista y violentador de la legalidad de la nación.
Demandaron la inmediata restitución en el cargo del presidente constitucional, Manuel Zelaya, y subrayaron que mantendrán sus luchas hasta la plena vigencia de la legalidad institucional en Honduras.
En tanto, la acción de cientos de soldados con armas largas ocurrió frente a la casa de gobierno, donde miles de personas exigieron la reposición en su cargo de Zelaya, secuestrado el domingo último por militares que lo sacaron del país.
La acción policial fue resistida por los manifestantes con piedras y otros objetos, y hasta el momento no hay confirmación del número de heridos y detenidos, que en ambos casos son muchos, denunciaron líderes populares.
Los enfrentamientos se extendieron a otros puntos de la capital, donde los opositores al gobierno de facto levantaron nuevas barricadas y resistieron la arremetida de las fuerzas armadas.
Dirigentes populares informaron que enfrentamientos similares se registraron en otras ciudades de Honduras, aunque no hay mayores informaciones sobre el asunto.
Fuentes sindicales indicaron que en la ciudad de Progreso, próxima a San Pedro Sula, los manifestantes quemaron o destruyeron seis ómnibus de la empresa Transul, propiedad del presidente de facto Roberto Micheletti.
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