El gobernador usa las instituciones para sus fines, reclama en el Congreso
Fuente: La Jornada de Guerrero
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 29 DE JUNIO. El ex presidente municipal de Acapulco en el trienio 2003-2005, el perredista Alberto López Rosas, demandó en el Congreso local juicio político contra el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo; el contralor general del estado, Arturo Barcenas Aguilar y el coordinador del Ejecutivo estatal, Humberto Sarmiento Luebbert, por “utilizar las instituciones públicas para fines de orden político”.
Lo anterior, luego de que el pasado 29 de mayo la Contraloría estatal notificó al ex alcalde perredista que por irregularidades en el ejercicio fiscal 2003 había sido inhabilitado por tres años y condenado a pagar una multa.
Previamente a la entrega oficial de la demanda de juicio político en la Oficialía, seguidores de López Rosas protestaron en el acceso principal del Congreso.
El hijo del llamado Rey Lopitos y sus simpatizantes llegaron al medio día y luego de las gestiones para poder acceder junto con su gente entregaron en la Oficialía mayor la demanda, junto con tres legajos sobre el dictamen de liberación de su cuenta pública al ejercicio fiscal 2003, realizado por la Auditoría General del Estado (AGE).
En la demanda, López Rosas arguye que los funcionarios mencionados “han incurrido en usurpación de funciones en perjuicio de la función pública estatal, al haber emitido presumiblemente de común acuerdo la resolución de fecha 14 de enero del 2008”.
El documento establece que con base en las leyes vigentes la Contraloría “no tiene facultades para irrumpir en la fiscalización de la hacienda pública municipal, violentando con ello el artículo 115 constitucional”.
En entrevista, López Rosas acusó que desde el principio de su gobierno Torreblanca inició una persecución en su contra, llevada hasta los últimos extremos con la inhabilitación de parte de un órgano incompetente.
Señaló que el ejercicio fiscal del 2003 fue auditado y dictaminado en octubre del 2008 por el único órgano competente en materia de fiscalización, la Auditoría General del Estado (AGE) y nadie puede ser juzgado dos veces por la misma situación y menos por un órgano que no tiene facultades para eso.
López Rosas reconoció que la AGE hizo observaciones del orden de los dos millones de pesos a su ejercicio fiscal 2003, mismas que están siendo solventadas por funcionarios de su administración.
En tanto, que la Contraloría estatal dictaminó faltantes del orden de los cinco millones.
López Rosas acusó que con estas acciones Torreblanca quiere acabar con los liderazgos perredistas en cada municipio para debilitar a la izquierda en Guerrero.
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