Sin castigo, policías acusados de tortura en la entidad; no está tipificada como delito

Sugieren a diputados reformar el Código Penal; pendientes casos de Ramírez y Bajos

Fuente: La Jornada de Guerrero

MARLEN CASTRO

CHILPANCINGO, 17 DE MAYO. A pesar de que la Fiscalía Especializada para la Protección de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha consignado averiguaciones previas por tortura en contra de policías, derivadas de quejas presentadas por detenidos, los jueces han negado la orden de aprehensión porque la tortura no existe como delito en el Código Penal, indicó el titular del área, Manuel Amador Saavedra Flores.

Por lo anterior, el funcionario instó al poder Legislativo a hacer las reformas a la ley para que la tortura exista como delito en el Código Penal y la Fiscalía para la Protección de Derechos Humanos cumpla sus objetivos.

Adelantó que en menos de un mes la fiscalía concluirá su investigación sobre las acusaciones de tortura que hicieron Genaro Vázquez Durán y Leonel Bustos Muñoz, acusados del asesinato del periodista Amado Ramírez Dillanes, cometido el 6 de abril de 2007.

Vázquez Durán y Bustos Muñoz acusaron de tortura a seis policías ministeriales, a quienes se les inició una investigación.

Saavedra Flores indicó que ya están listos los resultados del examen médico y sicológico establecidos en la prueba para probar la tortura, conocida como Protocolo de Estámbul, a la que aceptaron someterse los acusados del asesinato de Ramírez Dillanes, sentenciados a 38 años de cárcel.

Por la secrecía de la investigación, indicó que aún no puede dar a conocer esos resultados, pero que en unas semanas estará terminada la averiguación previa que determinará el destino de los policías ministeriales acusados de tortura.

Por otro lado, otra averiguación iniciada en contra de policías y agentes ministeriales por tortura, es la que derivó del asesinato del extinto legislador del PAN, José Jorge Bajos Valverde, ocurrida el 4 de enero del 2007.

En este caso, señaló que a los acusados del asesinato del legislador en un primer momento se negaron a someterse a la prueba y no quisieron ser atendidos por los peritos enviados de la Procuraduría General de la República (PGR) aunque había una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la que derivó la investigación por tortura.

Sin embargo, luego accedieron a ello, y en estos momentos la Procuraduría estatal está en espera de que la PGR vuelva a enviar a sus peritos, indicó el fiscal.

Los implicados en el casos son Nicolás Cardoso Macedonio o Nicolás Arteaga Cardoso, alias Nico, identificado por las autoridades como presunto autor material. Los otros detenidos por la Procuraduría General de Justicia del estado son: Aldy Manuel González Rodríguez ¬esposo de la diputada Jacqueline Orta Martínez, suplente de la víctima ; Eder Andy González Rodríguez, hermano del anterior, y Francisco Galeana López, cuñado de los hermanos González Rodríguez.