Fuente: La Jornada de Oriente (Tlaxcala)
JUAN LUIS CRUZ PÉREZ
Ejidatarios de las demarcaciones de José María Morelos Buenavista y San Fernando de los municipios de Tlaxco y Hueyotlipan, denunciaron que el gobierno del estado, por medio de amenazas e intimidaciones, pretende adquirir o en su caso expropiar varias hectáreas de terreno de esas demarcaciones, sin que hasta la fecha conozcan el uso público que le darían a esos predios.
En un escrito remitido al presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) del Congreso local, Víctor Cruz Briones Loranca, signado por los comisariados ejidales de Buenavista, Felipe Morales Luna, y de San Fernando, Erasmo Nieves Ávila, dan cuenta de las presuntas irregularidades en las que ha incurrido el gobierno estatal para hacerse de algunas tierras.
Según el documento, signado el pasado 12 de mayo, los integrantes de los ejidos antes mencionados refieren que “nos vemos amenazados por la compra de nuestras tierras por parte del gobierno de estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, quien compra a precios que van desde 50 mil pesos por hectárea, según el cliente.
“Los funcionarios que dicen representarla, valiéndose de su prepotencia, con expresiones de que venden o se expropian, intimidan a la gente, porque se aprovechan de la ignorancia, de la necesidad y pobreza de nuestros compañeros ejidatarios obligándolos a vender su único patrimonio el que da sustento y seguridad a sus familias”.
Los representantes de estos núcleos ejidales del estado refieren en su escrito que “oficialmente a estas fechas ignoramos de qué proyecto se trata la superficie que quieren afectar. De presumirse alguna expropiación, la cuál es la causa de utilidad pública, quién es el comprador real de nuestras tierras o sólo trabajan para algún presta nombres”, advierten en el documento.
Los quejosos refirieron que como representantes de estos ejidos no han recibido notificación alguna por parte de la administración estatal que les notifique los motivos de la adquisición o expropiación de las tierras, por lo cual “hemos solicitado al gobierno del estado la información al respecto, sin que hasta el momento nos hayan respondido.
“El 8 de abril pasado, por oficio número1548, con folio AD 090408018, que la secretaría particular del despacho del gobernador turnó al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, para su atención, misma que mañosamente ignoró y esquivó, sólo emitió respuesta negativa el 17 de abril, dando oportunidad a que la Secoduvi continuara la compra de terrenos”, refiere el oficio.
Con esa posición adoptada por la administración estatal “propicia un proceso de provocación que puede desencadenar en violencia, ya que no se muestra interés de diálogo para evitar el despojo del patrimonio de ejidatarios”.
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