Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
Más de 5 mil campesinos de las regiones de los volcanes Popocatépetl y La Malinche se manifestaron el día de ayer para exigir la cancelación definitiva de los proyectos arcos norte y surponiente de la ciudad de Puebla, así como del proyecto Aura, que se pretende realizar en la presa de Valsequillo.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno del estado respondió que las autopistas se construirán en este sexenio pese a las muestras de inconformidad. El titular de la dependencia, Valentín Meneses, subrayó que existe una urgencia por desfogar el tráfico de la autopista México–Puebla –en el caso del arco norte–, así como para conectar las vías de comunicación de las regiones del Golfo de México con el Océano Pacífico, meta del arco poniente. éstas, subrayó, son obras de relevancia en cuanto a infraestructura vial para la entidad poblana.
Subrayó que por parte del gobierno del estado no habrá ninguna expropiación de tierras para la construcción de ambas vías.
Por otra parte, la Secretaría de Gobernación indicó que la manifestación obedeció a intereses políticos, y rechazó que exista compra de predios a menos de 15 pesos por metro cuadrado, tal como lo señalan los afectados, pues los proyectos están en fase de desarrollo.
Los labriegos solicitaron una audiencia con el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, a quien pretenden exponerle la necesidad de integrar una comisión interdisciplinaria que actualice el programa de ordenamiento territorial del poniente del estado, en el cual sean tomadas en cuenta las necesidades de cada comunidad y que sea instrumento en el cual se basen los futuros planes de desarrollo urbano de los municipios de la región, los cuales deben tener principios de desarrollo sustentable.
“Marín, te va a hacer falta una cárcel enorme para que puedas encerrar ahí a la conciencia de los campesinos”, fue parte de las consignas que lanzaron frente a Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo estatal, los manifestantes provenientes de Santa María Zacatepec, San Andrés Calpan, San Lucas Atzala, San Francisco Coapa, Santa María Acuexcomac, San Miguel Papaxtla, San Jerónimo Tecuanipan, Santa Isabel Cholula, San Martín Tlamapa y Santa Ana Acozautla, todas ellas pertenecientes a los municipios de Juan C. Bonilla, Calpan, San Pedro y Santa Isabel Cholula.
También hubo presencia de habitantes de la junta auxiliar de Santa María La Resurrección, de Puebla, así como de los municipios tlaxcaltecas de San Pablo del Monte y Tenancingo. Todos ellos están agrupados en el Consejo Regional de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.
De acuerdo con Hilario Alonso Flores, líder estatal de la Unión General de Campesinos y Obreros de México (UGOCM), la creación de los dos proyectos carreteros perjudicará a miles de habitantes en sus labores agrícolas diarias, y se menosprecia el trabajo agrícola cuando sólo les están ofreciendo entre 5 y 15 pesos como máximo por metro cuadrado de terreno.
“A corto plazo, las comunidades campesinas quedarán divididas por las carreteras, quedando más alejados de sus parcelas y cultivos; los caminos comunitarios quedarán bloqueados, y habrá población atropellada por el exceso de velocidad de los automóviles cuando intenten cruzar esas vías”, dijo.
Señaló que la construcción de los arcos norte y poniente permitirá la especulación inmobiliaria, ya que las empresas constructoras están interesadas en edificar fraccionamientos, industrias y empresas de prestación de servicios, lo que acarreará problemas de contaminación, escasez de agua y alterará la vida social, económica y cultural de los pueblos de asentados en las faldas de los volcanes.
Pero el problema más grave, señaló, es el incremento en el costo de alimentos, vivienda y otros insumos para miles de familias como consecuencia del aumento del costo de la tierra, lo que se traducirá en mayor pobreza para los pueblos originarios.
Lamentó que la creación de estas carreteras sea un negocio para unos cuantos avalado desde el gobierno estatal y queden excluidos del desarrollo los pueblos por donde atravesarán, ya que estas vías serán concesionadas y, por lo tanto, de cuota.
Para la construcción de ambas autopistas, el gobierno del estado está propiciando despojos de tierra, represión y amenazas contra campesinos poblanos. A la fecha, más de 400 ejidatarios han sido víctimas de atropellos por parte de empleados de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
“Gobierno del estado: No estamos solos, como cuando nos despojaste en Nealtican en 1994”, arengaron los campesinos, mientras exigían que Marín Torres los recibiera. “Te recordamos que cuando nos pediste el voto fuiste a buscarnos a nuestras casas. Ahora sal a recibirnos en la tuya”, le espetaron al mandatario.
De acuerdo con Alonso Flores, el gobierno del estado está empeñado en la construcción de las vías rápidas, las cuales conectarán de la caseta de Amozoc, sobre la autopista Puebla–Orizaba, a la planta armadora Volkswagen, en el caso del arco norte, y de la ciudad de Atlixco al aeropuerto Hermanos Serdán en el caso del arco surponiente.
Sin embargo, también pretende edificar el proyecto Aura en las inmediaciones de la presa de Valsequillo. Todos estos planes sólo tiene como finalidad consolidar beneficios para unos cuantos empresarios y dueños de negocios, nacionales y extranjeros.
Hace un par de semanas empleados de la SCT estatal realizaron mediciones sobre terrenos de campesinos como parte de las obras del arco surponiente, en las que actuaron sin permisos de sus propietarios, y encararon y amagaron con expropiar a quienes se opusieran, aseveró el líder de la UGOCM.
Agregó que han solicitado a Valentín Meneses, titular de la SCT en el estado, información sobre el proyecto y los lugares donde quedará marcado el trazo. A la fecha, dicho funcionario se ha negado a atenderlos y a proporcionarles dato alguno, afirmó.
Alonso Flores rechazó que el movimiento campesino en defensa del agua y de la tierra tenga objetivos políticos, y exigió la cancelación definitiva de los tres proyectos, un alto al despojo de tierras, la consulta pública de los planes de desarrollo donde estén involucradas comunidades campesinas y apoyos reales al campo para producir.
Está politizado, señaló Montero
Por su parte, el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, minimizó la protesta y aseguró que existen intereses políticos por parte de agrupaciones “que se oponen al progreso de Puebla y su área metropolitana”; sin embargo, el funcionario admitió que la administración estatal está elaborando un padrón que contendrá el número de familias perjudicadas por las obras, pero que éstas definitivamente no se detendrán.
Montero Serrano sostuvo que en el caso del arco norte, la empresa constructora OHL no ha ofrecido ningún precio a los labriegos por su tierra, ya que no ha concluido el citado padrón, aunque reconoció que sí habrá perjuicio para algunas tierras de labor y edificaciones en la zona urbana de Puebla.
En el caso del arco surponiente, el secretario de Gobernación rechazó los señalamientos del Consejo Regional de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua; aseguró que es mentira que se esté ofreciendo hasta 15 pesos por metro cuadrado de tierra, pues este proyecto está en fase de análisis técnico.
Afirmó que la Secretaría de Gobernación sólo está participando como mediadora en estos casos, y no como entidad responsable de diseñar y ejecutar los proyectos.
No habrá expropiación de tierras, dijo Meneses
Por su parte, Valentín Meneses Rojas afirmó que los proyectos carreteros quedarán concluidos antes de que finalice el actual sexenio.
En un comunicado que envió la SCT estatal ayer por la tarde, el funcionario puntualizó que habrá diálogo con los inconformes, siempre y cuando éstos representen verdaderamente a los ejidatarios, ya que “en diversas manifestaciones, como la efectuada hoy, existen líderes que pretenden politizar los temas”.
Señaló que la SCT pugnará porque los precios que se paguen a los ejidatarios sean acordes a lo que valen realmente los terrenos, pero dejó claro que no habrá expropiación de tierras por parte del gobierno del estado.
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