Critica ONG indolencia ante evidencias
Fuente: La Jornada de Guerrero
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 20 DE ABRIL. Porque algunos de los hechos relacionados con el asesinato de la abogada de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, ocurrida en el Distrito Federal en octubre de 2001, tienen su origen en Guerrero, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) estatal tiene la obligación de abrir una investigación, “no hacerlo es contrario a su mandato y a sus obligaciones”, planteó el secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Edgar Cortez Morales.
El defensor consideró que era lamentable que la PGJE se niegue a abrir una investigación al respecto, porque “hay hechos que presumiblemente pueden constituir un delito”.
En marzo del 2007, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal reabrió la investigación por el crimen contra la abogada. Al principio las autoridades dijeron que se trató de un suicidio, pero luego de un amparo promovido por la familia y la aportación de nuevos elementos, la instancia consideró que no había suficientes elementos para sostener si se había matado o la mataron.
Lo anterior, por las declaraciones del campesino ecologista Javier Torres Cruz, quien denunció que pistoleros del ex alcalde priísta Rogaciano Alba Alvarez –ligado al grupo del narcotraficante JoaquínEl Chapo Guzmán– mataron a Digna Ochoa por órdenes de su jefe.
Digna Ochoa e integrantes del Centro Agustín Pro Juárez acompañaron la defensa legal de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, enfrentados a Alba por la defensa de los recursos forestales en la sierra de Petatlán, quienes estuvieron presos acusados de narcotráfico.
Cortez Morales criticó que la Procuraduría se niegue a abrir una investigación bajo la justificación de que la muerte de la defensora ocurrió en la ciudad de México y no aquí, porque se trata de un juicio a priori que no corresponde a una institución cuyo objetivo es procurar justicia.
Fuente: La Jornada de Guerrero
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 20 DE ABRIL. Porque algunos de los hechos relacionados con el asesinato de la abogada de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, ocurrida en el Distrito Federal en octubre de 2001, tienen su origen en Guerrero, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) estatal tiene la obligación de abrir una investigación, “no hacerlo es contrario a su mandato y a sus obligaciones”, planteó el secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Edgar Cortez Morales.
El defensor consideró que era lamentable que la PGJE se niegue a abrir una investigación al respecto, porque “hay hechos que presumiblemente pueden constituir un delito”.
En marzo del 2007, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal reabrió la investigación por el crimen contra la abogada. Al principio las autoridades dijeron que se trató de un suicidio, pero luego de un amparo promovido por la familia y la aportación de nuevos elementos, la instancia consideró que no había suficientes elementos para sostener si se había matado o la mataron.
Lo anterior, por las declaraciones del campesino ecologista Javier Torres Cruz, quien denunció que pistoleros del ex alcalde priísta Rogaciano Alba Alvarez –ligado al grupo del narcotraficante JoaquínEl Chapo Guzmán– mataron a Digna Ochoa por órdenes de su jefe.
Digna Ochoa e integrantes del Centro Agustín Pro Juárez acompañaron la defensa legal de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, enfrentados a Alba por la defensa de los recursos forestales en la sierra de Petatlán, quienes estuvieron presos acusados de narcotráfico.
Cortez Morales criticó que la Procuraduría se niegue a abrir una investigación bajo la justificación de que la muerte de la defensora ocurrió en la ciudad de México y no aquí, porque se trata de un juicio a priori que no corresponde a una institución cuyo objetivo es procurar justicia.
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