El estado destaca en toda América Latina por la criminalización de las luchas sociales
Fuente: La Jornada de Guerrero
Inauguran foro internacional con expertos de la CIDH, DPLF, Colombia, Perú y Chile
Dar garantías a defensores debe ser parte de la agenda del gobierno, demanda Tlachinollan
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 20 DE ABRIL. Aunque en toda América Latina hay una tendencia a desprestigiar el trabajo de los defensores de derechos humanos y a criminalizar la protesta social, organizaciones nacionales que participaron hoy en un foro internacional en esta capital sobre el tema, consideraron que en ese aspecto la situación de Guerrero es una de las más graves del país, y empeoró a partir del asesinato de los dirigentes mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
El foro que comenzó hoy y concluirá mañana martes cuenta con la participación de organizaciones internacionales, entre ellas la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, en inglés), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Brigadas Internacionales por la Paz y organismos defensores de derechos de Colombia, Perú y Chile, y de estados como Oaxaca, Chiapas y Nuevo León, además de Guerrero.
En la inauguración, a cargo de la directora de la DPLF, Katya Salazar, y el director de Tlachinollan, Abel Barrerra Hernández, éste convocó a las organizaciones sociales y organismos defensores de los derechos a poner en la agenda estatal la problemática del sector y crear los mecanismos de autoprotección, ya que de parte del estado no hay un trabajo efectivo para proteger a los activistas.
Emily E. Joly, también del DPLF, observó que en todos los casos de América Latina “existe un patrón de criminalización” del trabajo de los defensores y de la lucha social.
Este patrón consta de tres pasos: el cierre de canales de diálogo y negociación, la represión de la protesta social y el uso del poder Judicial para intimidar a todos los que se organizan para defender sus derechos mediante protestas.
Joly destacó que los gobiernos usan el aparato judicial contra las organizaciones y además impone delitos desproporcionados a quienes protestan, como sedición y motín.
Pero además de este uso discrecional de la ley contra defensores y luchadores sociales va acompañado por la impunidad, cuando se trata de investigar agresiones a este sector.
En el primer día del foro se desarrollaron los paneles Los alcances del sistema interamericano, a cargo de la abogada de la Unidad de Defensores de la CIDH, Belissa Guerrero, y Experiencias comparadas de América Latina, a cargo de defensores de derechos humanos de Perú y Colombia, y Experiencias de México, en la que participaron integrantes de 10 organismos locales.
Edgar Cortez Morales, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, consideró que aunque el proceso de criminalización de los defensores y de las protestas sociales se está dando en muchos lugares, “el de Guerrero es el más grave y esa situación la marcó el asesinato de los dirigentes Raúl Lucas y Manuel Ponce, además del hecho de que un organismo haya tenido que cerrar sus oficinas”.
Cortez Morales destacó que en 25 años que tiene el trabajo de defensoría de los derechos humanos en el país, es la primera vez que un organismo se vio obligado a cerrar sus oficinas, el caso de Tlalchinollan en Ayutla, porque no había condiciones de seguridad para desarrollar su trabajo.
El foro mencionado se lleva cabo en seguimiento a la audiencia que en octubre de 2008 otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Fundación para el Debido Proceso Legal, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. En esa oportunidad se denunciaron las violaciones a derechos humanos que privan en Guerrero y que continúan en la impunidad.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Inauguran foro internacional con expertos de la CIDH, DPLF, Colombia, Perú y Chile
Dar garantías a defensores debe ser parte de la agenda del gobierno, demanda Tlachinollan
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 20 DE ABRIL. Aunque en toda América Latina hay una tendencia a desprestigiar el trabajo de los defensores de derechos humanos y a criminalizar la protesta social, organizaciones nacionales que participaron hoy en un foro internacional en esta capital sobre el tema, consideraron que en ese aspecto la situación de Guerrero es una de las más graves del país, y empeoró a partir del asesinato de los dirigentes mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
El foro que comenzó hoy y concluirá mañana martes cuenta con la participación de organizaciones internacionales, entre ellas la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, en inglés), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Brigadas Internacionales por la Paz y organismos defensores de derechos de Colombia, Perú y Chile, y de estados como Oaxaca, Chiapas y Nuevo León, además de Guerrero.
En la inauguración, a cargo de la directora de la DPLF, Katya Salazar, y el director de Tlachinollan, Abel Barrerra Hernández, éste convocó a las organizaciones sociales y organismos defensores de los derechos a poner en la agenda estatal la problemática del sector y crear los mecanismos de autoprotección, ya que de parte del estado no hay un trabajo efectivo para proteger a los activistas.
Emily E. Joly, también del DPLF, observó que en todos los casos de América Latina “existe un patrón de criminalización” del trabajo de los defensores y de la lucha social.
Este patrón consta de tres pasos: el cierre de canales de diálogo y negociación, la represión de la protesta social y el uso del poder Judicial para intimidar a todos los que se organizan para defender sus derechos mediante protestas.
Joly destacó que los gobiernos usan el aparato judicial contra las organizaciones y además impone delitos desproporcionados a quienes protestan, como sedición y motín.
Pero además de este uso discrecional de la ley contra defensores y luchadores sociales va acompañado por la impunidad, cuando se trata de investigar agresiones a este sector.
En el primer día del foro se desarrollaron los paneles Los alcances del sistema interamericano, a cargo de la abogada de la Unidad de Defensores de la CIDH, Belissa Guerrero, y Experiencias comparadas de América Latina, a cargo de defensores de derechos humanos de Perú y Colombia, y Experiencias de México, en la que participaron integrantes de 10 organismos locales.
Edgar Cortez Morales, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, consideró que aunque el proceso de criminalización de los defensores y de las protestas sociales se está dando en muchos lugares, “el de Guerrero es el más grave y esa situación la marcó el asesinato de los dirigentes Raúl Lucas y Manuel Ponce, además del hecho de que un organismo haya tenido que cerrar sus oficinas”.
Cortez Morales destacó que en 25 años que tiene el trabajo de defensoría de los derechos humanos en el país, es la primera vez que un organismo se vio obligado a cerrar sus oficinas, el caso de Tlalchinollan en Ayutla, porque no había condiciones de seguridad para desarrollar su trabajo.
El foro mencionado se lleva cabo en seguimiento a la audiencia que en octubre de 2008 otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Fundación para el Debido Proceso Legal, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. En esa oportunidad se denunciaron las violaciones a derechos humanos que privan en Guerrero y que continúan en la impunidad.
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