Las autoridades locales minimizaron el caso y no investigaron a fondo, señalan
Fuente: La Jornada de Guerrero
Hay argumentos jurídicos para que la investigación sea federal, afirman Castro y Marín
CITLAL GILES SANCHEZ
Las viudas de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas enviaron un escrito a la Procuraduría General de la República (PGR) para que atraiga las investigaciones del doble asesinato contra los defensores de los derechos indígenas, exponiendo las diversas irregularidades que han cometido las autoridades judiciales del estado.
El pasado martes 24 de marzo las viudas de Raúl y Manuel, Guadalupe Castro Morales y Margarita Marín de las Nieves, expusieron al procurador de la República, Eduardo Medina Mora, las anomalías cometidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) desde que denunciaron la desaparición forzada de los dirigentes.
En el escrito detallan el día en que Raúl y Manuel fueron detenidos por un grupo de hombres armados que se identificaron como policías, así como la llamada que recibió minutos más tarde Guadalupe Castro, a quien amenazaron con matar a su esposo si denunciaba públicamente el caso.
Se agregó en el escrito la denuncia que intentó poner ese mismo día Guadalupe Castro ante el Ministerio Público de Ayutla por la desaparición forzada de los defensores, sin embargo, el personal se negó a abrir una averiguación y sólo levantó un acta ministerial.
“Ante la inacción” del MP de Ayutla, Castro Morales acudió a las oficinas centrales de la PGJE a poner la denuncia.
El 20 de febrero fueron encontrados los cuerpos de Raúl y Manuel, con visibles huellas de tortura, además de que a un lado de los cuerpos había casquillos de pistola calibre .38 súper.
En el oficio que enviaron a Medina Mora las viudas consideran que el actuar de las autoridades judiciales del estado no sólo fue tardía, sino también omisa; mientras que las autoridades del MP de Ayutla “minimizaron” los hechos y se negaron a hacer una investigación de fondo.
“Como se puede observar, existen argumentos técnicos y jurídicos que posibilitan la atracción del presente caso, pues hay concurrencia de delitos federales con delitos del orden común”, detalla uno de los párrafos.
Se agrega que ante las diversas irregularidades en las que ha incurrido la PGJE, las viudas de Raúl y Manuel tienen dudas de la independencia e imparcialidad de dicha institución, ya que consideran que el delito fue cometido por funcionarios o por personas que trabajan en contubernio con las autoridades.
Por tal motivo pidieron al procurador la atracción del caso de desaparición forzada, tortura y asesinato los dirigentes na savi.
Las viudas se pusieron a disposición de la PGR para servir como coadyuvantes en el caso.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Hay argumentos jurídicos para que la investigación sea federal, afirman Castro y Marín
CITLAL GILES SANCHEZ
Las viudas de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas enviaron un escrito a la Procuraduría General de la República (PGR) para que atraiga las investigaciones del doble asesinato contra los defensores de los derechos indígenas, exponiendo las diversas irregularidades que han cometido las autoridades judiciales del estado.
El pasado martes 24 de marzo las viudas de Raúl y Manuel, Guadalupe Castro Morales y Margarita Marín de las Nieves, expusieron al procurador de la República, Eduardo Medina Mora, las anomalías cometidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) desde que denunciaron la desaparición forzada de los dirigentes.
En el escrito detallan el día en que Raúl y Manuel fueron detenidos por un grupo de hombres armados que se identificaron como policías, así como la llamada que recibió minutos más tarde Guadalupe Castro, a quien amenazaron con matar a su esposo si denunciaba públicamente el caso.
Se agregó en el escrito la denuncia que intentó poner ese mismo día Guadalupe Castro ante el Ministerio Público de Ayutla por la desaparición forzada de los defensores, sin embargo, el personal se negó a abrir una averiguación y sólo levantó un acta ministerial.
“Ante la inacción” del MP de Ayutla, Castro Morales acudió a las oficinas centrales de la PGJE a poner la denuncia.
El 20 de febrero fueron encontrados los cuerpos de Raúl y Manuel, con visibles huellas de tortura, además de que a un lado de los cuerpos había casquillos de pistola calibre .38 súper.
En el oficio que enviaron a Medina Mora las viudas consideran que el actuar de las autoridades judiciales del estado no sólo fue tardía, sino también omisa; mientras que las autoridades del MP de Ayutla “minimizaron” los hechos y se negaron a hacer una investigación de fondo.
“Como se puede observar, existen argumentos técnicos y jurídicos que posibilitan la atracción del presente caso, pues hay concurrencia de delitos federales con delitos del orden común”, detalla uno de los párrafos.
Se agrega que ante las diversas irregularidades en las que ha incurrido la PGJE, las viudas de Raúl y Manuel tienen dudas de la independencia e imparcialidad de dicha institución, ya que consideran que el delito fue cometido por funcionarios o por personas que trabajan en contubernio con las autoridades.
Por tal motivo pidieron al procurador la atracción del caso de desaparición forzada, tortura y asesinato los dirigentes na savi.
Las viudas se pusieron a disposición de la PGR para servir como coadyuvantes en el caso.
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