viernes, 27 de marzo de 2009

Emite la CEDHJ recomendación dirigida al alcalde tapatío Alfonso Petersen Farah

El organismo acreditó que dos policías mataron a un mesero el 19 de enero de este año


Fuente: La Jornada de Jalisco

JORGE COVARRUBIAS

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió su cuarta recomendación en lo que va del año (4/09) que está dirigida al presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, por violación al derecho a la vida, a la legalidad y seguridad jurídica.

El organismo acreditó que los policías de la Dirección de Seguridad Pública tapatía, Pablo Ríos González y Enrique García Robles, asesinaron a un mesero el 19 de enero del año en curso, y lo arrojaron a la barranca de Oblatos.

De acuerdo con el informe que rindió el presidente del organismo, Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, los elementos detuvieron el 19 de enero al victimado en la zona 4, presuntamente porque estaba ebrio, agresivo y estorbaba el tráfico vehicular.

“Lo esposaron y lo subieron a la patrulla; lo trasladaron a la colonia Jardines de la Barranca, donde lo bajaron a rastras; lo golpearon, lo llevaron a la orilla de la barranca de Oblatos y lo empujaron al vacío”, dijo el ombudsman.

Alvarez Cibrián narró la brutalidad que emplearon los policías para someter a su víctima. Al llegar al lugar, Enrique García bajó al mesero de la patrulla y le propinó cinco patadas; cuatro en los costados y uno en la cabeza. Enseguida, arrastró al sujeto, todavía esposado, y lo dejó al filo de la barranca; sacó una lámpara y con ella golpeó detrás de la cabeza al detenido, y todavía le dio dos golpes más en el abdomen. Después lo colocó a la orilla, le pasó los pies por la malla ciclónica que en esa parte tiene un hoyo de aproximadamente un metro de diámetro, lo sentó, le quitó los aros aprehensores y lo empujó al vacío.

“Al preguntarle a Enrique por qué lo aventó, la respuesta fue que no pasaba nada, que ya se retiraran. Pablo Ríos dijo que vio que el hombre estaba boca abajo, atorado en un árbol, con los pantalones en los tobillos, y aún así, ambos subieron a la patrulla y se retiraron”.

Por estos hechos, la Comisión solicitó al primer edil que repare los daños a los deudos del agraviado en independencia del resultado de otros procedimientos que en forma simultánea se estén desarrollando. Qué gire instrucciones al director de Asuntos Internos y Jurídicos del municipio, Luis Roberto Dávila Sánchez, para que concluya el procedimiento de responsabilidad administrativa 27/09-F, iniciado en contra de los oficiales de policía y tome en cuenta el informe del organismo.

Como tercer punto se le pide a Petersen Farah que instruya al director de Seguridad Pública, Macedonio Tamez Guajardo, para que ponga en marcha un programa integral de capacitación al personal de la corporación a su cargo, que permita a los policías reforzar su formación y se evite que sufran impactos psicológicos que afecten su integridad y la de los demás. “Se sugiere que se aporten criterios de autocuidado, sensibilización, calidez, respeto a la dignidad y elementos de intervención en crisis y manejo del estrés”, y finalmente que instruya a los funcionarios mencionados para en forma coordinada realicen una investigación para determinar si los policías actualmente activos cuentan con antecedentes penales o de responsabilidad administrativa y si tienen el perfil para desempeñar su cargo.

Se niega a divulgar recomendación

Al darse a conocer la resolución del Instituto Estatal de Transparencia (ITEI) que obliga a la CEDHJ a divulgar la recomendación que estuvo dirigida al procurador de Justicia, Tomás Coronado Olmos, por su presunta participación en una fiesta donde se abuso sexualmente de menores de edad, el titular del organismo que vela por las garantías individuales consideró que se comete una equivocación que pone en riesgo la integridad de las niñas, por lo que adelantó que posiblemente se impugnará.

“Es muy lamentable esta resolución. Estamos nosotros analizando las estrategias jurídicas para impugnarla pero, independientemente de eso, aquí podrán con todo derecho, acudir a interponer el juicio de amparo los representantes legales de las personas menores de edad que aquí declararon y que participaron en este trámite de queja porque definitivamente la justicia federal, yo estoy completamente seguro, debe conceder la suspensión de estos actos que ha ordenado el ITEI”, precisó.

Aunque el ITEI sugirió que se omitan los nombres y domicilios de las adolescentes agraviadas, elombudsman manifestó que esta medida no es suficiente.

“Hay transcripciones dentro de esa recomendación, insisto, de cómo se dio la agresión sexual de parte de Martín Aguirre Aguirre, por lo menos a una menor de edad, imagínense ustedes si es adecuado que con el pretexto de anteponer el derecho a la información lo vayamos a hacer público y lo pongamos en una página de Internet y se lo demos a cualquier ciudadano que nos lo solicite”, puntualizó.

El ombudsman añadió que la CEDHJ no puede ser incongruente con su actuar y no permitirán que una institución que se equivocó al resolver genere que la propia Comisión viole los derechos humanos de las personas menores de edad, que llegaron a declarar “considerando que esta institución es una institución seria, de buena fe y que no va a evidenciar esas situaciones tan graves”.

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