viernes, 27 de marzo de 2009

Lamenta la Coddehum cierre de oficinas del centro Tlachinollan en la Costa Chica

Defensa de derechos en la zona se debilita: Lugo Cortés

Fuente: La Jornada de Guerrero


MARLEN CASTRO Y CITLAL GILES

CHILPANCINGO, 26 DE MARZO. La Visitaduría General de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) calificó como un hecho lamentable la decisión de Tlachinollan de cerrar su oficina en Ayutla, ante la falta de garantías para que los defensores puedan realizar su trabajo, pues eso coloca a la región en un estado de indefensión.

El visitador general, Hipólito Lugo Cortés, señaló que en el estado de Guerrero la defensa y protección de los derechos humanos es una actividad de riesgo, y por ello el organismo público creó un programa de atención a los agravios de los defensores civiles de derechos humanos, porque con esta actividad se ubican dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad; de sufrir actos de amenazas, hostigamiento e inclusive, de represión.

Agregó que en otros momentos defensores civiles de derechos humanos han sufrido hostigamiento y por ello el organismo a dictado medidas cautelares para brindarles seguridad y protección, como en su caso tuvo el coordinador de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Otro es el caso de Tita Radilla, de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de México (Afadem), en Atoyac, en la Costa Grande, quien hasta la fecha cuenta con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz para inhibir cualquier atentado contra su integridad física.

Recordó que en el caso de la seguridad de la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) Obtilia Eugenio Manuel, la Coddehum también dictó medidas cautelares por las amenazas sufridas, así como para Cuauhtémoc Ramírez, de la misma organización.

Lugo Cortés agregó también que algunos de los dirigentes de la OPIM tienen órdenes de aprehensión, lo que genera una situación tensa para el trabajo de defensa y protección de los derechos humanos.

El funcionario señaló que lamentaban esa decisión porque la Coddehum y Tlalchinollan se han acompañado en el trabajo de la defensa de los derechos humanos, y aunque la Coddehum mantendrá su presencia en la región, el retiro de la organización civil coloca en una situación de indefensión a la región.

Situación alarmante: ONG

El coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, así como el senador por el PRD, David Jiménez Rumbo lamentaron el cierre de las oficinas que tiene el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan en Ayutla, y recriminaron que es una muestra de que en Guerrero hay un retroceso en la defensa de los derechos humanos.

Monroy Hernández destacó que en los últimos tiempos, los defensores y luchadores sociales se encuentran desprotegidos y con el temor de que sus vidas corran peligro, lo que muestra una ineficacia por parte del gobierno de Zeferino Torrentera para garantizar el trabajo de los defensores de derechos.

Aseguró que Tlachinollan se vio obligado a separarse “físicamente” de la región, sin embargo dijo, que seguirán atendiendo las demandas y denuncias que se tengan en Ayutla y en toda la Costa Chica.

Consideró que es alarmante esta situación pues en ningún lugar del país se había generado tal situación, “ni siquiera en Chiapas con la confrontación del EZLN con el Ejército Mexicano o en Oaxaca con la APPO se vivió esto”.

Para el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota, Felipe Flores, fue sorprendente enterarse de tal situación, pues se demuestra que hay ingobernabilidad y peligro para organizaciones y movimientos sociales.

“La verdad estamos viviendo una situación difícil todos los ciudadanos; el gobierno no hace nada, al contrario, lo que hace es hostigar a los luchadores sociales y esto es porque temen que lleguen a dar con los culpables del asesinato de los dirigentes na savi”, dijo.

Jiménez Rumbo lamentó que Tlachinollan haya cerrado sus oficinas y destacó que no sólo es en Ayutla donde se vive represión, hostigamiento, pues indicó que es en todo el estado y destacó los casos de intimidación contra la activista del PRD, Aurora Muñoz así como la vinculación que quieren hacer del investigador Rogelio Ortega con las FARC.

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