No sé que más quiere el gobierno, solo pedimos justicia. (Fuente: Cimac / Sandra Torres Pastrana). Ayutla de los Libres, Gro. A mí me violaron militares, el año pasado me mataron a mi hermano Lorenzo, integrante de la Organización de Pueblos indígenas Me´phaa (OPIM) y quién me apoyó en todo momento para hacer mi denuncia.
Además, el hermano que me queda, Ocotlán, está amenazado de muerte junto con mi esposo, dos de mis sobrinos miembros de la OPIM estuvieron en la cárcel injustamente. Vivo con miedo por mi hijos y por mí, no sé que más quiere el gobierno, nosotros lo único que hemos pedido es justicia.
Así resume Inés lo que ha sido su vida desde el 22 de marzo de 2002, cuando fue atacada sexualmente por militares en su casa, en Barranca Tecuani, comunidad en Ayutla de los libres, Guerrero. Su relato es conocido por Cimacnoticias a través de su traductora y presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, pues Inés solo habla Me´phaa.
Dice Inés que la impunidad que hay alrededor de cada una de las injusticias a las que han sometido a su familia y a otros miembros de la OPIM es porque al gobierno le enoja que ellos se organicen y porque su caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque las autoridades del país no me pudieron arreglar su problema.
El caso de Inés fue presentado ante la CIDH en junio de 2004, después de agotar las instancias de justicia nacionales, lo que se tradujo en un evidente estado de impunidad y falta de acceso a la justicia que prevalece en México. El 12 de octubre de 2007, compareció a una audiencia pública, junto con Valentina, otra indígena tlapaneca violada también por militares ese mismo año.
Inés asegura: “la justicia no existe para nosotros, nadie ha hecho algo para esclarecer el caso de mi hermano al que mataron el 10 de febrero del 2008, a pesar de tener huellas de tortura y ser hallado en la cabecera municipal de Ayutla, no hay seguridad para la gente que se organiza, no hay gobierno que pueda solucionar los problemas, por eso mejor deciden meter a la cárcel a la gente de la OPIM, solo por organizarse.
Inés dice “yo sé que el gobierno tiene que ver todo lo que pasa en el país, pero también tiene que mirar la discriminación e injusticia a las que estamos sometidas los pueblos indígenas”.
Inés, que acudió a la entrevista en las oficinas de la OPIM, en Ayutla de Los Libres, se ve cansada, preocupada y un poco enferma. Está en Ayutla porque el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, tuvo que ir por ella a su casa, en Barranca Tecuani, porque el Ejército se presentó en el lugar desde el pasado 2 de febrero.
Me mataron en vida
Cuando los soldados llegaron, Inés se encerró en su casa, con dolores de cabeza, calenturas y temblores, sus hijos, una niña de 9 años y dos varones de 11 y 5 años, dejaron de ir a la escuela, “Tengo mucho miedo –dice Inés—de que mi hija pueda ser agredida sexualmente por los “guachos”, (así es como la gente de esta región les dice a los miembros del Ejército), como me pasó a mí, o que agredan a mis hijos”.
A pesar de ese miedo, nos sonríe y nos pregunta sobre el trabajo que realiza Cimacnoticias, toma café que nos han preparado otras mujeres miembros de la OPIM que observan a lo lejos.
¿Qué pasó ahora que los militares entraron de nuevo a tu comunidad?
Al ver a los guachos, recuerdo lo que viví y tengo miedo. Desde que fui violada vivo junto al miedo, mi vida es triste, peleo mucho con mi marido.
“Los guachos me robaron la tranquilidad y la de mi familia, como mujer me queda claro que el Gobierno no respeta mis derechos y garantías, como los militares que me violaron; me mataron en vida, ya no soy la Inés feliz que era antes, ahora soy diferente, vivo con miedo”.
¿Haz tenido algún tipo de acercamiento por parte de alguna autoridad?
“A pesar de haber denunciado y pedir justicia, no hay respuesta del Gobierno mexicano, de ninguna autoridad. Ninguna funcionaria, ni diputada, ha intentado ayudarme para que se investigue mi caso”.
“Para mi es claro que ninguna funcionaria o funcionario tiene el interés de solidarizarse con los problemas que tienen las mujeres indígenas y la justicia para sus pueblos”.
“Yo necesitaba apoyo al momento y nadie me lo brindó, ahora que mi caso está en instancias internacionales, que otros países piden justicia, intentan acercarse, pero aún así no hacen nada”.
La OPIM y su familia
¿Por qué decides incursionar en la OPIM a lado de tu familia?
He participado en la OPIM con mi esposo para organizarnos, pedir las necesidades de nuestras comunidades, necesidades que son básicas como tener maestro, médicos, buenos caminos y obras, además porque muchas mujeres se mueren por enfermedad así como muchas niñas y niños.
“Junto con mis hermanos nos fuimos organizando para que los militares no nos robaran nuestras siembras, porque hace varios años los militares se metían a nuestras parcelas y roban lo que sembramos como maíz, calabaza y plátanos, esto fue otra circunstancia que nos obligo a organizarnos”.
¿Tú mamá y papá pertenecen a la OPIM?
“Mi mamá es parte de la OPIM y mi padre nunca conoció esta forma de organizarnos. Lo que le pasó a él fue otra de las circunstancias que nos hizo ser integrantes de la OPIM: yo lucho por él, porque lo asesinaron quemándolo en 1999 en la comunidad y nunca supimos quién lo hizo”.
“Aunque ese día mi papá estaba borracho, solo un cobarde pudo quemarlo, a partir de ahí eso fue lo que nos hizo estar en la OPIM, porque yo y mis hermanos queríamos investigar por qué le hicieron eso a nuestro padre y quién lo hizo”.
Inés es la única mujer en su familia y tenía dos hermanos varones: el más pequeño, Ocotlán, vive amenazado de muerte y el mayor Lorenzo Fernández Ortega, fue asesinado hace un año. “Él era quien más me apoyó cuando fui violada por los militares, siempre me iba ha ver y estaba al pendiente de mí”.
Denuncia contra los militares
¿Cómo decides denunciar el abuso de los militares?
“Es muy difícil lo que me pasó, aún no lo puedo contar con detalle y no lo puedo repetir, pero yo quise ser ejemplo para las mujeres de la zona que sufren violación por los militares, para que vayan y denuncien, pero como les tienen miedo no solo a los militares sino también a sus maridos, esto las hace callar”.
“Yo denuncie por la fuerza y el apoyo que me brindó mi familia y en especial mi hermano Lorenzo, porque además yo sé que hay muchas mujeres que son violadas y no denuncian por miedo, porque dicen “ellos traen armas”, “a ellos los mando el gobierno”, “ellos fácil te matan”, eso piensan las mujeres y hombres de la comunidad y quiero que cambien, que denuncien cuando se violen sus derechos”.
¿Recibiste algún apoyo después de que te atacaron sexualmente?
Cuando me violaron los militares no recibí ningún apoyo, ni la del comisario de mi comunidad porque pertenece a otro grupo, que está en contra de la OPIM. En la comunidad. al momento de ser violada me decían, “hay viene mujer de guacho, quién sabe cuánto aguantó”. Pero ya después de que se dieron cuenta de cómo se sufre, ya te respetan y te dan apoyo, pero sobre todo de la gente que pertenece a la OPIM”.
¿Cuándo es que te sientes más segura y se te quita el miedo?
Cuando estoy con las mujeres de la OPIM y me dicen que no estoy sola, que están conmigo.
¿Has pensado en salirte de tu comunidad?
No lo he pensado, porque soy de una comunidad y no tengo dinero, si salgo a otra comunidad tengo que comprar terreno para sembrar, por eso no me salgo, mi parcela no la puedo dejar sola. Aunque a veces pienso que en algún momento voy a tener que salir, si acaso el gobierno se enoja mucho más y mande más militares, porque parece que quieren llenar de militares.
La casa de Inés en Barranca Tecuani es pobre, de difícil acceso porque, efectivamente, está entre barrancas. En las escarpadas laderas siembran maíz, calabaza, chile, frijol y cada siembra y cosecha constituye una verdadera proeza, por eso el robo de sus productos por parte de militares es aún más oprobioso. De esas cosechas tienen que comer todo el año.
¿Qué pasó en tu parcela, Inés?
Los guachos entraron a mi parcela, yo no tengo sembrado otra cosa, no pueden decir que tenemos droga, por eso pido que suban los periodistas y vean lo que sembramos.
Maíz, calabaza y chile es lo que se ve en la milpa de Inés, que evidencia también la destrucción y el saqueo que, explica ella, hicieron los militares.
Bajamos a las barrancas con Fortunado, el esposo de Inés; con Obtilia, con una abogada, dos abogados y otros miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, quienes fueron a levantar la queja y a documentar el robo.
Fortunato les dice a los abogados, a través de Obtilia, que él solo vio a los guachos de lejos y no había bajado a su parcela. Reitera que lo hay en su parcela es lo que su familia tiene para comer todo el año.
¿Cuál es tu mayor sueño, Inés?
Mi sueño es vivir tranquila con mis hijos, con mi esposo y toda mi familia. A pesar de todo lo que me pasó, quiero tratar de hacerlo, pero cuando lo intento ahí están de nuevo los guachos otra vez en mi comunidad y me reviven lo que me ha pasado no me dejan vivir en paz.
Mientras, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, está en espera de que el Estado mexicano atienda la recomendación que le hizo la CIDH en noviembre pasado, que se repare el daño y se castigue a los responsables.
Pero si el Estado no las acepta, la CIDH emitirá un Informe final o el caso se irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como lo pidió en diciembre pasado.
Además, el hermano que me queda, Ocotlán, está amenazado de muerte junto con mi esposo, dos de mis sobrinos miembros de la OPIM estuvieron en la cárcel injustamente. Vivo con miedo por mi hijos y por mí, no sé que más quiere el gobierno, nosotros lo único que hemos pedido es justicia.
Así resume Inés lo que ha sido su vida desde el 22 de marzo de 2002, cuando fue atacada sexualmente por militares en su casa, en Barranca Tecuani, comunidad en Ayutla de los libres, Guerrero. Su relato es conocido por Cimacnoticias a través de su traductora y presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, pues Inés solo habla Me´phaa.
Dice Inés que la impunidad que hay alrededor de cada una de las injusticias a las que han sometido a su familia y a otros miembros de la OPIM es porque al gobierno le enoja que ellos se organicen y porque su caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque las autoridades del país no me pudieron arreglar su problema.
El caso de Inés fue presentado ante la CIDH en junio de 2004, después de agotar las instancias de justicia nacionales, lo que se tradujo en un evidente estado de impunidad y falta de acceso a la justicia que prevalece en México. El 12 de octubre de 2007, compareció a una audiencia pública, junto con Valentina, otra indígena tlapaneca violada también por militares ese mismo año.
Inés asegura: “la justicia no existe para nosotros, nadie ha hecho algo para esclarecer el caso de mi hermano al que mataron el 10 de febrero del 2008, a pesar de tener huellas de tortura y ser hallado en la cabecera municipal de Ayutla, no hay seguridad para la gente que se organiza, no hay gobierno que pueda solucionar los problemas, por eso mejor deciden meter a la cárcel a la gente de la OPIM, solo por organizarse.
Inés dice “yo sé que el gobierno tiene que ver todo lo que pasa en el país, pero también tiene que mirar la discriminación e injusticia a las que estamos sometidas los pueblos indígenas”.
Inés, que acudió a la entrevista en las oficinas de la OPIM, en Ayutla de Los Libres, se ve cansada, preocupada y un poco enferma. Está en Ayutla porque el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, tuvo que ir por ella a su casa, en Barranca Tecuani, porque el Ejército se presentó en el lugar desde el pasado 2 de febrero.
Me mataron en vida
Cuando los soldados llegaron, Inés se encerró en su casa, con dolores de cabeza, calenturas y temblores, sus hijos, una niña de 9 años y dos varones de 11 y 5 años, dejaron de ir a la escuela, “Tengo mucho miedo –dice Inés—de que mi hija pueda ser agredida sexualmente por los “guachos”, (así es como la gente de esta región les dice a los miembros del Ejército), como me pasó a mí, o que agredan a mis hijos”.
A pesar de ese miedo, nos sonríe y nos pregunta sobre el trabajo que realiza Cimacnoticias, toma café que nos han preparado otras mujeres miembros de la OPIM que observan a lo lejos.
¿Qué pasó ahora que los militares entraron de nuevo a tu comunidad?
Al ver a los guachos, recuerdo lo que viví y tengo miedo. Desde que fui violada vivo junto al miedo, mi vida es triste, peleo mucho con mi marido.
“Los guachos me robaron la tranquilidad y la de mi familia, como mujer me queda claro que el Gobierno no respeta mis derechos y garantías, como los militares que me violaron; me mataron en vida, ya no soy la Inés feliz que era antes, ahora soy diferente, vivo con miedo”.
¿Haz tenido algún tipo de acercamiento por parte de alguna autoridad?
“A pesar de haber denunciado y pedir justicia, no hay respuesta del Gobierno mexicano, de ninguna autoridad. Ninguna funcionaria, ni diputada, ha intentado ayudarme para que se investigue mi caso”.
“Para mi es claro que ninguna funcionaria o funcionario tiene el interés de solidarizarse con los problemas que tienen las mujeres indígenas y la justicia para sus pueblos”.
“Yo necesitaba apoyo al momento y nadie me lo brindó, ahora que mi caso está en instancias internacionales, que otros países piden justicia, intentan acercarse, pero aún así no hacen nada”.
La OPIM y su familia
¿Por qué decides incursionar en la OPIM a lado de tu familia?
He participado en la OPIM con mi esposo para organizarnos, pedir las necesidades de nuestras comunidades, necesidades que son básicas como tener maestro, médicos, buenos caminos y obras, además porque muchas mujeres se mueren por enfermedad así como muchas niñas y niños.
“Junto con mis hermanos nos fuimos organizando para que los militares no nos robaran nuestras siembras, porque hace varios años los militares se metían a nuestras parcelas y roban lo que sembramos como maíz, calabaza y plátanos, esto fue otra circunstancia que nos obligo a organizarnos”.
¿Tú mamá y papá pertenecen a la OPIM?
“Mi mamá es parte de la OPIM y mi padre nunca conoció esta forma de organizarnos. Lo que le pasó a él fue otra de las circunstancias que nos hizo ser integrantes de la OPIM: yo lucho por él, porque lo asesinaron quemándolo en 1999 en la comunidad y nunca supimos quién lo hizo”.
“Aunque ese día mi papá estaba borracho, solo un cobarde pudo quemarlo, a partir de ahí eso fue lo que nos hizo estar en la OPIM, porque yo y mis hermanos queríamos investigar por qué le hicieron eso a nuestro padre y quién lo hizo”.
Inés es la única mujer en su familia y tenía dos hermanos varones: el más pequeño, Ocotlán, vive amenazado de muerte y el mayor Lorenzo Fernández Ortega, fue asesinado hace un año. “Él era quien más me apoyó cuando fui violada por los militares, siempre me iba ha ver y estaba al pendiente de mí”.
Denuncia contra los militares
¿Cómo decides denunciar el abuso de los militares?
“Es muy difícil lo que me pasó, aún no lo puedo contar con detalle y no lo puedo repetir, pero yo quise ser ejemplo para las mujeres de la zona que sufren violación por los militares, para que vayan y denuncien, pero como les tienen miedo no solo a los militares sino también a sus maridos, esto las hace callar”.
“Yo denuncie por la fuerza y el apoyo que me brindó mi familia y en especial mi hermano Lorenzo, porque además yo sé que hay muchas mujeres que son violadas y no denuncian por miedo, porque dicen “ellos traen armas”, “a ellos los mando el gobierno”, “ellos fácil te matan”, eso piensan las mujeres y hombres de la comunidad y quiero que cambien, que denuncien cuando se violen sus derechos”.
¿Recibiste algún apoyo después de que te atacaron sexualmente?
Cuando me violaron los militares no recibí ningún apoyo, ni la del comisario de mi comunidad porque pertenece a otro grupo, que está en contra de la OPIM. En la comunidad. al momento de ser violada me decían, “hay viene mujer de guacho, quién sabe cuánto aguantó”. Pero ya después de que se dieron cuenta de cómo se sufre, ya te respetan y te dan apoyo, pero sobre todo de la gente que pertenece a la OPIM”.
¿Cuándo es que te sientes más segura y se te quita el miedo?
Cuando estoy con las mujeres de la OPIM y me dicen que no estoy sola, que están conmigo.
¿Has pensado en salirte de tu comunidad?
No lo he pensado, porque soy de una comunidad y no tengo dinero, si salgo a otra comunidad tengo que comprar terreno para sembrar, por eso no me salgo, mi parcela no la puedo dejar sola. Aunque a veces pienso que en algún momento voy a tener que salir, si acaso el gobierno se enoja mucho más y mande más militares, porque parece que quieren llenar de militares.
La casa de Inés en Barranca Tecuani es pobre, de difícil acceso porque, efectivamente, está entre barrancas. En las escarpadas laderas siembran maíz, calabaza, chile, frijol y cada siembra y cosecha constituye una verdadera proeza, por eso el robo de sus productos por parte de militares es aún más oprobioso. De esas cosechas tienen que comer todo el año.
¿Qué pasó en tu parcela, Inés?
Los guachos entraron a mi parcela, yo no tengo sembrado otra cosa, no pueden decir que tenemos droga, por eso pido que suban los periodistas y vean lo que sembramos.
Maíz, calabaza y chile es lo que se ve en la milpa de Inés, que evidencia también la destrucción y el saqueo que, explica ella, hicieron los militares.
Bajamos a las barrancas con Fortunado, el esposo de Inés; con Obtilia, con una abogada, dos abogados y otros miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, quienes fueron a levantar la queja y a documentar el robo.
Fortunato les dice a los abogados, a través de Obtilia, que él solo vio a los guachos de lejos y no había bajado a su parcela. Reitera que lo hay en su parcela es lo que su familia tiene para comer todo el año.
¿Cuál es tu mayor sueño, Inés?
Mi sueño es vivir tranquila con mis hijos, con mi esposo y toda mi familia. A pesar de todo lo que me pasó, quiero tratar de hacerlo, pero cuando lo intento ahí están de nuevo los guachos otra vez en mi comunidad y me reviven lo que me ha pasado no me dejan vivir en paz.
Mientras, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, está en espera de que el Estado mexicano atienda la recomendación que le hizo la CIDH en noviembre pasado, que se repare el daño y se castigue a los responsables.
Pero si el Estado no las acepta, la CIDH emitirá un Informe final o el caso se irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como lo pidió en diciembre pasado.
Fuente: AIPIN
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