No contar con traductores, flagrante violación a sus derechos humanos, señala
Fuente: La Jornadad de Guerrero
Autoridades no cumplen con plazos legales y tampoco comprueban delitos, lamenta Lugo
LAURA REYES MACIEL
En los 18 penales de Guerrero están presos 300 indígenas, de los cuales más de la mitad están relacionados con delitos federales como delincuencia organizada, ya sea por posesión, transporte o siembra de algún tipo de droga, principalmente mariguana y amapola. La mayoría están encarcelados en Chilpancingo y Chialapa.
Según información de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), de esa cifra, 60 por ciento no han sido procesados, por lo que algunos tienen incluso hasta nueve años encerrados sin tener sentencia, lo que deja ver una grave situación de dilación y atraso en la defensa de sus casos.
“Están en los penales sin que se les haya comprobado sus delitos. Hay un problema de dilación y eso es una violación a sus derechos humanos porque no se les cumplen los plazos legales”, señaló el visitador general de la Coddehum, Hipólito Lugo Cortés.
La información de la Coddehum confirma la versión de los miembros del Movimiento Social de Izquierda (MSI), quienes revelaron que en las cárceles de Chilapa y Chilpancingo hay por lo menos 37 indígenas purgando sentencias por delitos que no cometieron, como es el caso de siete nahuas de Hueycantenango, que permanecen en prisión por el supuesto delito de narcotráfico.
Lugo Cortés señaló que el mayor problema es que los indígenas no tienen dinero para poder pagar una defensa adecuada, así que tienen que usar los servicios de los defensores de oficio, que no hablan náhuatl y tampoco tienen acceso a traductores, dado que el proceso se lleva en español, lo que complica que declaren o entiendan sus juicios.
“Nos hemos acercado con el gobierno del estado para que agilice la situación de estas personas detenidas. Hemos hablado incluso con jueces, pero el problema es que muchos son de poblados muy alejados y eso complica hacer llegar todas las pruebas para su defensa, como testigos, además de que cuesta mucho dinero”.
Una alerta con historia
La Comisión de Justicia de la pasada legislatura alertó desde 2007 sobre la grave situación jurídica en la que se encontraban los poco más de 300 indígenas presos, pues según algunos expedientes que pudieron revisar, había siete casos en los que han estado recluidos hasta nueve años.
Pero lo más grave es que esos siete indígenas no han recibido sentencia, a pesar de que se trata de delitos menores, por ejemplo, el robo de una gallina o una televisión, además de que sus procesos se desarrollaron sin un traductor.
Otra de las faltas es que los abogados de oficio tienen una excesiva carga de trabajo, pues cada uno debe atender por lo menos 60 expedientes, por el que reciben un salario de 3 mil pesos quincenales, lo que complica la defensa jurídica.
El visitador general de la Coddehum sostuvo que ha duplicado sus visitas a las 18 cárceles del estado para agilizar esos procesos, y pone especial vigilancia en la violación de derechos que resulta de que los indígenas no tengan traductores.
Fuente: La Jornadad de Guerrero
Autoridades no cumplen con plazos legales y tampoco comprueban delitos, lamenta Lugo
LAURA REYES MACIEL
En los 18 penales de Guerrero están presos 300 indígenas, de los cuales más de la mitad están relacionados con delitos federales como delincuencia organizada, ya sea por posesión, transporte o siembra de algún tipo de droga, principalmente mariguana y amapola. La mayoría están encarcelados en Chilpancingo y Chialapa.
Según información de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), de esa cifra, 60 por ciento no han sido procesados, por lo que algunos tienen incluso hasta nueve años encerrados sin tener sentencia, lo que deja ver una grave situación de dilación y atraso en la defensa de sus casos.
“Están en los penales sin que se les haya comprobado sus delitos. Hay un problema de dilación y eso es una violación a sus derechos humanos porque no se les cumplen los plazos legales”, señaló el visitador general de la Coddehum, Hipólito Lugo Cortés.
La información de la Coddehum confirma la versión de los miembros del Movimiento Social de Izquierda (MSI), quienes revelaron que en las cárceles de Chilapa y Chilpancingo hay por lo menos 37 indígenas purgando sentencias por delitos que no cometieron, como es el caso de siete nahuas de Hueycantenango, que permanecen en prisión por el supuesto delito de narcotráfico.
Lugo Cortés señaló que el mayor problema es que los indígenas no tienen dinero para poder pagar una defensa adecuada, así que tienen que usar los servicios de los defensores de oficio, que no hablan náhuatl y tampoco tienen acceso a traductores, dado que el proceso se lleva en español, lo que complica que declaren o entiendan sus juicios.
“Nos hemos acercado con el gobierno del estado para que agilice la situación de estas personas detenidas. Hemos hablado incluso con jueces, pero el problema es que muchos son de poblados muy alejados y eso complica hacer llegar todas las pruebas para su defensa, como testigos, además de que cuesta mucho dinero”.
Una alerta con historia
La Comisión de Justicia de la pasada legislatura alertó desde 2007 sobre la grave situación jurídica en la que se encontraban los poco más de 300 indígenas presos, pues según algunos expedientes que pudieron revisar, había siete casos en los que han estado recluidos hasta nueve años.
Pero lo más grave es que esos siete indígenas no han recibido sentencia, a pesar de que se trata de delitos menores, por ejemplo, el robo de una gallina o una televisión, además de que sus procesos se desarrollaron sin un traductor.
Otra de las faltas es que los abogados de oficio tienen una excesiva carga de trabajo, pues cada uno debe atender por lo menos 60 expedientes, por el que reciben un salario de 3 mil pesos quincenales, lo que complica la defensa jurídica.
El visitador general de la Coddehum sostuvo que ha duplicado sus visitas a las 18 cárceles del estado para agilizar esos procesos, y pone especial vigilancia en la violación de derechos que resulta de que los indígenas no tengan traductores.
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