JAVIER PUGA MARTINEZ
A pesar de que Agricultura Nacional había llegado a un acuerdo con el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros para mantener la clausura de la fábrica Dragón por tres meses, en lo que el malestar de la población desaparecía, la empresa está solicitando protección de la justicia federal para evitar salir de ese municipio.
Tras la explosión de tres tambos de diometato el pasado 23 de marzo, los directivos de la planta de agroquímicos trataron de evitar un escándalo; sin embargo, la buena voluntad del gobierno de Rubero Suárez Matías no fue suficiente para que la empresa solicitara un amparo dos días después, acto jurídico del que el gobierno izucarense fue notificado hace unos días.
Para los ciudadanos que buscan la expulsión de la fábrica del municipio, el amparo es el inicio de una batalla legal que puede prolongarse incluso por años y que complicará aun más la salida de Dragón.
Agregaron que la información que ha difundido el gobierno del estado de Puebla en el sentido de que se hará una investigación para determinar la peligrosidad de la planta de insecticidas es falsa, porque hasta la fecha no existe una sola denuncia de ciudadanos por la explosión de más de 300 kilos de insecticidas.
Con una denuncia masiva de ciudadanos por este accidente se obligaría a la Secretaría de Salud, tanto del estado de Puebla como de la Federación, a realizar una investigación seria, en donde se analizara a fondo el daño que causó el químico en la población izucarense, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.
Por lo pronto, los habitantes y el gobierno municipal solicitaron la asesoría de la doctora en derecho ambiental Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental, a quien le presentaron una copia del amparo solicitado por Agricultura Nacional y recomendó algunas acciones inmediatas a seguir.
Consideraron que aun cuando la lucha contra Dragón pasó al terreno de lo legal, los opositores a la empresa ahora cuentan con tiempo para documentar las irregularidades que ésta ha cometido desde su instalación en Izúcar de Matamoros desde hace 15 años.
Aseguraron que la falta de una licencia de uso de suelo por parte del ayuntamiento está directamente relacionada con otras irregularidades que habría cometido la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, pues ambas dependencias federales han avalado el funcionamiento de esta empresa sin que existan los estudios de impacto y riesgo ambiental correspondientes, así como las revisiones de seguridad obligatorias.
Fuente: La Jornada de Oriente
Difusión: Soberanía Popular
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