Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
Difusión: Soberanía Popular
JAVIER PUGA MARTÍNEZ
Los gobiernos del estado y del municipio de Puebla continúan ejerciendo una excesiva presión sobre la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla –al sur de la capital del estado–, pues por un lado la administración del gobernador, Mario Marín está permitiendo que particulares se introduzcan a medir terrenos ejidales para proyectos carreteros; por el otro, la Comuna incumplió su programa de obras.
Así lo señaló el asesor de los campesinos y ejidatarios de este lugar, Miguel Edgar Ayllón Villegas, quien agregó que de no atenderse las demandas de esta población, que se encuentra a 20 kilómetros de la capital del estado, se generará un nuevo brote de violencia.
Indicó que la administración de Blanca Alcalá Ruiz se olvidó de los compromisos de obra pública y de generación de infraestructura para esta comunidad indígena; es más, dejó abandonada la construcción de un colector pluvial que debió haberse entregado en diciembre del año pasado.
De esta obra los habitantes exigen saber cuál fue el costo y el proyecto en general, pues saben que fue la propia edil, al visitar los trabajos cuando iniciaron, pero que las lluvias destruyeron “lo poco que se había hecho”; aunque también saben que Alcalá Ruiz dio por concluida la obra y la presumió durante su primer informe de gobierno.
Algo similar ocurrió con la supuesta pavimentación de algunas calles de la junta auxiliar, pues sólo se tiró chapopote y grava, más no asfalto; ahora esas calles lucen semidestruidas. También se ha pedido la ampliación de la red de agua potable, pues 600 familias carecen del líquido, pero no se ha hecho caso a esta petición. “El personal del ayuntamiento no se dirige a la presidencia auxiliar, sino que logra acuerdos con gente que ni es de la comunidad y lo condiciona al triunfo en las elecciones.
“La presidente se olvida de los más pobres”, sostuvieron los labriegos. Informaron que el viernes pasado un sujeto que realizaba mediciones en propiedad comunal fue capturado por los campesinos, y les aseguró que esas mediciones las realizaba a nombre del señor José Luis Galindo, quien se ostenta como poseedor de casi 500 hectáreas de terrenos que son propiedad del ejido, y con quien los campesinos sostienen un pleito jurídico para determinar la verdadera posesión de la tierra.
Para evitar una nueva agresión en contra de la comunidad como la que ocurrió el 24 de abril de este año, los pobladores decidieron soltar al sujeto no sin antes retenerle una identificación para sustentar con ella una nueva denuncia ante las autoridades correspondientes, para que sean éstas quienes investiguen el hecho, relató el asesor.
“Siguen entrando personas a esos predios ejidales, y hasta la fecha ninguna autoridad se ha presentado a informarnos por qué están haciendo esos trabajos. Tenemos informes de que la carretera a Santa Clara Ocoyucan –que fue motivo de la agresión contra Azumiatla– ya quedó suspendida”, señaló Ayllón Villegas.
Agregó que la violencia se genera por la falta de legalidad y en el caso de esta junta auxiliar es más que evidente, pues continúa la presencia de “guardias blancas” en la zona.
En enero pasado, La Jornada de Oriente corroboró la existencia hombres armados y en vehículos motorizados que custodian cerca de 400 hectáreas que, de acuerdo con los labriegos, la familia Pacheco Pensado les arrebató a través de juicios amañados.
Rechaza la Comuna señalamientos
El ayuntamiento de Puebla rechazó los señalamientos de los ejidatarios; a través de un comunicado y con declaraciones del edil auxiliar, Sabás Escalona Morales, se informó que han sido invertidos 27 millones 753 mil 294 pesos en pavimentaciones, electrificación, aulas, banquetas y guarniciones. De las obras solicitadas por los vecinos de Azumiatla no habló.
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