La resolución en el caso Radilla debe ser contra el Estado, dice la Coddehum
Fuente: La Jornada de Guerrero
Se trata de las violaciones sexuales contra dos indígenas y el arresto de dos campesinos ecologistas
LUCIANO TAPIA Y CITLAL GILES (Corresponsal y reportera)
La abogada responsable para México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) con sede en Costa Rica, Vanessa Coria Castilla, declaró en la ciudad de México que el Estado deberá rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones sexuales de Inés Fernández y Valentina Rosendo, que cometieron soldados en la Costa Chica del estado.
Por su parte, el coordinador del área jurídica del centro de derechos humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales, afirmó que también deberán comparecer por los casos de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas que fueron torturados por militares en 1999.
Los cuatro casos han sido ingresados formalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El caso de los ecologistas se presentó el 24 de junio de 2009, con el número 12.449, y el 2 de noviembre se presentarán argumentos, solicitudes y pruebas; el de Inés Fernández se presentó con el número 12.580 el 7 de mayo pasado, y las pruebas se presentaron el 18 de agosto pasado. El de Valentina Rosendo se presentó el 2 de agosto con el número 12.579 y las pruebas, argumentos y solicitudes deberán presentarse el 27 de octubre próximo.
Al hablar sobre la violación que sufrió Valentina Rosendo Cantú, Vidulfo Rosales señaló que la integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas Mixtecos y Tlapanecos ocurrió el 2 de febrero de 2002, en un arroyo en donde lavaba ropa, a 200 metros de su casa. Repentinamente aparecieron ocho soldados que custodiaban a un civil que iba amarrado.
Le preguntaron dónde estaban “los encapuchados”, ella les respondió que no conocía a ninguno, por lo que un militar le apunto con su arma y la amenazó con dispararle, mientras que otro le hacía preguntas sobre varias personas; poco después, el militar que le apuntaba le dio un culatazo en el estómago, perdió el conocimiento y posteriormente la violaron.
El caso es investigado en la jurisdicción militar, y hay graves irregularidades desde el inicio de la averiguación, tanto en el orden del fuero común como en el militar. Al día de hoy no se ha castigado a nadie por el delito.
En su oportunidad, Luis Arriaga, director del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dijo que el pasado 2 de agosto la CIDH presentó una demanda por el ataque contra Valentina Rosendo.
En el caso de Inés Fernández, se recordó que el 22 de marzo de 2002 la integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) estaba en su casa con sus hijos cuando llegaron los soldados, quienes amenazaron con sus armas a los niños y los sacaron al patio, y a ella le preguntaban dónde había robado su marido la carne que colgaba afuera de la precaria vivienda, porque esa ocasión habían matado una vaca. Como Fernández no habla español, no pudo explicar nada, así que los militares la sometieron y la violaron.
Arriaga señaló que en los casos en los que está involucrado el Ejército, la investigación es tardía y tibia. Respecto al fuero militar, dijo que “no estamos inventando nada, simplemente estamos empujando para que se hagan valer los derechos de las víctimas, que es cosa grave”.
Reprochó la injerencia militar en tareas de seguridad, sobre todo por el grave riesgo que corren los derechos humanos de las personas.
“Las organizaciones civiles de derechos humanos nunca hemos estado en contra de las tareas de seguridad pública, por el contrario, es parte de los derechos humanos y no se contrapone a ello, en lo que no estamos de acuerdo es en sacar al Ejército de sus cuarteles y que se vayan a las calles a hacerse cargo de la seguridad; ellos no están capacitados para llevar a cabo ese tipo de tareas”.
Recriminó que en Guerrero, el Ejército allane los domicilios basándose en llamadas anónimas, “¿cómo es posible eso?, eso es violatorio a la Constitución, nadie puede allanar un domicilio si no se tiene una orden expedida por un juez; tan sólo en los meses pasados han allanado más de 20 domicilios, (eso) es una suspensión de facto de las garantías constitucionales, eso no puede acontecer en un país democrático como México”, expuso Arriaga, quien reiteró que el gobierno del estado no tiene voluntad política para aclarar estos y otros casos más.
Debe condenarse al Estado
Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, señaló que la Corte Interamericana debe condenar al Estado mexicano por el caso de Rosendo Radilla Pacheco, tras reconocer que el gobierno sí tuvo participación en la detención del luchador social y ex alcalde de Atoyac.
En unos meses la Corte Interamericana emitirá una resolución en la demanda contra el gobierno de México por la desaparición forzada de Rosendo Radilla. Alarcón Hernández dijo que éste es un caso emblemático y se tienen que presentar las pruebas y elementos, sin embargo, ante el reconocimiento que hizo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien dijo que Radilla Pacheco fue “apresado o secuestrado, detenido” por el gobierno de México.
“Hay ahí una confesión de un importante secretario de estado que admite que sí hubo tal detención, secuestro por parte del gobierno de México y por tanto pensamos de debe haber una condena para el estado Mexicano y estamos en espera de ello”.
Por otro lado, lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya votado en favor del fuero militar, pues consideró que cuando está involucrado un civil, ya sea como víctima o victimario, deben tomar parte las autoridades civiles.
“No tiene por qué haber fueros en México, de acuerdo con la Constitución todo fuero está abolido, sin embargo la Corte acaba de decidir una tesis en la que defiende el fuero militar, lo cual fue espantoso para todos nosotros, una situación muy enojosa para la mayor parte de la población mexicana”, criticó.
En julio la Corte Interamericana inició un juicio contra el gobierno de México por la desaparición de Rosendo Radilla en 1974 en un retén militar, y fue visto por última vez en el ex cuartel militar de Atoyac y a la fecha sus familiares no saben nada de su paradero.
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