Ni para adelante, ni para atrás. El Paquete Fiscal 2010 está atorado en la Cámara de Diputados. Y el único consenso que ya logró es que, tal como está, no sale. Las opiniones son casi unánimes. Nadie quiere dar el sí a severas medidas fiscales que sólo aliviarán en el corto plazo el flujo de caja del gobierno federal, pero que no trazan un proyecto fiscal de fondo. Uno que resuelva a largo plazo. A una semana de iniciados los debates, el plan fiscal del presidente Felipe Calderón está entrampado entre indecisiones y rechazos.
Primero, porque los diputados no aciertan todavía a definir las comisiones legislativas. Ni la de Hacienda, ni la de Programación. Y ya está por terminar el mes.
Segundo, porque nadie, salvo los panistas –y no todos–, están dispuestos a firmar el cheque en blanco de la creación y el aumento de impuestos. Lo menos que piden a cambio es que el gobierno haga un esfuerzo real, no superficial, de recortes a un gasto burocrático que califican de dispendioso.
Tercero, porque la apuesta de los cabilderos del gobierno es que podrían conseguir del PRI los votos necesarios para sacar adelante la iniciativa, siempre que logren seducir con participaciones a media docena de gobernadores tricolores para que sus bancadas la aprueben con modificaciones menores.
Reporte Índigo cuestionó a cinco legisladores de las distintas corrientes políticas sobre su posición frente a la propuesta fiscal 2010. Porfirio Muñoz Ledo es definitivo cuando dice que “el país no tiene un problema presupuestal”. Considera que la iniciativa es “una tontería, un crimen contra México”. En su opinión, hay otras salidas al boquete fiscal, que se puede resolver sin perjudicar a las clases bajas y medias ni a las empresas productivas. El diputado por el PT da las siguientes
alternativas: que las grandes empresas dejen de eludir impuestos, que ya no se transfiera dinero al rescate de bancos extranjeros, que se redimensionen los costos
de la alta burocracia y que se haga uso de los “fondos ociosos”.
Jaime Cárdenas, su compañero de bancada, coincide en que los recursos de los fondos de estabilización podrían utilizarse para incentivar la economía y el mercado interno. “Pero nos quieren dar solamente de una sopa que va a generar más pobreza, más conflictividad social”, dice el ex consejero del IFE.
El priista Jesús Cano Vélez señala que “un gran filón adicional es meterle mano al gasto público de fondo”. Explica que de la multiplicidad de programas sociales, dos o tres absorben la mayor parte de los recursos centralizados por la federación. “Esto ha provocado un mecanismo perverso” que favorece el desperdicio de recursos.
El perredista Alejandro Encinas considera que hay que apelar a las medidas contracíclicas para alentar la inversión pública y el consumo, además de fortalecer el desarrollo de estados y municipios. Refiere que no es con alzas impositivas y nuevas cargas tributarias como se enfrentan los tiempos de crisis. “Ya lo dijo un Premio Nobel de Economía, a ver si así lo creen”. Destaca que si hay congruencia entre los discursos en tribuna y los hechos, puede haber puntos de acuerdo entre distintas fracciones para decir “no” al 2 por ciento generalizado así como eliminar los pari passus y los regímenes de privilegio.
El panista Javier Corral afirma que vale la pena apoyar el paquete del Ejecutivo federal. Y aunque está a favor del polémico incremento del 2 por ciento al consumo generalizado, lo condiciona. Se aprueba “si nos garantizan los mecanismos y la transparencia para la redistribución de este denominado Impuesto Contra la Pobreza”. Reconoce que la actual legislatura es una “cámara muy difícil”. Dominada por los gobernadores, que “son los jefes de bancadas por estado”. Compuesta por “antiguos cabilderos que hoy son diputados” que operan a favor de intereses económicos y políticos. “Si se está negociando en lo oscurito o no, pronto lo vamos a saber”, asegura Corral.
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