Grave y artero, el robo de periódicos y camioneta repartidora de La Jornada Guerrero
Fuente: La Jornada de Guerrero
Con el pretexto de la guerrilla, asola comunidades de la sierra, denuncian en reunión
Demandan que organismos internacionales de derechos humanos constaten violaciones
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 18 DE JUNIO. Como respuesta a las incursiones militares en Puerto las Ollas y Las Palancas, en las que se documentaron violaciones a los derechos humanos de los pobladores, 18 organizaciones civiles se reunieron y exigieron el regreso inmediato de los militares a los cuarteles.
También pidieron la presencia en la sierra de las organizaciones internacionales de derechos humanos, para que constaten la situación en la que viven los habitantes y documenten las violaciones a sus garantías.
Las organizaciones calificaron de grave y artero el atentado a las libertades de expresión y prensa por el robo de los ejemplares de la edición del 15 de junio de La Jornada Guerrero, que contenía textos y fotografías sobre el asedio de cuatro días del Ejército en las comunidades mencionadas.
En el encuentro participaron campesinos del ejido Río Frío, al que pertenecen las comunidades Puerto las Ollas y Las Palancas, en Coyuca de Catalán, Tierra Caliente, colindantes con Petatlán, de la Costa Grande.
Modesto Rauda Wences, presidente del Consejo de Vigilancia del comisariado ejidal, narró que hace 15 años, en una incursión similar a la de días pasados, los militares mataron a un niño y torturaron a adolescentes en la misma localidad, usando como pretexto la búsqueda de hombres armados.
Aseguró que en Puerto las Ollas, Las Palancas, Los Laureles, Río Frío, San Isidro, Las Pilas y La Barranca de San José no hay personas relacionadas con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
En esos pueblos, en conjunto, habitan unas 500 personas en casas sin ningún servicio; los niños no van a la escuela porque no hay ni siquiera primaria completa, por lo que quienes quieren estudiar se trasladan al ejido Los Fresnos, también en Coyuca de Catalán.
El comisariado señaló que en esas comunidades los habitantes decidieron la protección de sus bosques, y dejaron unas 10 mil hectáreas como reserva ecológica.
Las organizaciones consideraron en su manifiesto que el plan de contrainsurgencia del Ejército ha llevado a violaciones de garantías y abusos en las comunidades, como detenciones y cateos ilegales, daños a la propiedad, tortura física y sicológica, así como malos tratos.
Por lo anterior, demandaron el regreso inmediato de los militares a sus cuarteles y frenar el proceso de militarización de la sociedad guerrerense.
Por otro lado, señalaron que ante la confirmación de enfrentamientos entre el Ejército y el ERPI, es necesaria la aplicación del derecho internacional y humanitario de acuerdo con las convenciones y declaraciones internacionales firmadas y ratificas por el Estado mexicano.
Ante tal situación, expusieron que las comisiones nacional y estatal de derechos humanos (CNDH y Coddehum) deben jugar un papel enérgico y oportuno en su misión de velar por la plena vigencia del respeto a las garantías.
A los partidos políticos y los candidatos los llamaron a asumir una posición respecto al marco legal vigente, que ha permitido acotar el respeto de los derechos de las personas.
Exigieron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo respetar las garantías constitucionales de los habitantes, y al Congreso local que asuma una postura clara en favor de la resolución pacífica del conflicto armado que se vislumbra.
Entre las organizaciones participaron el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos, el Frente de Defensa Popular (FDP), la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), entre otros.
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