miércoles, 10 de junio de 2009

Recibe director del Tadeco intimidación por teléfono

Ratifican inocencia de presos de Chilapa

Fuente: La Jornada de Guerrero


CITLAL GILES Y REDACCION

El coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, denunció que recibió amenazas e insultos por teléfono de alguien que dijo ser el “jefe de la plaza”, quien le pidió dinero a cambio de permitirle efectuar sus actividades de denuncia, pero “si no quieres juntar dinero para dármelo, ve juntando para el entierro, que viene pronto”, le advirtieron.

En un comunicado, Monroy indicó que este lunes recibió una llamada –que duró 10 minutos– en su oficina de un número privado, y la persona que lo contactó dijo llamarse Horacio.

“Dijo ser el segundo ‘responsable de la plaza’, quien además de saber mi nombre completo, aseguró tenerme bien identificado y conocer todos mis movimientos; además de amenazarme con insultos, me solicitó una cantidad de dinero que nunca alcanzó a especificar ‘para dejarme mover tranquilo a mí y a mi gente’”.

La agrupación ha exigido la presentación de su compañero Jorge Gabriel Cerón Silva, desaparecido el 14 de marzo de 2007. Este caso motivó la creación del Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Asesinados y Secuestrados, que reclama a decenas de personas.

Monroy responsabilizó a las autoridades estatales y federales por su integridad física y moral, así como de su familia y el resto de los integrantes del Tadeco y del Comité.

Confirman sentencia absolutoria

Después de un año de proceso, los 15 campesinos de Chilapa, y el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, quienes fueron acusado por la ex alcaldesa priísta Alicia Zamora Villalba de ataques a las vías de comunicación, motín y asociación delictuosa, fueron declarados libres de culpa por el Tribunal Superior de Justicia, que confirmó el auto de libertad que el 20 de febrero dictó un juez de primera instancia.

Los abogados expresaron que el auto de libertad es una prueba de que fue “absurdo y hasta inhumano” procesar a 16 personas que “sólo buscaban hacer efectivos sus derechos”.

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