Inculpa el líder de invasores del Tepetlayo a Pérez Leyva por secuestro y tortura
Fuente: La Jornada de Guerrero
Unos 40 policías municipales mantienen vigiladas las 34 hectáreas de tierra en disputa
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 21 de junio. Los precaristas que el sábado fueron golpeados y retirados más tarde por la fuerza del predio Tepetlayo, presentaron hoy una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) contra el alcalde de Zumpango, Modesto Pérez Leyva, por permitir la agresión que sufrieron.
El líder de los invasores, Luis Ortiz Donato, denunció también que el sábado por la noche fue aprehendido y golpeado por personas desconocidas, de lo que responsabilizó al presidente municipal, y de cualquier otra agresión que pueda sufrir.
“Me golpearon y me dieron toques eléctricos, me secuestraron cerca de las 9 de la noche, y por la mañana también a mi esposa la mantuvieron retenida hasta la noche; el alcalde tuvo el descaro de decirle a mi mujer que diéramos gracias a Dios que no había habido muertos”, sostuvo.
Los precaristas que se quedaron en el lugar después de la refriega, desde la noche del sábado mismo fueron desalojados del predio de 34 hectáreas, y acusan a los policías municipales directamente de hacerlo. No obstante, la mañana de hoy aún había algunas de sus pertenecías en el lugar.
Ortiz Donato informó que presentaron una denuncia penal por lo sucedido, la cual fue ratificada por 170 familias más.
Del desalojo, en el que argumentó participaron los policías municipales, manifestó: “contamos con los amparos correspondientes, y ellos sabían que no podíamos ser desalojados, pero desgraciadamente (los comuneros) incitaron a la población y contrataron incluso gente armada de los pueblos que no viven en Zumpango, y a los que les pagaron 500 pesos por persona para venir a desalojarnos”.
Aseguró que el 12 de enero las 250 familias llegaron a un acuerdo con el comisariado de los Bienes Comunales de Zumpango, Raúl Rosales Basilio, “le adelantamos 360 mil pesos a cambio de 12 hectáreas, pero no respetó los acuerdos, él sabía que desde esa fecha ocuparíamos los terrenos, pero posteriormente manipuló a la gente y por el contrario se llevó a cabo el desalojo”.
El monto que pagarían las familias sería de 720 mil pesos, “tomando en cuenta que es una tierra que no sirve para el cultivo porque es pedregosa, y sólo se puede utilizarse para vivienda”.
Advirtió que en los próximos días regresarán a los terrenos que adquirieron por la vía legal.
A propósito, por la mañana de hoy, unos 40 policías municipales y estatales sitiaron el lugar para impedir que se asienten nuevamente las familias, al parecer por instrucciones del alcalde Modesto Pérez.
Los preventivos precisaron que la orden que recibieron es no dejar que se instalaran las 350 familias que estaban inicialmente en ese lugar, “no son gente de aquí, además es una reserva ecológica”, esbozó uno de los agentes.
En la puerta de rejas del predio, aún estaban los muros de concreto que los comuneros colocaron ayer para evitar que salieran los supuestos invasores, junto a ellas tres camionetas de policías estatales y municipales. Al interior, se observaban otro grupo de efectivos.
Se conoció que por la mañana aún algunas familias precaristas rondaban el lugar, a quienes se les permitió pasar a recoger parte de sus pertenencias.
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