Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
TANIA DAMIÁN Y JAVIER PUGA
Los 15 habitantes de San Andrés Azumiatla que continúan encarcelados tras el enfrentamiento violento con la Policía el pasado 24 de abril no fueron liberados este fin de semana, con lo que el gobierno del estado habría incumplido lo que prometió a un grupo de diputados federales de ponerlos en libertad como muestra de voluntad política y disposición a resolver el conflicto originado por el trazo de una carretera.
Fuentes oficiales confirmaron que una mujer y 14 hombres de esa comunidad siguen encerrados y aseguraron que por lo menos hasta este fin de semana no existía ninguna indicación de sacarlos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel, al suroriente de la capital del estado.
Hace tres semanas alcanzaron su libertad dos habitantes de Azumiatla a los que también se había involucrado en el conflicto Carmela Romero Santamaría y Job Romero. A ellos se les devolvieron sus garantías individuales por considerarse que habían cometido sólo un delito y éste era menor.
Desde hace dos meses ese grupo está acusado de privación ilegal de la libertad, lesiones motín en su agravante de incendio y otros sin que hasta la fecha se les haya podido comprobar su participación en esos delitos.
El integrante del Comité para la Defensa del Agua y la Tierra de Puebla y Tlaxcala, Mateo Huexo Caballero, afirmó que el gobierno del estado no cumplió el compromiso acordado, por lo que este día acudirá a las 9 de la mañana junto con los legisladores federales al Cereso para conocer cuál es la situación de sus vecinos.
A mediodía en San Andrés Azumiatla habrá una asamblea comunal en la que se decidirá si se establece un plantón indefinido frente al centro penitenciario de San Miguel hasta que sean liberados sus vecinos, o bien se tomen otras medidas para exigir la liberación de ellos.
En una entrevista telefónica, Huexo Caballero aseguró que la administración estatal debió haber expuesto un incidente de desvanecimiento de datos ante el juez primero de lo penal, Javier Vázquez Fernández, para que continuara el proceso de excarcelación dentro del expediente 142/09 que abrió la Procuraduría General de Justicia del estado.
El compromiso lo adquirió la Secretaría de Gobernación estatal durante la reunión del viernes 12 de junio con los diputados federales José Antonio Díaz García y Francisco Fraile, de Acción Nación; Salvador Ruiz Sánchez, de la Revolución Democrática, y Alberto Amador Leal, del Revolucionario Institucional.
El pasado 24 de abril cuatro supuestos topógrafos de la empresa Gerlus fueron capturados por los pobladores de Azumiatla cuando realizaban mediciones dentro de predios ejidales para la obra carretera 11 Sur–Santa Clara Ocoyucan, al sur de la capital del estado de Puebla.
Ante el temor de que se tratara de una invasión de tierras para proyectos inmobiliarios, los campesinos retuvieron en la cárcel local a los trabajadores exigiendo la presencia de alguna autoridad estatal para que les explicara a qué obedecía la intromisión.
La petición fue rechazada y en cambio hizo acto de presencia un agente del Ministerio Público, quien fue sacado a golpes de la comunidad; esto fue interpretado por el gobierno estatal como una provocación que culminó con el ingreso de medio millar de agentes, quienes a sangre y fuego tomaron el pueblo, liberaron a los topógrafos y capturaron a 17 personas como presuntos responsables de varios delitos.
De acuerdo con los familiares de los detenidos, el gobierno del estado se basó en el testimonio de uno de los detenidos que padece de sus facultades mentales para inculpar al resto, pero en ningún momento pudo comprobar que hayan participado en los disturbios de abril pasado.
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