La sentencia “institucionaliza” el tráfico de influencias: abogado
Fuente: La Jornada de Guerrero
ROBERTO RAMIREZ BRAVO
El magistrado Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación (CJF), alteró los términos de la queja presentada contra tres jueces de distrito que intercambiaron nombramientos para sus familiares, pues dictó sentencia como si éstos hubieran sido acusados por nepotismo al contratarlos directamente, cuando en realidad se les acusó de tráfico de influencia manera concertada entre ellos para lograr esos nombramientos, denunció el abogado Ernesto Flores Montor.
En un escrito de 21 páginas, en el que recusa la resolución, el querellante remarcó que además le fue violado su derecho de audiencia, pues su queja fue desechada con el argumento de que no daba pruebas porque sus ofrecimientos –pese a ser legales según los artículos 63 y 69 del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura del 9 de agosto de 2006–, no le fueron reconocidos.
Dejó por ello sentada su reserva de acudir a las instancias nacionales e internacionales que el caso requiera.
El 6 de mayo, el abogado presentó una queja contra los jueces de distrito Jerónimo Martínez Martínez, Juan Carlos Ríos López, Edgar Estuardo Vizcarra, integrantes del Centro Auxiliar de la Séptima Región del PJF, y la administradora del mismo, Leticia del Socorro Salinas Pineda, por haber intercambiado entre ellos –a sólo cinco días de haber asumido sus cargos– nombramientos para sus familiares, amigos y compadres. El 27, y con la firma de Ortiz Mayagoitia, se le comunicó que la queja fue desechada –según publicó La Jornada Guerreroayer– porque el juez primero no contrató a su hijo ni a su sobrino, sino lo hizo el juez tercero; la esposa del tercero, no fue contratada por él sino por el segundo, quien a su vez contrató a sus propios compadres; y la administradora no contrató a su cónyuge, sino lo hizo el juez primero.
En principio, acotó Flores Montor, Ortiz Mayagoitia “se hizo ilegalmente en lo individual de las facultades del pleno” al abordar a fondo la conducta de los acusados, y tratar a la queja como nepotismo, cuando la denuncia fue porque los jueces “de forma concertada, haciendo tráfico de influencias, entre otras conductas, hicieron la contratación, promoción y designación cruzada” a favor sus familiares y aun de quienes tienen con ellos relación “de carácter sentimental”.
En consecuencia, precisa en su escrito que “no es la designación o nombramiento directo, sino la intervención frente a terceros” lo que se había acusado.
La interpretación de Ortiz Mayagoitia, explica Flores Montor, “atenta contra la redacción literal” de la queja, contra el sentido común, y “de forma más grave, institucionaliza el tráfico de influencias”.
Los razonamientos “en sentido figurativos y hasta romáticos” usados por él, de que es normal que ingresar al PJF “inspirado” por sus familiares que ya están adentro, “sólo opera legal y moralmente cuando de actividades libres se trata, no es el caso del servicio público, pues está sujeto a normas restrictivas que impiden el tráfico de influencias”, expresó el abogado en su alegato.
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