Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
J. PUGA Y T. DAMIÁN
Con presiones, la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN) a nivel estatal y federal evitó que los vecinos de la unidad habitacional La Margarita recuperaran sus áreas comunes, y a través del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) impidió que éstas fueran regularizadas.
Las razones que tuvo ese instituto político para haber operado de esa forma en La Margarita básicamente son dos: una de carácter económico, al beneficiar a los empresarios que están ligados al PAN, y otra con un claro trasfondo político: la unidad habitacional representa un coto de poder que le ha redituado al blanquiazul posiciones en dependencias federales, como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el ayuntamiento de Puebla, así como diputaciones locales y federales.
Así lo señaló el coordinador en Puebla del Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV), René Sánchez Galindo, quien agregó que La Margarita tuvo una oportunidad de haberse regularizado y ser un ejemplo de unidad habitacional en todo el país cuando la entonces diputada independiente Miriam Arabian Couttolenc enarboló un proyecto integral para esa demarcación, que fue creación del propio Sánchez Galindo.
Sin embargo, subrayó el activista, algunos panistas como Ana Teresa Aranda de Orea, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, Felipe Mojarro Arroyo y Margarita Zavala Gómez, esposa del presidente Felipe Calderón Hinojosa –entonces diputada federal del PAN–, influenciaron sobre Arabian Couttolenc para dejar de lado el proyecto.
“Creo que Miriam pensó que desde el panismo podría hacer más por la gente de La Margarita que como lo venía haciendo de forma independiente”, subrayó Sáchez Galindo.
El resultado de esa decisión, ponderó, es la actual situación que padece la unidad habitacional –considerada la más grande del país y única en su género–, la cual está entrampada en un litigio con el Infonavit; enfrenta el abandono de las autoridades municipales y de los propios vecinos; la llegada de un centro comercial de la cadena Wal Mart a la que se oponen terminantemente los vecinos que consideran suyas las áreas comunes y la disputa por el poder político en las elecciones federales y locales.
El origen
Todo comenzó en el año 2004, cuando el activista tuvo contacto con un grupo de colonos de La Margarita que lo único que buscaban era apoyo para construir una guardería en las áreas comunes de la unidad habitacional. El joven abogado Sánchez Galindo utilizó técnicas que aprendió en la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana, donde fue contactado, y creó un proyecto.
Sin embargo, al ir analizando la situación legal de La Margarita comenzó a detectar una serie de irregularidades cometidas por el Infonavit, al grado de que tuvo en sus manos la oportunidad de denunciar a esta dependencia federal, pero Arabian Couttolenc, que para entonces ya se había sumado al proyecto, se negó a hacerlo por la presión de los panistas.
El también asesor legal de estos colonos –que exigen la escrituración de las áreas comunes a favor de los residentes de la unidad habitacional– explicó que lo que buscaban los políticos del PAN era evitar “a como diera lugar” que los vecinos le ganaran legalmente al Infonavit.
Lo anterior porque ello hubiera implicado el descubrimiento de decenas de fraudes de este organismo a nivel nacional, así como el Infonavit no habría podido vender los 50 mil créditos que se encontraban en la cartera vencida, como lo hizo en 2006, dijo.
“Ya había línea por parte del gobierno federal panista para impedir que la lucha ciudadana le ganara al Infonavit. Cómo, decían, unos cuantos vecinos de La Margarita iban a impedir los planes multimillonarios que ya se tenían”, indicó.
Dijo que Arabian Couttolenc terminó aprobando el Fideicomiso de La Margarita, impulsado por la delegación de Puebla del Infonavit, pese a que no solucionaba las demandas originales de los vecinos e implicaba la administración de algunas áreas comunes por parte de personas ajenas a la unidad.
El coordinador del CDV explicó que con la información que obtuvieron se dieron cuenta de que Infonavit incurría en un delito al no escriturar las zonas comunes de la unidad habitacional a favor los vecinos, por lo que Arabian Couttolenc inició una lucha legal para lograr la regularización de las mismas. “Íbamos bien, pero iniciaron las presiones políticas por parte de la cúpula del PAN”.
Agregó que a finales de 2004 se propuso una reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que consistía en que el organismo no fuera vigilado por la Secretaría de la Función Pública ni la Auditoría Superior de la Federación.
Pero, la reforma legislativa se logró detener seis meses y fue cuando el organismo federal otorgó información que corroboró la falta de regularización de las áreas comunes a favor de los vecinos de la unidad habitacional. Entonces, “las coacciones políticas aumentaron y Miriam Arabian dobló las manos”, concluyó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario