miércoles, 6 de mayo de 2009

Denuncia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las casas

El Frayba denuncia el ilegal proceso contra los compañeros indígenas detenidos en la región de Agua Azul. Fueron consignados y trasladados al CERSS de El Amate

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
04 de mayo de 2009
Boletín No 18

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) informó que ejercitó acción penal en contra de los ocho indígenas tseltales por los delitos de robo con violencia y delincuencia organizada, exhibiendo sus fotografías públicamente con el titulo de “una banda delictiva, dedicada al asalto carretero en el tramo Ocosingo-Palenque”, vulnerando nuevamente el principio de presunción de inocencia y estigmatizándolos ante la sociedad.

El pasado viernes 1 de mayo, a las 17.00 hrs., fueron consignados ante el Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, los señores Jerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara y Jerónimo Moreno Deara, integrantes de La Otra Campaña del Ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, detenidos el pasado 13 de abril; así como de los señores Alfredo Gómez Moreno y de Miguel Vázquez Moreno, éste último Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, detenidos el 17 y 18 de abril, respectivamente y que se encontraban en calidad de arraigados en el centro de arraigos conocida como “Quinta Pitiquitos”, en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. Los 8 indígenas tseltales fueron trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No 14, El Amate, (CERSS No. 14 El Amate) desde donde se les llevará el proceso judicial bajo el Expediente Penal No. 273/2009.

El día de ayer 3 de mayo, el Juez Segundo del Ramo Penal, pretendió tomar la declaración preparatoria de los inculpados, sin que estuvieran presentes los abogados de su confianza. Ante esta falta de garantías, los detenidos se reservaron el derecho a declarar y solicitaron la duplicación del término constitucional de 72 horas, quedando en 144 horas, venciendo dicho plazo el día viernes 8 de mayo, en que el Juez deberá dictar si se inicia juicio en su contra o les concede la libertad. El día de hoy, abogados de éste Centro de Derechos Humanos se encuentran promoviendo ante el Juez de la causa la defensa legal de los detenidos.

A pesar de la obstrucción y negación de información por parte de la PGJE, a lo largo de los días posteriores a los hechos, este Centro ha denunciado públicamente que los indígenas detenidos recibieron golpes en diversas partes del cuerpo y ha recabado testimonios de actos de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, ocurridos durante su aprehensión, su traslado, arraigo y declaración ministerial.

Este Centro pudo constatar que en la Averiguación Previa 16/FECDO/2009-04, integrada por el Agente del Ministerio Público Lic. José Alonso Hernández Vicente de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO), existen violaciones al debido proceso en la procuración de justicia, siendo la más grave la falta de un traductor en su idioma, por lo que los 8 detenidos fueron obligados a firmar documentos sin saber su contenido, los cuales resultaron en declaraciones autoinculpatorios, sin obviar que 7 de ellos declararon bajo tortura.

Este Centro de Derechos Humanos hace notar que el gobierno de Juan José Sabines Guerrero, incurre en graves violaciones a los derechos humanos, a través de una política represiva, haciendo uso indiscriminado del sistema de procuración y administración de justicia como una forma de gobernar, así como la fabricación de delitos, tal como lo hizo en su oportunidad la administración de Pablo Salazar Mendiguchía a través del ex Fiscal Mariano Herrán Salvatti y sus Jueces de consigna.

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