La propietaria solicita la intervención del Congreso local
Fuente: La Jornada de Guerrero
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 18 DE MAYO. El apoderado legal y el abogado de María Dolores Casarrubias –dueña del predio El Potrerito, donde la Policía Federal Preventiva (PFP) construye su cuartel por encima de un juicio de garantías para proteger la propiedad– exigieron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo deponga su actitud de perjudicar a la propietaria y solicitaron la intervención del Congreso local para solucionar este conflicto.
En conferencia de prensa, Juan Martínez Cano, apoderado legal de Dolores Casarrubias, acompañado del abogado Laudencio Villanueva de la Luz, denunció que hace ocho días recibió una llamada anónima donde le advirtieron que si no se hacía a un lado lo iban a desaparecer.
Ante la gravedad de esta acusación, el apoderado legal y el abogado convocaron nuevamente a los medios de información para contar el giro que tomó el litigio ventilado en los tribunales.
Dolores Casarrubias promovió el primer día de marzo pasado, un juicio de garantías ante el Juzgado Séptimo de Distrito, para proteger su predio el El Potrerito, donde a principios de año se comenzó a construir el cuartel de la PFP y antes el Servicio Médico Forense, a un costado de las nuevas instalaciones de la procuraduría estatal.
El abogado y el apoderado legal de la dueña del terreno de unos mil metros cuadrados, anunciaron que en los tribunales promovieron ahora una acción reivindicatoria para que la PFP permita un deslinde catastral solicitado ante el Juzgado Mixto de Paz, con el que pretendían demostrar que la única propietaria del predio en cuestión es Dolores Casarrubias.
Las instalaciones de la PFP se construyen, supuestamente, sobre un terreno cedido por el gobierno estatal, al que le llaman el Tepanco; sin embargo, aseguran que la edificación se hace en El Potrerito y que el predio comprado por el gobierno se ubica al otro lado de la carretera federal, frente a las antiguas instalaciones de la procuraduría.
El deslinde catastral solicitado ante el Juzgado Mixto de Paz pretendía demostrar tal situación, pero el día establecido para esa acción se apersonó el titular de la PFP, Héctor Ibarra Guillén, y exhibió sus títulos de propiedad, por eso la instancia no hizo el deslinde, con lo que dejó a salvo los derechos de los solicitantes para hacerlos valer ante la autoridad correspondiente.
A pesar del juicio de garantías, la obra continúa, pero con la omisión del recurso legal para salvaguardar los derechos de la dueña.
El abogado y el apoderado legal de la dueña solicitaron al gobernador acatar la disposición del tribunal federal y demandaron que exhiba sus títulos de propiedad sobre el predio El Tepango.
Asimismo anunciaron una solicitud por escrito al Congreso local para que el pleno emita un exhorto al gobernador para que acceda a resolver tal conflicto.
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