Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ
La dirigente del Frente Popular de Defensa de la Tierra de Atenco (FPDT) y esposa del líder encarcelado en el penal del Altiplano (antes La Palma), Trinidad Ramírez Velázquez, instó a las organizaciones sociales de Puebla a seguir con sus demandas y no permitir que sean despojados por el gobierno estatal de sus tierras para la construcción de los arcos norte y sur–poniente.
Dijo que, al igual que otros casos de lucha, el de Atenco fue un ejemplo de que “triunfó” el movimiento social. “El gobierno federal pretendía despojarnos de nuestras tierras, porque en el proyecto no estábamos incluidos y el beneficio iba a ser para unos cuantos”.
Durante su participación en el foro organizado por el Comité Poblano para la Libertad y Justicia de Atenco, aseguró que “a veces las personas creen que no es posible ganar una lucha de dignidad y justicia, pero sí es posible, sólo hay que tener convicción y organización”.
Recordó que cuando el gobierno federal les comunicó a los ejidatarios de Atenco en 2001 sobre el decreto expropiatorio de 2 mil 400 hectáreas de terrenos para construir un aeropuerto internacional de Texcoco, hubo personas que vieron todo perdido. “Decían es un decreto presidencial, ya no podemos hacer nada”.
Pero –agregó–, hubo otras personas que tuvieron la convicción de luchar por no ser despojados de su patrimonio ante la presión gubernamental y debido a ello se consiguió impedir la instalación de la terminal área.
Asimismo, insistió a los movimientos sociales que están en contra de los libramientos norte y surponiente a permanecer unidos y no doblegarse ante las intimidaciones de las autoridades estatales, quienes hacen uso de estas acciones para despojar a los más pobres y, en consecuencia, poder hacer las obras públicas “que según benefician a la mayoría de la población, pero que en realidad sólo beneficia a unos cuantos”.
Ramírez Velázquez criticó al gobierno de Mario Marín Torres por llevar a cabo proyectos sin consultar a los ejidatarios como dueños de los terrenos por donde se pretenden construir las carreteras, así como por concesionar dichas obras a empresas privadas por 30 años.
En relación al caso de Atenco, exigió al gobierno federal la liberación de los 12 presos políticos después del movimiento social que se originó para impedir la construcción de un aeropuerto internacional en Texcoco.
Indicó que los dirigentes del movimiento de Atenco están encarcelados desde hacer tres años, quienes fueron acusados por secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación, a raíz de defender a los vendedores de flores de Texcoco.
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