Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
JAVIER PUGA MARTÍNEZ
El gobierno del estado está aplicando una estrategia de violencia e intimidación en contra de los pueblos que están en defensa del agua y de la tierra, y que se oponen a proyectos carreteros que pretenden despojarlos de sus propiedades para beneficiar al capital privado; así lo dieron a conocer miembros del Consejo Regional por la Defensa del Agua y de la Tierra en el Valle del Izta–Popo, quienes manifestaron su solidaridad con el pueblo de Azumiatla después de la agresión policial que padecieron la madrugada del sábado.
El primer caso fue en San Andrés Azumiatla, pero este fin de semana ocurrieron otros hechos similares de represión en Santa María Zacatepec, así como en San Francisco Coapa, en donde policías municipales llegaron sin ninguna orden de aprehensión a capturar a quienes encabezaban las asambleas informativas sobre los proyectos carreteros del estado. No hubo detenidos, pero sí jaloneos y conatos de violencia.
La situación legal de las 17 personas detenidas durante el enfrentamiento con policías será definida en las primeras horas de este jueves por el Juzgado Primero de lo Penal; hoy por la mañana se llevará a cabo la reconstrucción de los hechos de la noche del viernes y de la madrugada del sábado como parte de la diligencia judicial sobre el caso.
“Lejos de infundarnos temor, ahora estamos más unidos que nunca; seguimos en nuestra lucha y vamos juntos a defender nuestras propiedades, nuestra tierra”, así lo dieron a conocer los integrantes del Consejo Regional por la Defensa del Agua y de la Tierra en el Valle del Izta–Popo, quienes manifestaron su solidaridad con el pueblo de Azumiatla tras la agresión policial que padecieron la madrugada del sábado.
Ayer, en rueda de prensa, exigieron la liberación inmediata de los habitantes de esta junta auxiliar de la capital del estado –entre los que están un menor de edad y una mujer embarazada–, y anunciaron una marcha para este jueves, que irá de la sede de la Procuraduría General de Justicia, en la zona de Plaza Dorada, a la penitenciaría de San Miguel donde se encuentran los detenidos.
La marcha será silenciosa, y todos los participantes irán con cubrebocas, acatando las disposiciones sanitarias ante la contingencia provocada por la gripe porcina.
“El problema es insostenible, ya que la unión del gobierno del estado con los empresarios aplicando este modelo económico, despojando lo que tenemos en las comunidades. A nosotros lo único que nos queda es organizarnos; sólo lo podemos demostrar al gobierno del estado que así no va a poder con los pueblos”, afirmaron.
En Santa María Zacatepec se está aplicando la misma estrategia de provocación que se aplicó en Azumiatla: personas ajenas a la comunidad están invadiendo predios sin documentación alguna que justifique su presencia en las tierras; por ello, la comunidad también formó comités de vigilancia que van a capturar a quienes invadan sin permiso los predios.
Informaron que la Secretaría de Gobernación manifestó su interés de establecer una mesa de diálogo, en la cual se de una salida al conflicto y reestablezca la calma en la población de Azumiatla, pero no volvieron a ser convocados por la oficina de Mario Montero Serrano.
Señalaron que el gobierno estatal sólo busca aplicar la ley, pero sin conocer a fondo el caso: el verdadero responsable del conflicto del viernes fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal, y así lo reiteró el propio ayuntamiento de Puebla, ya que esa dependencia nunca dio aviso a las autoridades locales de esa junta auxiliar.
“Es una actitud rijosa la que está tomando Valentín Meneses Rojas. Este día en Zacatepec también habrá personal de la SCT. Este señor sólo busca encarcelar a los dirigentes. Nosotros vamos a actuar con mucha prudencia”, sostuvieron.
“A pesar de que el municipio de Puebla anunció que se establecería un retén policiaco en Azumiatla para evitar el ingreso de armas al lugar, a quien deben desarmar y encarcelar son a las ‘guardias blancas’ de Guillermo Pacheco Pensado, quien ilegalmente se apropio de unas 400 hectáreas de tierras ejidales”, señalaron.
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