Fuente: Amnistía Internacional México
El 28 y 29 de abril la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará en Santiago de Chile la última audiencia pública en el caso contra el Estado Mexicano llevado por los familiares de tres jóvenes mujeres que fueron brutalmente asesinadas en Ciudad Juárez en 2001.
Amnistía Internacional considera que la audiencia proveerá una oportunidad importante para que los representantes de las víctimas demuestren la falta de cumplimiento por parte de las autoridades Mexicanas de prevenir y castigar con eficacia el patrón bien documentado de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez que ha dejado a más de 450 mujeres asesinadas desde 1993, muchas de las cuales fueron secuestradas y violadas.
Los cuerpos de dos niñas y una joven mujer, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, fueron descubiertos en un antiguo campo algodonero en Ciudad Juárez el 6 y 7 de Noviembre del 2001 junto con los cuerpos de cinco otras jóvenes mujeres. Al menos cinco de las víctimas tenían menos de 18 años de edad. Sus familias habían denunciado su desaparición en 2000 y 2001. Uno de los cuerpos nunca fue correctamente identificado.
En 1993 había comenzado un patrón de secuestros, violaciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. De manera sistemática, las autoridades no tomaron en serio estos crímenes, señalando a menudo que las víctimas tenían la culpa por los crímenes cometidos en su contra y tratando a los familiares con desprecio. Pocos de los autores de estos crímenes fueron llevados a la justicia, lo que creó un clima de miedo e inseguridad para las mujeres.
El caso del Campo Algodonero se hizo famoso al ejemplificar la manera en que las autoridades municipales, estatales y federales discriminaron a las mujeres víctimas de asesinatos así como a sus familias, se equivocaron al identificar los cuerpos y no lograron recoger pruebas forenses fiables ni llevar a cabo investigaciones eficaces. En cambio, recurrieron a numerosas prácticas irregulares, incluida la tortura, para obtener confesiones y fabricar casos – uno de los que fueron condenados al principio apeló más tarde con éxito y fue liberado.
Tras protestas nacionales e internacionales ante este patrón de asesinatos de mujeres e impunidad conocido como “feminicidio”, los gobiernos federal y estatal tomaron algunas medidas para mejorar los procedimientos de prevención e investigación, sin embargo en muchos casos los responsables de los asesinatos, incluido aquel de las tres víctimas del Campo Algodonero ante la Corte Interamericana, no han sido llevados a juicio.
A pesar de haber identificado a al menos 177 funcionarios estatales posiblemente implicados en investigaciones deficientes de mujeres asesinadas en la ciudad, las autoridades nunca llevaron a juicio a ninguno de ellos. No se han proporcionado reparaciones completas por los crímenes a muchos de los familiares de las víctimas, incluida una falta de reconocimiento adecuado del no cumplimiento por parte del Estado en respetar, proteger y cumplir sus derechos y los derechos de sus familiares asesinadas según las leyes internacionales sobre derechos humanos.
Las autoridades mexicanas han sostenido que en recientes años se han tomado medidas para enfrentar el patrón de violencia contra mujeres en México e investigar con eficacia los asesinatos de mujeres. Las medidas introducidas han tocado algunos de los aspectos más flagrantes de discriminación contra mujeres víctimas de violencia y sus familias, como el desprecio con el que se les había tratado originalmente, y han conducido a la mejora de algunas de las investigaciones. Sin embargo, el impacto de muchas de las medidas permanece poco claro: el patrón de violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua continúa, y los datos oficiales y las medidas para identificar y procesar a todos los autores siguen siendo insuficientes.
Además, los responsables de las amenazas y el hostigamiento que continúan contra los defensores y las defensoras de derechos humanos y las organizaciones de mujeres que han llevado a cabo campañas por la verdad y la justicia, nunca han sido identificados ni llevados a juicio. En los últimos dos años, el alto número de asesinatos relacionados con tráfico de drogas en Ciudad Juárez ha ocultado el hecho de que los asesinatos de mujeres siguen siendo muy frecuentes, lo que pone de relieve el hecho de que el estado no consigue tratar de forma suficiente las subyacentes causas de la violencia contra las mujeres ni respetar eficazmente el derecho internacional de derechos humanos que exige que se ponga fin inmediatamente a la discriminación y la violencia contra las mujeres.
Información general
La Corte dictaminará en las siguientes semanas si México es responsable de no garantizar varios derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocido como la “Convención de Belém do Pará”. En 2003 Amnistía Internacional publicó el informe “México: Muertes Intolerables: 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”, AMR 41/026/2003. La organización sigue haciendo campañas por la verdad y la justicia para las familias y para que se ponga fin a la violencia contra las mujeres en el Estado de Chihuahua.
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