Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)
JAVIER PUGA MARTÍNEZ
Vecinos de San Andrés Azumiatla, Puebla, señalaron que los hechos violentos del viernes pasado parecen formar parte de una trampa en su contra, como si se tratara de un mensaje para acallar el movimiento de defensa de la tierra ejidal en contra de los proyectos inmobiliarios que existen para esa demarcación.
De acuerdo con la versión de los ejidatarios, existen varios hechos que les permiten sustentar su dicho: ninguno de los tres topógrafos de Gerlus y Proicot pudo mostrar una carta de comisión por parte de sus empresas para acreditar su presencia en Azumitla como parte de los supuestos trabajos de la prolongación de la 11 Sur con el municipio de Santa Clara Ocoyucan; además, a pesar de que Gerson Delgado afirmó que es supervisor de obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno del estado, éste nunca pudo acreditarse como empleado de la dependencia de acuerdo con la versión que dio la agente subalterna del Ministerio Público de este pueblo a sus superiores el día del enfrentamiento. Fue de esta mujer la idea de encarcelar a los ingenieros, afirmaron los pobladores quienes agregaron que incluso se ofrecieron a ayudar a medir el trazo carretero si mostraban los planos de la obra y el aval del gobierno.
También subrayaron que el “error” de medición de los ingenieros se realizó mientras se efectuaba una asamblea ejidal, en la cual los hombres abordaron el tema de la invasión de sus propiedades a causa de la especulación inmobiliaria. Fue horas más tarde que se percataron de lo que estaba ocurriendo en el pueblo.
Casualmente, agregaron, un grupo de “chavos banda” deambulaba por la plaza principal de Azumiatla; uno de ellos fue visto con una botella de plástico llena de gasolina; sin embargo, entre los detenidos por la policía poblana ninguno era pandillero; por el contrario, el menor de edad que está entre los 17 encarcelados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), acusado entre otros cargos de motín y daño en propiedad ajena, fue arrebatado literalmente de las manos de su madre.
El ciudadano Fabián Orta Escalona fue detenido cuando iba a recoger a su hijo después de haber culminado sus labores como operador de un camión del transporte público, cerca de las 10 de la noche; es decir, ni siquiera estuvo en el pueblo durante la revuelta.
Un caso más, Santiago Escalona Cordero –un campesino que en ocasiones recurre al oficio de albañil y que ahora está desempleado– fue herido por una bala perdida en el talón del pie derecho cuando fue a curiosear durante la revuelta, y ahora permanece en recuperación médica en el hospital de la Cruz Roja de la capital bajo custodia policiaca.
Uso excesivo uso de la fuerza e incomunicados: abogado
El gobierno del estado y el municipio de Puebla hicieron uso excesivo de la fuerza policiaca en contra los campesinos de San Andrés Azumiatla durante la operación de rescate de cuatro topógrafos retenidos el viernes pasado por la población de ese lugar, informó Irán Benítez, abogado defensor de los 17 campesinos encarcelados bajo los cargos de motín, daño en propiedad ajena, lesiones y agresiones a los policías.
El litigante agregó que en un principio fueron 21 las personas detenidas, entre ellos el edil subalterno Sabás Escalona Morales y tres de sus regidores, pero estos fueron liberados tras unas horas; sin embargo, los 17 restantes –un menor de edad y una mujer– fueron ingresados la madrugada del sábado a los separos de la PGJ e incomunicados por más de 24 horas a pesar de que estaban mal heridos, con fracturas y golpes contusos provocados por los gendarmes durante el enfrentamiento de la madrugada del sábado. Ninguno de ellos recibió atención médica durante el fin de semana.
Fue gracias a un amparo federal del juzgado noveno que el abogado pudo sortear la incomunicación que aplicó la PGJ a sus detenidos, y esto fue constatado por los actuarios federales, informó.
Aseguró que existen elementos legales contundentes para demostrar que los acusados por la PGJ y por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado no participaron en los hechos violentos, por lo que confió en que el juez concederá la libertad bajo fianza a los labriegos.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Irán Benitez sostuvo que la defensa de la propiedad ejidal de San Andrés Azumiatla corresponde al comisariado de esa comunidad; los campesinos son los legítimos poseedores de las tierras y al haber incursionado en sus predios, los topógrafos de las constructoras Gerlus y el empleado de la SCT local, “cometieron una agresión” al derecho que constitucionalmente les asiste como dueños de sus parecelas. “El hecho de que al lugar hayan llegado personas extrañas causó una gran confusión entre los ejidatarios y fue lo que provocó que ocurriera este incidente”, subrayó.
La estrategia de defensa consiste en acreditar en el lapso de 72 horas ante el juzgado primero de lo penal que los detenidos llegaron para evitar el linchamiento de los topógrafos, y que ahora se les acusa de quemar vehículos y agresión a policías.
Los nombres de los detenidos son Concepción Romero Fuentes, Gerardo Escalona Orta, Eulogio Rojas Merino, Anastacio Romero Onofre, Santiago Escalona Cordero, Francisco Onofre Cruz, Concepción Rojas Escalona, Rufino Escalona Nava, Fabián O Santiago Escalona Cordero –un campesino que en ocasiones recurre al oficio de albañil y que ahora está desempleado quien fue herido por una bala perdida en el talón y del pie derecho cuando fue a curiosear durante la revuelta y ahora permanece en recuperación médica en el hospital de la Cruz Roja de la capital, bajo custodia policiaca. Orta Escalona, Job Romero Santamaría –quien es menor de edad–, Calixto Romero Alameda, Eleuterio Romero Alameda, Eleazar Rojas Escalona, Víctor Rojas Escalona, Víctor Rojas Romero y Carmela Romero Santamaría, la única mujer del grupo.
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